Diamantina Fernandez Davila

Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Diamantina Fernandez Davila

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 105/2019-VII-A (orden 153/2019), girado dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, dese de baja del libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, tal como lo solicita, acúsese recibo de estilo. Ahora bien, en atención a las constancias que integran la referida comunicación oficial y, en especial, al contenido de la lista de acuerdos publicada el veinticinco de junio del año en curso, en los estrados del juzgado exhortado (fojas 84 y 85), se tiene a la parte quejosa debidamente impuesta del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente asunto. En mérito de lo anterior, así como de lo asentado en la certificación secretarial da cuenta, se colige que a la fecha ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el referido auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó su demanda de amparo; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. En otro aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, también se aprecia que a la fecha ya transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, se le hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en ese auto y, por ende, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado. Por último, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que la autoridad responsable Segunda Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en los autos relativos al toca de apelación 156/2019, de su índice, así como del juicio sucesorio 228/2016 y su acumulado 404/2016,de la estadística del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, residente en Altamira, Tamaulipas, y cinco cuadernos incidentales derivados de este último controvertido (siete legajos de constancias en total); se ordena que las mismas sean devueltas a dicha responsable, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual acusa recibo del exhorto 105/2019-VII-A, número de orden 153/2019, librado dentro del presente asunto, del que se advierte que ordenó su diligenciación en los términos encomendados por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, estése en espere de que lo devuelva para acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA Edwin Eliu Mejía Uresti Y Esmeralda Mejia Uresti, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE catorceDE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto; téngase por recibido el oficio 5081/2019, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo directo 348/2019, del índice de su adscripción, promovido por Diamantina Fernández Dávila, contra actos de la Segunda Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, así como los anexos que acompañó dicha sala responsable a su informe justificado, consistentes en los autos relativos al toca de apelación 156/2019, de su índice, el juicio sucesorio **2016 y su acumulado **2016, de la estadística del Juzgado Quinto de Primera instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, y cinco cuadernos incidentales derivados de este último controvertido. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 626/2019-VII-A. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, en virtud de las razones y consideraciones legales expuestas por la Superioridad en el auto de diez de junio de la presente anualidad, este Juzgado Federal acepta a la competencia planteada, y se avoca al conocimiento de la indicada demanda de amparo. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la quejosa reclama lo siguiente:  La resolución dictada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, en el toca **2019, del índice de la sala responsable, a través de la cual se revocó la sentencia de adjudicación de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente **2016 y su acumulado **2016, de la estadística del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Javier Hernández Álvarez y, en su lugar, se ordenó la reposición del procedimiento en dicho controvertido. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En efecto, de oficio, esta juzgadora advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio, mismos que establecen: De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Ahora bien, tal como quedó establecido con anterioridad, de un análisis integral de la demanda de amparo, se destaca que la parte quejosa se duele de la resolución pronunciada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, en el toca **2019, del índice de la sala responsable, a través de la cual revocó la sentencia de adjudicación dictada en el referido juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Javier Hernández Álvarez, y, en su lugar, ordenó reponer en el procedimiento en el mismo. Al respecto, es de indicarse que de las actuaciones que integran dicho toca, mismas que fueron remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado, y que obran por separado, se advierte que en dicha resolución reclamada la sala responsable, de manera substancial, sostuvo que una vez analizadas las constancias que integran dicho juicio sucesorio, advirtió que el Juez de Primera Instancia incurrió en las violaciones procesales siguientes: a) Que al pronunciar la sentencia de adjudicación impugnada en el referido toca de apelación del que emana el acto reclamado en este asunto, el juez a quo no verificó que en autos aun no obraba agregada la certificación secretarial relativa a si las objetantes del testamento del de cujus habían presentado algún juicio de nulidad respecto del mismo, tal como dicho juzgador lo había ordenado. b) Además, que a la apelante, aquí quejosa, no se le dio oportunidad de combatir el auto de cinco de noviembre del año pasado, en el que el juez natural consideró que el escrito que presentaron ante su potestad los objetantes de dicho testamento no se trataba de una demanda a través de la cual se promoviera juicio ordinario de nulidad, sino que se instaba un incidente. Así, con base en dichas argumentaciones, la sala responsable terminó concluyendo en la resolución reclamada, lo siguiente: "PRIMERO.