Diana Amaya Ponce

Expediente 1084/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1084/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Diana Amaya Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta ... se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO ... archívese el presente asunto como concluido ...

  2. Principal

    - Vista la razón actuarial que antecede .... se ordena notificar el presente auto, así como el diverso de seis de agosto de dos mil diecinueve que a la letra dice " Vista la demanda de garantías promovida por ... consistentes en : "La orden emitida el ... dentro del expediente ... Con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1084/2019-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, atento a la certificación Secretarial de cuenta, de la que se desprende que en este Juzgado Federal se encuentra registrada la diverso demanda de amparo 14548 a la que se le asigno el número de amparo 1085/2019, la cual es promovida por Carlos Gilberto Martínez Zúñiga, contra actos que atribuyen a los Jueces Mixto y Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Cadereyta, consistentes en "la orden emitida el dieciocho de julio de dos mil diecinueve por el Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 151/2918", así las cosas y toda vez que los actos que Carlos Gilberto Martínez Zúñiga reclama a las mismas autoridades en el presente juicio, guardan estrecha relación, se procede a resolver de oficio sobre su acumulación, sin que para ello sea necesario tramitar el incidente a que se refieren los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, pues atendiendo a las circunstancias particulares del caso que nos ocupa, esto es, que se trata de juicios tramitados ante este Juzgado Federal, promovidos contra las mismas autoridades responsables y por los tutores de un menor de edad, por propio derecho, resulta procedente resolver de plano sobre dicha acumulación. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 22, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL.- En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Ahora bien, la Ley de Amparo no prevé la figura de la acumulación, de ahí que, por principio, resulta necesario determinar si en el particular, se surten los requisitos para aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de dilucidar la problemática de mérito. Al respecto, debe decirse que la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma tal que se integren con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de las supletorias se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley y que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. La supletoriedad en la legislación, es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico; el mecanismo se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación en las leyes de contenido general. Entonces, el carácter supletorio resulta, en consecuencia, una integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; lo que implica un principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal procede no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal cuerpo normativo, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las legislaciones; y, enumeró las condiciones que se deben configurar para la procedencia de la figura en estudio, que son: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Tales consideraciones se encuentran en la jurisprudencia 2a. LXXII/95, localizable a página 279, tomo II, agosto 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el numeral 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la Ley de Amparo que no tengan reglamentación o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación a instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantee y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso de amparo." Así las cosas, se encuentra satisfechos los supuestos indispensables para aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen. Ello, porque la ley de la materia, en el ordinal número 2, expresamente dispone la posibilidad de acudir al código adjetivo procesal federal para substanciar el trámite de cuestiones no previstas. En efecto, el citado artículo es del tenor literal siguiente: "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." La segunda y tercera de las hipótesis se cumplen a cabalidad, en la medida de que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales no contempla la figura de la acumulación, lo que conlleva a determinar que ante esa omisión o vacío legislativo resulta necesario la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia. Finalmente, el cuarto de los supuestos que se enumeran, se actualiza, pues la norma que se pretende aplicar de manera supletoria de modo alguno contraviene a la Ley de Amparo, pues en ésta legislación no existe prohibición expresa para acudir al ordenamiento legal supletorio, sino que es congruente con los principios y bases que rigen la cuestión jurídica de trato. Lo hasta aquí expuesto permite estimar que para establecer lo atinente a la acumulación en el juicio constitucional, resulta aplicable lo previsto en los artículos 70 y 72 a 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en lo que interesa señalan: "Artículo 70.- Puede ser propuesta, al tribunal, una demanda, tanto para la resolución de todas, como para la resolución de algunas de las cuestiones que puedan surgir para la decisión de una controversia. Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. Artículo 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental. Artículo 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable. Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio. Artículo 76.- Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes de promoverse la acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo dispuesto sobre providencias precautorias o disposición contraria de la Ley." Lo trasuntos numerales establecen el procedimiento a seguir tratándose de la acumulación de juicios que se tramitan ante un mismo órgano, de los que se destaca que en los asuntos que se encuentren en trámite podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente una misma controversia; asimismo, que para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final, además, que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo, cuyo efecto será el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia. De lo anterior se obtiene que la tramitación de este incidente, tiene como finalidad continuar la sustanciación y resolución de los juicios referidos en una sola sentencia, lo que obedece a razones de economía procesal, así como a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente ambos procesos pudieran dictarse sentencias contradictorias, de asuntos que como en el caso en concreto se encuentran vinculados, los cuales a pesar de la tramitación conjunta y resolución simultánea, conservan su individualidad, es decir, sus características propias. Luego, con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia de la acumulación de los juicios, es menester relacionar los actos reclamados en cada uno de los asuntos objeto de acumulación, de lo que se advierte lo que a continuación se relaciona: a) El juicio de amparo 1085/2019-II, promovido por Carlos Gilberto Martínez Zúñiga tutor del infante P.T.A.C., contra actos del Juez y Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, el dos de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual reclama "la orden emitida el dieciocho de julio de dos mil diecinueve por el Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 151/2918". b) El juicio de amparo que nos ocupa 1084/2019-II, fue promovido por Diana Amaya Ponce tutor del infante P.T.A.C., contra actos del Juez y Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, el dos de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual reclama "la orden emitida el dieciocho de julio de dos mil diecinueve por el Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 151/2018". Como se advierte de los antecedentes relacionados, en los juicios de amparo en cita 1084/2019 y 1085/2019, se reclama la orden decretada el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio 151/2019, del índice del Juzgado Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, en el que los promoventes de los juicios de amparo que nos ocupa Carlos Gilberto Martínez Zúñiga (Amparo 1085/2019), y Diana Amaya Ponce (Amparo 1084/2019), son tutores del menor de iniciales P.T.A.C.. Por lo que, queda de manifiesto que debe acumularse el juicio de amparo 1085/2019, al juicio de ampara en el que se actúa 1084/2019, todos del índice de este Juzgado Federal, ya que se cumple con la hipótesis establecida en el numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, los actos reclamados derivan del mismo juicio natural, y la decisión de cada uno exige la comprobación, constitución o modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto. Por tanto, dado que se advierte que en los dos juicios de amparo antes precisados, se el mismo acto, y se refieren a relaciones jurídicas derivadas del mismo hecho, el cual necesariamente debe comprobarse, por lo que lo que se resuelva tiende en todo o en parte al mismo efecto, hay identidad en la autoridad responsable, quejosos y tercero interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, existe la necesidad de la acumulación. También debe tenerse en cuenta que los dos juicios de amparo que nos ocupa se encuentran en trámite, como lo prevé el citado numeral 72 del aludido código adjetivo aplicable de manera supletoria, pues en los expedientes previamente relacionados aún no se celebra la audiencia constitucional. Consecuentemente, con fundamento en el invocado numeral, se declara procedente la acumulación de plano de los juicios de amparo antes mencionados y dado que el juicio de amparo 1084/2017-II, resulta ser el de mayor antigüedad, tal y como se advierte de su numeración, se ordena agregar la demanda de amparo con número interno de registro 14548, presentada por Carlos Gilberto Martínez Zúñiga, a la cual se le asigno el número de Amparo 1085/2019, al juicio de amparo 1084/2019-III, conforme lo prevé el referido artículo 72 de la Ley adjetiva aplicable supletoriamente, a efecto de que los referidos asuntos se resuelvan en una sola sentencia. Sirve de apoyo, por las razones que la conforman, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 263, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1992, Octava Época, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN. JUICIO MÁS ANTIGUO. Para efectos de la acumulación y determinar cuál es el juicio más antiguo, debe tomarse como base la fecha y el momento de la presentación de la demanda; independientemente de la fecha de radicación del expediente respectivo, pues con la demanda se inicia el procedimiento y se interrumpe la prescripción." Bajo dichos antecedentes, vistas las demanda de garantías promovida por Diana Amaya Ponce y Carlos Gilberto Martínez Zúñiga, contra actos del Juez y Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1084/2019-II y su acumulado 1085/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, previo al estudio de la demanda en cuestión es menester señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Fijación de los autos: Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de garantías es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior se aprecia de la lectura íntegra de la demanda de garantías, en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." De las demandas de garantías, se desprende que el quejoso señala como acto reclamado: , "El auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio 151/2018, donde el Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, decreta como medida provisional el arraigo Provisional de Diana Amaya Ponce y Carlos Martínez Zúñiga, así como del infante de iniciales P.T.A.C. en el domicilio ubicado en calle Zaragoza, número 35, Barrio de San Diego, Cadereyta de Montes, Querétaro, con la prohibición a los tutores de sustraer al menor fuera del estado o del país" En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 61.