Dhaymaru Valdovinos Pérez

Expediente 570/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
570/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Dhaymaru Valdovinos Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio 9303/2021 proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual, remite el diverso comunicado 19/2021 suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual, se remite testimonio autorizado de la ejecutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en la queja laboral 19/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma la resolución recurrida que desechó la demanda de amparo." Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tales condiciones, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo como asunto totalmente concluido. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1 Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 394, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, por el que acusa recibo del comunicado 17153/2020 de dieciocho de diciembre pasado, por el cual le fue remitido testimonio autorizado del juicio de amparo en que se actúa; original del escrito de expresión de agravios; y, copia del mismo para el fiscal de su adscripción, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos, el cual se registró bajo el número 19/2021 del índice de aquel Órgano Unipersonal. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el quejoso Francisco Alberto Rangel Salgado apoderado de Dhaymaru Valdovinos Perez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, que desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en turno, el escrito de agravios previamente certificado de su original; así como una copia del mismo, a fin de que, de considerarlo necesario, el Tribunal de Alzada corra traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en el que se manifieste a la Superioridad que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que este Juzgado Federal, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desechó de plano la demanda de amparo, toda vez que, el acto reclamado no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, lo anterior, con sustento en los artículos 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que, al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgador es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias señaladas por este órgano jurisdiccional, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3o.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veintiocho de marzo de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. ***NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a sus autos, para que obren como legalmente corresponden, los escritos signados por Francisco Alberto Rangel Salgado apoderado de Dhaymaru Valdovinos Perez, atento a su contenido, téngase al ocursante cumpliendo con la prevención que se le formuló en auto de once de diciembre de dos mil veinte. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ***** Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es: EL ACUERDO DEL 8 OCHO DE DICIEMBRE ACTUAL EMITIDO EN EL ORDINARIO LABORAL J-VIII/48/2020 QUE EN LO MEDULAR ADMITE EN TRÁMITE CON SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO EN LO PRINCIPAL EL INCIDENTE DE ACUMULACION DEL JUICIO DE DONDE SE DERIVA EL ACTO RECLAMADO AL DIVERSO J-VIII/238/2019 DEL INDICE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto; es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En ese sentido, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA; así como la diversa I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De tal manera, en el presente asunto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo; y, para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone en su escrito inicial de demanda lo siguiente: PRIMERO. La impetrante ante la responsable, a través del suscrito en su carácter de apoderado, presentó en contra de la tercer interesada demanda en la vía ordinaria laboral que fue registrada bajo el número J-VIII/238/2019 en la que demandaba el pago de diversas prestaciones devengadas por la obrera por una parte, por otra, otras prestaciones derivadas del despido que la patronal en el laboral de origen perpetró en contra de la quejosa ,tales como el pago de 90 días de salario, prima de antigüedad e interés legal en ese ordinario laboral, fue ofertada la reinstalación a la quejosa, la que se materializó en términos de ley, empero, nuevamente, la quejosa fue despedida de su empleo por la patronal. SEGUNDO. En vista de lo anterior, esta parte, nuevamente, ante la responsable presentó en contra de la patronal referida ejercitando acciones similares a las ejercitadas en el expediente citado en el antecedente primero presento demanda ordinaria laboral, habiéndose registrado tal demanda con el número J-VIII-48/2020 del índice de la responsable. TERCERO. Con data 8 ocho de diciembre actual se celebró audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente de donde deriva el acto reclamado, a la que comparecieron los contendientes en la etapa de demanda y excepciones, la tercer interesada, a través de su mandatario propuso acumulación de los expedientes relatados, incidencia a la que, esta parte se allano al generarse los extremos del artículo 766 en sus diversas fracciones de la Ley Federal del Trabajo. CUARTO. No obstante lo anterior, la responsable visto el incidente de acumulación de referencia, por una parte, con suspensión del procedimiento en lo principal, lo admitió en trámite; por otra, señaló fecha y hora de despacho para la celebración de la audiencia incidental, ello, en una franca contradicción y celeridad procesal de inmediatez, continuidad, economía, sencillez, concentración y celeridad procesal que deben imperar en el ordinario laboral de donde se deriva el acto reclamado. Ahora, por lo que ve al acto reclamado "EL ACUERDO DEL 8 OCHO DE DICIEMBRE ACTUAL EMITIDO EN EL ORDINARIO LABORAL J-VIII/48/2020 QUE EN LO MEDULAR ADMITE EN TRÁMITE CON SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO EN LO PRINCIPAL EL INCIDENTE DE ACUMULACION DEL JUICIO DE DONDE SE DERIVA EL ACTO RECLAMADO AL DIVERSO J-VIII/238/2019 DEL INDICE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE", se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a lo previsto en el artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último en aplicación contraria, por las razones de derecho que se expresán. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Mientras que el artículo 107, fracción V, de ese ordenamiento, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente, cuando ésta -improcedencia- surja de la Ley de Amparo. De tal manera, por un lado, resulta que, la procedencia del juicio de amparo indirecto, es contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La razón fundamental de la exigencia relativa a que el acto que se reclame sea de imposible reparación, es que de no ser así, si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Los razonamientos expuestos, tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número cincuenta y seis, Octava Época, agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. ***** Lo que es acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, al establecer que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la actual Ley, ello es así, en razón a que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa al juicio de amparo en revisión 804/2014 -en la que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 107, fracción V, de la Ley de amparo-, indicó que, el contenido de la referida porción normativa recoge el supuesto de procedencia (de amparo indirecto) que contemplaba el artículo 114, fracción IV, de la abrogada Ley de Amparo, respecto de los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación; sin embargo, a diferencia de lo previsto en éste, en la especie se define lo que se debe entender por dicho enunciado, al establecer que son: ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para tal efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió