Diana Anahí Esteves Camacho

Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Diana Anahí Esteves Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución ha causado estado. En la inteligencia que dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Finalmente, devuélvase a la responsable las constancias que adjunto al rendir su informe con justificación. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por el cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de los actuales, remite copia certificada del expediente laboral J.8/424/2017. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que en copia certificada adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional; con las mismas fórmese el anexo I. Ahora bien, del análisis de la constancias remitidas por esa responsable, así como del informe justificado rendido por la misma, se advierte que en el asunto que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. El numeral en cita refiere que es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado, entendiéndose por tal situación cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Esto así ya que la razón que justifica dicha causa de improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de dictar el acuerdo correspondiente a su escrito de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, por el que solicita que se realicen las gestiones necesarias para indagar el domicilio de la demandada, a fin de ejecutar el laudo correspondiente, toda vez que refiere que tiene conocimiento que ya no se encuentra en el domicilio que obra en autos. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitió el acuerdo correspondiente a dicha promoción, refiriéndole que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, toda vez que no se desprende diligencia de requerimiento de pago que permita constatar que en el domicilio precisado en autos del juicio de origen, ya no se encuentran los demandados. Ante ello, es innegable que con el actuar de la responsable cesó la violación alegada como si se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Por ende, al actualizarse la causa de improcedencia aludida de manera manifiesta e indudable, lo procedentes es sobreseer fuera de audiencia en el presente sumario de amparo conforme lo dispone el diverso orinal 63, fracción V, de la legislación invocada. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el informe con justificación que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su intención las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante fue omisa en remitir a este Juzgado de Distrito, la totalidad de las de las constancias que integran expediente laboral J.8/424/2017, requiérase de nueva cuenta para que, en el plazo de tres días, contado a partir de su notificación, remita copia certificada y completa de las constancias del expediente referido, por ser necesarias para resolver el presente asunto. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, en relación con 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo número 926/2020-II-V, promovido por Jaime Rosas Hernández, contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por demanda presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, recibida el treinta siguiente, en este Juzgado, al que por razón de turno le correspondió su conocimiento, Jaime Rosas Hernández, promovió juicio de amparo indirecto en contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez que fue debidamente integrado el expediente, inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; debido a que se reclama una omisión, siendo competente éste órgano jurisdiccional por ser ante quien se presentó la demanda de amparo. SEGUNDO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede fijar la litis constitucional. En ese sentido, la lectura íntegra de la demanda pone de manifiesto que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: La omisión del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, de continuar con la etapa de ejecución del juicio ordinario civil sobre pago de pesos por concepto de honorarios y gastos de asesoría 766/2016, dado que es omiso es proveer lo correspondiente al perito que debe rendir el dictamen en materia de valuación, respecto del bien inmueble embargado en autos; lo que se traduce en una abierta dilación de la etapa de ejecución del asunto de origen. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, no obstante la negativa manifestada en su informe con justificación. Lo anterior es así, ya que la existencia de la falta de culminación de la etapa ejecutiva del proceso de origen se corrobora con las documentales allegadas por la propia autoridad responsable, consistente en la copia certificada de las actuaciones que integran el juicio ordinario civil sobre pago de pesos por concepto de honorarios y gastos de asesoría 766/2016, de su índice administrativo, la cual cuenta con pleno valor probatorio, acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de la certificación de documentos expedidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia ni argumento alguno que contestar en ese sentido, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. QUINTO. ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa en el concepto de violación que expone, aduce en esencia que la autoridad responsable, conculca en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en la carta magna, al abstenerse en dar continuidad a la etapa de ejecución del juicio de origen, entorpeciendo la tramitación de esa fase y obstaculizando con ello el derecho que le asiste a tener acceso a una justicia pronta, efectiva y expedita. Es fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, atento a las siguientes consideraciones. El derecho fundamental de justicia pronta, se encuentra previsto en el párrafo segundo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El artículo antes transcrito revela que el constituyente instituyó el derecho del justiciable para acudir a la jurisdicción del Estado, constituyendo un derecho a la justicia, entendida como valor social, que debe ser respetado por todas las autoridades; así, el derecho del particular de accesar a la justicia, esto es, de acudir a los tribunales, se traduce en la obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como un servicio público; para ello, se crearon los tribunales, cuyo acceso debe estar libre de obstáculos. De lo anterior se colige que la justicia que impartan los tribunales, en sentido amplio, debe ser pronta, de otro modo, no será justicia; de ahí que, por mandato constitucional, se diga que los tribunales estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. Respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre 2007, página 209, con registro electrónico 171257, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Dicho criterio revela que existen cuatro principios para el acceso a la justicia, como son: ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c 13/01/24 19:21:35 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, los artículos 1309, 1316 y 1317, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen: "Artículo 1.309.