-El juicio de amparo es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Lo anterior es así, toda vez que del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, los quejosos, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquellos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Sobre este punto jurídico debe considerarse lo que establece el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal, aplicable: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Las disposiciones constitucional y legal transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual es indicativo de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos humanos y las garantías para su protección, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así lo ha establecido la Suprema Corte en las jurisprudenciales que dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." (Jurisprudencias 447 y 451 compilación de 1917-2000, páginas 297 y 300). Los elementos por tanto, con los que se integra la causal de improcedencia que se analiza, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, es decir, que entre el recurso y el acto impugnado, exista una "relación directa de idoneidad". Con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte promovente no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien, afecte la libertad personal del amparista, siempre y cuando, dicha afectación sea fuera de procedimiento, lo que no acontece en el caso que nos ocupa, pues el juicio ordinario civil del que deriva el acto reclamado, aún no ha sido resuelto, por lo que, el auto reclamado mediante el cual, entre otras cosas el Juez ordenó el arraigo civil de la parte quejosa, no se trata de un acto que afecte su libertad fuera de procedimiento judicial. Bajo ese contexto, tomando en consideración que el acto reclamado consiste "el auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio 151/2018, donde el Juez Provisional Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Querétaro, con la finalidad de llevar de manera adecuada las convivencias del menor P.T.A.C. con su progenitora, decreta como medida provisional el arraigo Provisional de Diana Amaya Ponce y Carlos Martínez Zúñiga, así como del infante de iniciales P.T.A.C. en el domicilio ubicado en calle Zaragoza, número 35, Barrio de San Diego, Cadereyta de Montes, Querétaro, con la prohibición a los tutores de sustraer al menor fuera del estado o del país apercibiéndoles que de quebrantar dicha medida se les impondrá una multa y otorgándoles por única ocasión la oportunidad de salir del estado durante el periodo comprendido del 2 a 31 de julio del año en curso"; procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte promovente no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que el auto que reclama, es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de inconformidad, establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que en sus artículos 199 fracción III, 210 y 211 prevén lo siguiente: "Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: I. La separación de los cónyuges o concubinarios y las que tiendan a salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados; II. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar daños en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal o comunidad de bienes, en su caso; III.La guarda, custodia y restitución de los menores y las necesarias para evitar que los mismos sean retenidos de manera ilícita o trasladados a otra ciudad sin el consentimiento de quien conforme a la ley tenga el derecho a otorgarlo; IV.La fijación de alimentos y su garantía provisionales; V.Un régimen de convivencias provisionales entre los menores con sus padres, hermanos y demás familiares, y las que aseguren su debido cumplimiento; VI.Dictar, en su caso, aquellas que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada; y VII.Cualquiera de las que alude el artículo 234 del presente Código siempre que estén relacionadas con el derecho de familia y las que el juez considere necesarias para salvaguardar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés superior de los menores, así como de los demás integrantes de la familia. " "Artículo 210. El juez podrá variar las medidas decretadas cuando exista causa justa que lo amerite o en vista de lo que los padres, de común acuerdo o individualmente, lo soliciten, si lo estima pertinente según las circunstancias del caso." "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." Ahora bien, dichos artículos prevén lo relativo a las medidas cautelares en materia familiar; como la decretada en el auto que constituye el acto reclamado. En relación a dichas medidas, del referido artículo 211 del Código procesal en cita, se desprende que la resolución o disposición que emita un Juez en materia familiar sobre las medidas cautelares decretadas, es impugnable a través del incidente de inconformidad. Lo anterior actualiza dicha causa de improcedencia toda vez que el promovente, quien promueve por propio derecho, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, en contra del acuerdo dictado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado por la Juez responsable, en los autos del expediente 151/2018. Lo anterior, en virtud que se trata de una medida cautelar en materia familiar, en contra de la cual, conforme al artículo 211 del citado código, pudo inconformarse a través del incidente que dicho numeral establece, por el cual es jurídicamente posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación del acto autoritario y en la misma pieza de autos, así mismo, de resultarle desfavorable, aún tendrían el recurso de apelación previsto en el artículo 659 en relación con el diverso 730 del mismo ordenamiento legal Sin que en el caso concreto se actualice alguno de los supuestos de excepción para que opere el principio de definitividad, toda vez que los promovente del presente juicio de amparo, no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, puesto que es parte en el juicio de donde emana el acto reclamado y, además, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En esas condiciones, es incuestionable que los promoventes debieron interponer primeramente el medio de defensa ordinario por virtud del cual pudiera obtener la modificación o revocación del acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causa de improcedencia invocada. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, con apoyo en el artículo 12 de la ley de Amparo y en atención q la certificación de cuenta, autoriza en términos amplios al las licenciadas María Magdalena Rios Reyes y Zoila Flor del Castillo Chávez , y únicamente para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones a Fernando Milo García, hasta en tanto acredite tener su cédula registrada en el registro nacional de profesionistas se la Secretaria de Educación Pública. Se autoriza como domicilio procesal el señalado en su escrito inicial. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente ...

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