Diana Alicia Machado Gutiérrez
Expediente 135/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Diana Alicia Machado Gutiérrez
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, así como la documental que adjuntó al mismo, en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto; sin embargo, las constancias remitidas obran en copia simple. En ese contexto, requiérase de nueva cuenta a Guillermo Trejo Dozal (Presidente de la Junta Directiva); Héctor Tomas Lara Hormachea (Vocal Suplente); Loreto Quintero Quintero (Vocal Propietario en representación de Arturo Chávez Ibarra Vocal Suplente); Bladimiro Hernández Díaz (Vocal Propietario en representación de Edgar Castillo Padilla Vocal Suplente); Arturo Gutiérrez Vázquez (Vocal Propietario del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C); María Luisa Gutierrez Santoyo (Vocal Propietario de la Sección XXXVII del S.N.T.E. en representación de Rubén Salvador Grijalva Garibaldi, Vocal Suplente; a Javier Meza López en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California y Director General de dicho Instituto, con sede en Mexicali, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, al en que queden notificados del presente acuerdo, remitan las constancias certificadas, que justifiquen el cumplimento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación; penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. "....Requierase de nueva cuenta y por ultima ocasion a las autoridades responsables, a efecto de que dentro del término de 24 hrs. reminatn las constancias que justifiquen el cumplimiento al fallo protector...." Notifiquese
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la delegada de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Junta Directiva de dicho instituto, con residencia en Mexicali, atento a su contenido, se le tiene solicitando que se le conceda una prórroga de treinta días para dar cumplimiento total al fallo protector dictado en el presente asunto. En ese sentido y por las consideraciones expuestas en el oficio que se atiende, lo que revela su intención de cumplir con la sentencia de amparo y que no se trata de una actitud contumaz de las autoridades, pues no se niegan rotundamente a cumplir con el fallo, sino que solicitan mayor tiempo para estar en aptitud de cumplirlo en sus términos. Por tanto, por esta única ocasión, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se concede a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, integrada por Guillermo Trejo Dozal (Presidente de la Junta Directiva); Héctor Tomas Lara Hormachea (Vocal Suplente); Loreto Quintero Quintero (Vocal Propietario en representación de Arturo Chávez Ibarra Vocal Suplente); Bladimiro Hernández Díaz (Vocal Propietario en representación de Edgar Castillo Padilla Vocal Suplente); Arturo Gutiérrez Vázquez (Vocal Propietario del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C); María Luisa Gutierrez Santoyo (Vocal Propietario de la Sección XXXVII del S.N.T.E. en representación de Rubén Salvador Grijalva Garibaldi, Vocal Suplente; a Javier Meza López en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California y Director General de dicho Instituto, con sede en Mexicali, una prórroga de quince días hábiles más contados a partir de la notificación de este proveído, no así de treinta, al resultar diez quince hábiles suficientes para dar cumplimiento al fallo protector acorde a los lineamientos del mismo y remitan las constancias que demuestren dicho cumplimiento. Debe destacarse que dicho plazo se otorga atendiendo a que resultan suficientes para dar cumplimiento al fallo protector, puesto que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, puede sesionar ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cada vez que así se requiera; y que por cada integrante propietario existe un suplente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 108 y 114 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 108.- Por cada miembro propietario de la Junta Directiva, se nombrará un suplente, el cual lo substituirá en sus faltas temporales, en los términos del Reglamento respectivo." "ARTÍCULO 114.- La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria por lo menos cada tres meses y extraordinariamente cuando así se requiera. El quórum para sesionar válidamente será con la asistencia de la mayoría de sus integrantes." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá en lo particular una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y anexos que acompaña, consistentes en el expediente original del juicio de amparo 135/2018 y el testimonio autorizado de la resolución dictada dentro del amparo en revisión 302/2018, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos indicados en la resolución que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a **, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero del presente fallo." En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; acúsese el recibo de estilo vía electrónica al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, glósese a los autos las constancias y actuaciones que en original obren agregadas en autos del cuaderno de antecedentes y fórmese legajo por separado de dicho cuaderno de antecedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables
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