- Dentro de los cinco días siguientes del auto que tenga por nombrado perito, cada uno de ellos presentará escrito de aceptación y protesta del cargo. En el escrito de aceptación y protesta, el perito señalará sus datos de identificación, su cédula profesional, hará referencia a su experiencia profesional, y manifestará que desempeñará sus funciones con prontitud y bajo los principios de objetividad, probidad y profesionalismo. El perito será responsable de los daños y perjuicios que cause a la parte interesada, cuando no desempeñe su cargo en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir." "Artículo 1.316. Rendidos los dictámenes, el Juez los examinará, y, si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales, nombrará únicamente como tercero a un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia; quien notificado de su nombramiento, rendirá su dictamen en el ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ plazo que se le fije. Igual designación hará en favor del demandado que no se haya apersonado en el juicio, actuando en rebeldía." "Artículo 1.317.- Si el perito oficial no rinde su dictamen en el plazo que se le señale, se le aplicarán medios de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa." Los artículos transcritos revelan que rendidos los dictámenes de las partes, el juez los examinará y si fueran discordantes en los puntos esenciales, nombrará como tercero a un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia, experto que una vez notificado de su nombramiento, deberá rendir su experticial en el plazo que se le fije; luego, para el caso de que el perito oficial no rindiera su dictamen en el plazo que se le indique, se le aplicarán las medidas de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. En el caso, de las constancias del expediente 766/2016, mismas que fueron previamente valoradas, se desprende lo siguiente: Jaime Rosas Hernández, demandó de Carmen Fabiola Chávez Salinas, diversas prestaciones en el juicio ordinario civil sobre pago de pesos por concepto de honorarios y gastos de asesoría 766/2016 (fojas 1 a 8, tomo 2/2), en el cual se dictó sentencia el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 72 a 101, tomo 2/2), misma que fue modificada por la diversa de nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 66/2017, en la que se condenó a la demandada, entre otras cosas, al pago de $1,115,000.00 (un millón ciento quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de adeudo del pago de honorarios por los servicios profesionales del actor (fojas 107 a 133, tomo 2/2). Así, en diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 143, tomo 2/2), dada la negativa de pago por parte de la demandada del juicio de origen, se señaló para embargo un bien inmueble ubicado en calle Pilares o Pilar, colonia Ricardo Flores Magón, número tres, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, sobre el que se trabó formal embargo. Luego, el dos de junio de dos mil diecisiete (foja 10, tomo 1/2), se admitió a trámite la tercería excluyente de dominio respecto del inmueble citado, promovido por diversas personas, la cual fue declarada improcedente por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 86 a 91, tomo 1/2), la cual causó ejecutoria por auto de diecinueve de diciembre de ese año (foja 95, tomo 1/2). Posteriormente, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve (foja 162, tomo 2/2) se tuvo a Jaime Rosas Hernández, designando como perito de su intención a Alfonso Gómez Vera, a fin de que rindiera el avalúo correspondiente al inmueble embargado, a quien le requirió para que en el plazo de tres días compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido, así como, para que dentro de los diez días siguientes a ello, emitiera el estudio respectivo; además, requirió a la parte demandada para que nombrara perito de su intención, bajo el apercibimiento que no hacerlo en el plazo otorgado, dicho juzgador lo haría en su rebeldía. Mediante escrito presentado el veintidós de enero del año pasado (foja 163, tomo 2/2), el quejoso Jaime Rosas Hernández, solicitó al juez responsable entablar comunicación con el Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, a fin de que designara a un perito oficial en materia de valuación, dado que el experto Alfonso Gómez Vera, nombrado por él, no mostraba interés alguno en llevar a cabo el avalúo encomendado. A dicha petición recayó el auto de veintidós de enero de dos mil veinte (foja 164, tomo 2/2), en el que, dada la omisión de la parte demandada de designar perito de su parte y la falta de aceptación del cargo del designado por el hoy quejoso, el Juez responsable designó como perito en materia de valuación al arquitecto Sergio Rodríguez Pichardo, por lo que ordenó al ejecutor comunicarse con él, a fin de notificarle el nombramiento otorgado y requerirle para que, en su caso, aceptara y protestara el cargo conferido e informara el monto de los honorarios. Con motivo de lo anterior, el perito en cita compareció a aceptar y protestar su cargo, en comparecencia de seis de febrero de dos mil veinte (foja 168, tomo 2/2). Luego, con motivo de la solicitud de Jaime Rosas Hernández, a través del auto de tres de septiembre de dos mil veinte (fojas 175 y 176, tomo 2/2), la responsable, entre otras cosas, ordenó nuevamente a ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c 13/01/24 19:21:35 su ejecutor entablar comunicación