Diana Aurora Cortes Hernández

Expediente 2939/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2939/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Diana Aurora Cortes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que ********************, quien promovió demanda de amparo, interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano tal demanda, por tanto, con fundamento en los artículos 2o., 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que en el presente juicio no existen documentos originales importantes o de valor, y no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Vista la cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Diana Aurora Cortés Hernández, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2939/2022-6, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, analizada que es en su integridad la demanda de amparo, se advierte causa notoria y manifiesta de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de la Materia. Ello, dado que los Directores General, Jurídico, Corporativo de Administración y Corporativo de Finanzas, todos de Petróleos Mexicanos, Subdirector de Exploración y Producción por Contratos y Asociaciones, Gerente de Gestión de Contratos y Seguimiento de Asociaciones de Exploración y Producción, Gerente de Operación de Contratos y Asociaciones de Producción Norte y Subgerente de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos, residentes en la Ciudad de México, no tienen el carácter de autoridades responsables en el presente asunto, al actuar con la actora, aquí quejosa, en un plano de coordinación y no de supraordinación. Ahora bien, tales numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" En efecto, el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos provenientes de una autoridad que perjudiquen la esfera jurídica del gobernado, excluyendo, por ende, los actos derivados de particulares. El concepto actual de autoridad se refiere a todo órgano de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, con facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Al respecto, es oportuno invocar la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Lo expuesto lleva a considerar que "autoridad" para efectos del juicio de amparo, es la que reúne los siguientes requisitos: a) Es un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación se origina en una ley; c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Para la emisión de esos actos es innecesario acudir a los órganos judiciales, sin que tampoco sea necesario el consentimiento de la voluntad del afectado. Por ende, puede decirse que la relación jurídica entablada con motivo del acto que reclama la impetrante, no es de aquéllas de supra a subordinación, sino de coordinación. Lo que se afirma, porque las primeras (de supra o subordinación) se originan entre gobernantes y gobernados, regulándose por el derecho público, que establece los procedimientos para dirimir los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; mientras que las relaciones de coordinación implican un plano de igualdad, en el que las partes (por lo general particulares) se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. Esto es así, porque en el caso la inacción de los Directores General, Jurídico, Corporativo de Administración y Corporativo de Finanzas, todos de Petróleos Mexicanos, Subdirector de Exploración y Producción por Contratos y Asociaciones, Gerente de Gestión de Contratos y Seguimiento de Asociaciones de Exploración y Producción, Gerente de Operación de Contratos y Asociaciones de Producción Norte y Subgerente de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos, en el juicio laboral 846/4/2018, no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de derechos fundamentales, debido a que se origina en las obligaciones que tienen como patrón las personas morales demandadas Grupo Distribuidora Summer, S.A. de C.V. y Buffalo Nickel Ranch Development Inc., en un conflicto individual de trabajo y no de un deber como autoridad. Y si bien tales empresas demandadas celebraron el contrato 424014852 con Pemex Exploración y Producción, del que derivan cantidades de dinero a favor de aquéllas, es por ello que fueron objeto de embargo precautorio y actualmente definitivo a favor de la trabajadora, aquí promovente, dado que de las constancias allegadas por esta se observa que el aludido juicio laboral se encuentra en la etapa de ejecución. Sin embargo, la actuación de los Directores General, Jurídico, Corporativo de Administración y Corporativo de Finanzas, todos de Petróleos Mexicanos, Subdirector de Exploración y Producción por Contratos y Asociaciones, Gerente de Gestión de Contratos y Seguimiento de Asociaciones de Exploración y Producción, Gerente de Operación de Contratos y Asociaciones de Producción Norte y Subgerente de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos, se reitera, se da en un plano de coordinación, que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento puede ser vencido a través de los instrumentos legales que la Ley Federal del Trabajo prevé para lograr el cumplimiento de los laudos emitidos. Por ende, no les reviste el carácter de autoridad, por lo que los actos que se les atribuyen tampoco pueden someterse a control constitucional en la vía de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia anunciada, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diana Aurora Cortes Hernández. Téngase a la parte quejosa designando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. En otro aspecto, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional. De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, atento a la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento al Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente.

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