Deysy Costeño Anaya

Expediente 876/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
876/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Deysy Costeño Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito signado por Deysy Costeño Anaya, a través del cual cumple con la prevención formulada en autos, en consecuencia, se provee, como sigue: 1).- Se tiene por desahogada prevención. Se tiene por desahogada la prevención formulada el nueve de octubre de dos mil veinte, regístrese lo anterior, en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el artículo 5º, fracción I,, ambos de la Ley de Amparo, en lo que interesa, relativa a la falta de interés jurídico, puesto que tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales -como sucede en este asunto-, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora bien, en el caso, Deysi Costeño Anaya, por propio derecho, reclama la resolución dictada en la audiencia de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la causa penal JCC/829/2019, en la que dicho juzgador ordenó la devolución en el término de setenta y dos horas del vehículo Ford, tipo escape, XLS, con número de serie 1FMCU0C79AKA92091, año 2010, placas de circulación PYY5143 del Estado de Morelos, a Jovita Jaimes Segura, en las instalaciones de la fiscalía. Cabe señalar, que en dicha determinación el juzgador señaló que la misma atendía a que por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, ya había sido requerida la devolución de dicho vehículo sin costo alguno, sin que la misma fuera acatada por la fiscalía, por lo que la apercibió que en caso de ser omisa nuevamente en dar cumplimiento a tal orden, la fiscalía debería pagar el costo del vehículo en su totalidad, como forma de reparación del daño conforme a la Ley General de Victimas. De lo anterior, se tiene que la resolución impugnada no causa ninguna afectación a Deysi Costeño Anaya, como persona física, pues en la misma, únicamente se impuso una obligación a cargo de la fiscalía en su carácter de autoridad, incluso el apercibimiento contenido en aquélla, se hizo en el sentido de que en caso de no entregar el vehículo en cuestión sería la mencionada fiscalía quien tendría la obligación de pagarlo en su totalidad. De allí que, no pueda afirmarse que con tal determinación se cause una afectación de manera personal y directa a Deysi Costeño Anaya, tan es así, que en la audiencia respectiva, ante la inasistencia del fiscal que conoce de la carpeta de investigación de la que deriva la causa penal en cita, fue designado como sustituto una diversa fiscal, lo que patentiza que fue en contra de la fiscalía en cuestión en su carácter de autoridad, que se celebró la audiencia de auxilio juicial impugnada, pues de no haber sido así, hubiera sido necesaria la asistencia de una persona física en específico. Sin que se inadvierta que Deysi Costeño Anaya, fue quien en su carácter de fiscal participó en la audiencia de referencia, en donde se adoptó la resolución que constituye el acto reclamado, no obstante, aun cuando podría determinarse que del contexto del juicio se obtiene que la misma acude a éste juicio en su carácter de autoridad, también resultaría improcedente este al actualizarse la causa improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVlll de la Ley de Amparo, por falta de acatamiento del principio de definitividad, al no haber agotado la autoridad afectada el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en contra de la resolución impugnada. Aunado a que también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, de la Ley de Amparo, dado que en su carácter de autoridad, no tendría legitimación para promover el juicio de amparo, en razón de que la relación subyacente de los actos que reclamaría no se actualizan en un plano de igualdad con un particular, pues pretendería defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas. Precisamente, así lo determinó este juzgado en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del diverso juicio de amparo 1759/2019, promovido por la Fiscalía General del Estado de Morelos, por conducto de su representante, dentro de la misma causa penal, en contra de la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve ya referida, donde fue desechada esa demanda derivada de la actualización de la causa de improcedencia en cuestión, la cual causo ejecutoria al no haber sido impugnada, lo que constituye un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Sin que el hecho de que no cuente con legitimación para acudir al juicio de amparo le cause alguna afectación a su derecho de acceso a la justicia, pues por la naturaleza del juicio de amparo, el mismo fue instituido como un procedimiento de control constitucional para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no para defender los actos de autoridades, por lo que solamente se contempló un supuesto específico de excepción bajo el cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de amparo, tal como se visualiza en la tesis 1a. CXIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2003342 de rubro "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA.", siendo además ilustrativa por las consideraciones que la informan la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal con registro 2015321, del contenido siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. De allí que resulte improcedente la demanda de amparo propuesta; y la causa de improcedencia de falta de interés jurídico en estudio es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso la promovente no cuenta con interés jurídico, ya que como se clarificó, la misma no se encuentra sujeta a prueba, sino que se patentiza desde éste momento, al no causarle ninguna afectación personal la determinación que impugna, de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia invocada. Resultando aplicable por analogía la jjurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro 2014433, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." 3).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." 4).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

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