al proceso de análisis de las iniciativas de ley correspondientes de la que no se advirtió discusión respecto al contenido y alcance de la referida porción normativa, sin embargo, atendiendo a la similitud entre el texto del artículo aprobado (artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo) y el contenido del proyecto de la Ley de Amparo, siéndole posible entender que el propósito de la norma consiste básicamente en hacer del amparo un instrumento más eficiente, en el que sea posible controvertir -a través de la vía indirecta- únicamente aquellos actos cuya afectación sea de tal magnitud que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, dejando para la vía directa cualquier tipo de acto que implique alguna violación procesal. Lo cual justificó la necesidad de establecer precisamente un concepto de "actos de imposible reparación", que contribuya a hacer más eficiente el sistema. Asimismo, enfatizó los siguientes puntos: Que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por "actos de imposible reparación"; lo cual, en consecuencia, generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera la que determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Que una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011), fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles. Que una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era precisamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que -finalmente- fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III, del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento. Que con la definición del concepto de actos de "imposible reparación", bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio; y Que en la actualidad la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que (la afectación) no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Así, a juicio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto se excluyen las violaciones procesales e incluso, aquéllas que afectan en grado predominante o superior. Ello es así, al tomar el Máximo tribunal en consideración -por principio-, que la porción normativa, fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en ningún momento eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en dicha normativa no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, pues ni siquiera existía disposición que definiera tal concepto para los efectos de la procedencia de amparo indirecto, antes bien constituía un concepto "indeterminado". Y si bien, en la actual legislación de amparo, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos -en el que se procuró un ámbito de protección más amplio a través del juicio de amparo y se establecieron diversos mecanismos para agilizar su tramitación en aras de garantizar una impartición de justicia pronta y expedita-, el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente (de modo tal que se impida su ejercicio), dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de la promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. También precisó que era importante mencionar que no pasaba inadvertido que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, era posible controvertir a través de la vía biinstancial, las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior; no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, puesto que como se dijo, en aquella época no existía disposición que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Ello es así, ya que si bien es cierto, la redacción de la referida porción normativa no sufrió ninguna modificación, lo cierto es que a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once y sobre todo, con motivo de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, el contenido de dicha porción se clarifica en la medida que adquiere un significado coherente con el sistema normativo (actual) para hacer eficiente la tutela de los actos que importan una afectación directa a derechos sustantivos, que es el propósito de tal disposición constitucional. [Hasta aquí consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto]. Consideraciones que desembocaron en la tesis aislada 2a. XLIX/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de dos mil quince, tomo I, página 1078, con registro electrónico 2009484, bajo el rubro y texto: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.****se señala como acto reclamado, la determinación de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, pronunciada el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, del expediente J-VIII-48/2020 la admisión a trámite y con suspensión del procedimiento principal, del incidente de acumulación, propuesto por la aquí tercera interesada demandada en el juicio de origen, fijando el veinte de enero de dos mil veintiuno, la celebración de la audiencia incidental, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no constituye un acto de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos como la vida, propiedad, papeles o posesiones, pues el único efecto que produce es que se deje de actuar en el expediente principal, hasta en tanto se resuelva el incidente propuesto. De donde, se infiere que la determinación, sólo incide en la continuación del procedimiento laboral. Por tanto, el acto reclamado, no constituye en la esfera jurídica de la quejosa, efectos que sean de imposible reparación, porque no afecten, materialmente, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ello, sin pasar por alto que la parte quejosa, hace depender su demanda de amparo en la afectación a la celeridad procesal de inmediatez, continuidad, economía, sencillez y concentración procesal que como principios deben imperar en el procedimiento ordinario laboral de donde se deriva el acto reclamado, lo que involucra directamente al artículo 17 de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos. Sin embargo, en el presente asunto impera la regla general, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Pero si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, página 1643 con registro digital: 2019400 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. ***** En ese sentido, el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, establece que se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. En tanto, el artículo 763 del mismo ordenamiento del trabajo, indica que cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento; y en su segundo párrafo, dispone que, en los demás casos a que se refiere el artículo anterior (o sea el 762) se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Entonces, por el momento, se determina que en el procedimiento laboral J-VIII-48/2020 no se presenta dilación presuntamente excesiva en el trámite del incidente de acumulación plantado por la demandada en ese procedimiento, porque, no han transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en el caso, el dictado de la resolución incidental, tomando en cuenta que ese plazo concluyó el nueve de diciembre de dos mil veinte, y la fecha para la celebración de la audiencia incidental está programada para el veinte de enero de dos mil veintiuno, esto es, cuarenta y dos días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo legal en que se debía dictar dicha resolución; de tal modo, que el acto reclamado, no puede representar una ejecución de imposible reparación, por tanto, no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, como se acordó en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se autorizó a la parte quejosa Francisco Alberto Rangel Salgado apoderado de Dhaymaru Valdovinos Perez, el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario FARS1972, donde se harán las notificaciones respectivas conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, por tanto, se instruye al Actuario Judicial adscrito encargado del presente asunto, que las notificaciones que le resulten de manera personal, las realice por el citado medio electrónico. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. NOTIFÍQUESE.

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