con el experto designado, para que le notificara la designación realizada para que, en su caso, aceptara y protestara el cargo e informara el monto de los honorarios; lo cual fue notificado al interesado el veintinueve de ese mes y año (foja 179 tomo 2/2). Mediante escrito presentado el quince de octubre del año pasado, el quejoso Jaime Rosas Hernández, solicitó al juez responsable entablar comunicación con el Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, a fin de pedir la intervención de un perito oficial, para que rinda el dictamen en materia de valuación, dado que el experto nombrado por el propio juzgado no mostraba interés alguno en llevar a cabo su encomienda; a lo que recayó el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte (foja 186, tomo 2/2), en el que el Juez responsable ordenó al ejecutor comunicarse nuevamente con el experto Sergio Rodríguez Pichardo a fin de requerirle para que dentro de tres días informara el monto de sus honorarios, lo cual ocurrió el diecinueve de octubre de ese año (foja 189, tomo 2/2). En contra de dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, bajo el argumento de que las resoluciones en etapa de ejecución no son recurribles. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable vulnera en perjuicio del peticionario de amparo el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, porque el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, al omitir requerir, apercibir y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos, al perito Sergio Rodríguez Pichardo, para que informe sobre sus honorarios y en su caso emita el dictamen respectivo, a quien incluso el propio juzgador responsable designó como perito en materia de valuación en el juicio de origen, dada la rebeldía del ahí demandado en nombrar experto de su intención y la contumacia del experto designado por el quejoso de aceptar el cargo referido; se estima que no observó los ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c 13/01/24 19:21:35 plazos que establece el artículo 1316, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Se estima lo anterior, ya que la aceptación del cargo de dicho experto ocurrió desde el seis de febrero de dos mil veinte, y el último requerimiento efectuado por el juez responsable fue por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, esto es, un año y medio aproximadamente, a la fecha. Contumacia que propicia que no se pueda continuar con la etapa de ejecución del juicio de origen para poder dar cumplimiento al fallo en segunda instancia. En efecto, para hacer cumplir sus determinaciones, el juez responsable debe apercibir y aplicar las medidas de apremio respectivas al que incumpla sus determinaciones en los tiempos establecidos para ello, sin perjuicio de que pueda realizar las gestiones conducentes a efecto de fincarle responsabilidad administrativa al perito rebelde, conforme lo establece el artículo 13171 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Bajo ese contexto, debe decirse que la actitud pasiva de la responsable ha retrasado injustificadamente la etapa de ejecución del juicio natural. Ello es así, si se toma en cuenta que la justicia que impartan los tribunales, en sentido amplio, debe ser pronta; de ahí que, por mandato constitucional se diga que los tribunales estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; lo que no acontece en el caso. No se inadvierte que en el juicio de origen no ha sido nombrado ningún otro experto para emitir el dictamen en materia de avalúo del valor del inmueble embargado en autos, salvo Sergio Rodríguez Pichardo, tampoco pasa desapercibido que el nombrado no tiene el carácter de perito tercero en discordia; sin embargo, dicho perito oficial fue nombrado por el propio juez responsable en auto de veintidós de enero de dos mil veinte (foja 164, tomo 2/2), en virtud de la rebeldía de la parte demandada en designar experto de su intención y a que el 1 Artículo 1.317.- Si el perito oficial no rinde su dictamen en el plazo que se le señale, se le aplicarán medios de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. designado por el aquí quejoso no aceptó ni protestó su cargo; de ahí que se considera que a dicho especialista le sean aplicables las reglas aludidas en este fallo y por ende, debe requerírsele, apercibírsele y, en su caso, hacer efectivas las medidas de apremio, conforme a los numerales antes citados; o bien, proceder a la designación de un diverso especialista como incluso le ha sido solicitado por el ahora quejoso. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jaime Rosas Hernández, para que la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México: a) Realice las gestiones necesarias para que el perito oficial Sergio Rodríguez Pichardo, emita su dictamen en el plazo legal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, hará efectivas las medidas de apremio que estime pertinentes, lo cual deberá realizar en caso de incumplimiento conforme al numeral 11242 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En la inteligencia, de que para el caso, de que no obstante lo anterior, el perito designado sea omiso en dar cumplimiento a su mandado, podrá ordenar la sustitución del experto, a quien deberá requerir, en su caso apercibir, y hacer efectivos los apercibimientos con los que lo conmine en los plazos de ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jaime Rosas Hernández, contra el acto reclamado de la responsable, señalado 2 Artículo 1.124.- Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, siempre que no existan otros específicos determinados por la Ley, pueden emplear indistintamente, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de cien días de salario mínimo vigente en la región de su actuación, que podrá duplicarse en caso de reincidencia; II. Uso de la fuerza pública; III. Rompimiento de cerraduras; IV. Cateo por orden escrita; V. Arresto hasta por treinta y seis horas. Impuesta la medida de apremio y de no ser cumplimentada la determinación judicial, previo apercibimiento, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. en el considerando tercero de este fallo, por los motivos y para los efectos descritos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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