- Los agravios vertidos por la Licenciada Adriana Dávalos Sánchez, en su carácter de representante legal de Diamantina Dávila López y otras, que a su vez impugnaron la validez del testamento, contra la sentencia de adjudicación de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio Sucesorio Testamentario 228/2016 a bienes de Francisco Javier Fernández Álvarez, denunciado por Edwin Eliu Mejía Uresti (heredero testamentario), promovido ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; a través de la causa de pedir, resultaron fundados. SEGUNDO. Se revoca la resolución apelada, y en su lugar se decreta la reposición del procedimiento en los términos que han quedado precisados en el considerando TERCERO del presente fallo del segundo grado." (fojas 55 vuelta y 56, tomo de pruebas VII). Sobre esa base, y a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, deviene necesario acotar que la reposición del procedimiento en sí misma, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo de las partes, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio y, por ende haga procedente el juicio de amparo indirecto; sin embargo, puede darse que en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento sí pueden llegar a producir tales afectaciones, que tornen procedente el amparo indirecto. De ahí que, la autoridad jurisdiccional debe analizar cada caso concreto a fin de establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento, para lo cual, se deberán atender a las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primer grado y verificar si constituyen o no actos de imposible reparación. En ese sentido, debe decirse que la resolución reclamada, no reúne las características de imposible reparación, en virtud que sus efectos no afectan de manera inmediata el ejercicio de alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino únicamente se trata de derechos procesales. Lo anterior se considera así, en razón que las únicas consecuencias del fallo reclamado son que el juez de primera instancia ordene a la secretaria de su adscripción que proceda a realizar la certificación relativa a si las objetantes del testamento del de cujus habían presentado algún juicio de nulidad respecto del mismo y, hecho lo cual, continúe con la substanciación del procedimiento como en derecho corresponda. Por lo anterior, se pone de manifiesto que, aun cuando la parte quejosa haya impugnado la sentencia de primera instancia por considerar que no era satisfactoria a sus intereses, la reposición del procedimiento que ahora se ordena, de ninguna manera produce una afectación actual e inminente, es más, podría ser que, en su caso, obtuviera una resolución que le fuera más benéfica. Por lo que, sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, susceptibles de ser reparados al dictarse nuevamente la sentencia que puso fin al juicio natural, pudiendo ser favorable a los intereses de la accionante y, en caso contrario, de resultar opuesto a la misma, puede combatirlas, en principio, con el recurso ordinario procedente y, después, mediante el juicio de amparo. De ahí que, el acto reclamado de ninguna manera puede ser considerado como de imposible reparación, ya que no incide en ningún derecho sustantivo; por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Por tanto, la demanda que se provee resulta notoriamente improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el citado artículo 113, de la propia ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Diamantina Fernández Dávila. No obsta a lo anterior que en la demanda de amparo que se analiza, en el apartado de antecedentes la quejosa únicamente haya manifestado que lo los mismos los expresa bajo protesta de decir verdad, sin que haya procedido a realizar una relatoría de los mismos, pues, como ha quedado evidenciado, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causa de improcedencia, de ahí que resulte innecesario prevenir a la quejosa a efecto de que proceda a narrar los mismos, ya que a ningún fin práctico conllevaría debido a que, se insiste, la misma es notoriamente improcedente, además, de que estos se aprecian de las constancias remitidas por la responsable como apoyo a su informe de ley. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.3o.C.90 K, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." CONSTANCIAS POR SEPARADO Por otra parte, se dispone que los autos originales relativos al expediente 228/2016, del Juzgado de origen; se mantengan por separado (siete legajos de constancias) pero formando parte del presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS NOTIFICACIONES PARTE QUEJOSA (VÍA EXHORTO) Examinadas las constancias enviadas por la autoridad oficiante se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, que por razón de turno corresponda, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, se sirva notificar a la aquí quejosa Diamantina Fernández Dávila, en el domicilio señalado para tal efecto, el presente proveído y la requiera para que en el acto de la diligencia o en el término de tres días legalmente computado, más tres días, por razón de la distancia, comparezcan ante este Juzgado y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán por lista de acuerdos que al efecto se publiquen en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que la notificación puede practicarse a cualesquiera de sus autorizados. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Adriana Dávalos Sánchez, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos de la parte final, segundo párrafo del invocado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las demás personas que menciona en su escrito de demanda, por no estar debidamente registrados en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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