Deysi Olivia Moo Chan

Expediente 2168/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2168/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Deysi Olivia Moo Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, JOSÉ IGNACIO ALPUCHE AGUILAR, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CERTIFICO: Que hasta la presente fecha no se interpuso recurso alguno contra el auto dictado en este juicio de amparo el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Doy fe. El diecinueve de enero de dos mil veintidós, doy cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada resolución a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no les causa perjuicio, sino únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, al haber transcurrido el término de mérito, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, pero se dejaron sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los referidos cuadernos incidentales, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses que refiere dicho precepto. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte impetrante reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que los menores quejosos K.M.T.M. y F.H.T.M, fueran inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que los menores quejosos K.M.T.M. y F.H.T.M, sean inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Debiéndose precisar que los menores quejosos K.M.T.M. y F.H.T.M. cuentan con las edades de diecisiete y quince años, de conformidad con las actas de nacimiento cuyos anexos fueron adjuntados a la demanda de amparo que nos atañe. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para este Encargado del Despacho, que el diecinueve de noviembre anterior, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los adolescentes de quince a diecisiete años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo adolescente, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre quince a diecisiete años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del siete de diciembre del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de quince a diecisiete años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciséis horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5536, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del siete de diciembre pasado, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de adolescentes de entre quince y diecisiete años de edad. E incluso, en el link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5529, se advierte que la Secretaría de Salud de Yucatán informa el calendario en que los citados adolescentes habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el siete de diciembre de dos mil veintiuno en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en lo que respecta a los nacidos en los meses de enero y febrero, el ocho correspondía a los nacidos en los meses de marzo y abril, y así sucesivamente; mientras que en los restantes municipios, también inició la vacunación el siete de diciembre de dos mil veintiuno, conforme al calendario específico para dichas localidades. Asimismo, se calendarizó la vacunación para ese rango etario, en los municipios de Mérida, Ticul, Motul, Hunucmá, Kanasín, Valladolid, Tizimín, Umán, Progreso, Chemax y Tekax, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en tanto que el ocho siguiente, correspondería a los municipios de Espita, Halachó, Yaxcabá, Temozón, Tecoh, Tzucacab, Oxkutzcab, Peto, Izamal y Maxcanú. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades federales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad de entre quince a diecisiete años (rango de edad en el que se encuentran los menores quejosos), con la vacuna Pfizer/BioNTech, e incluso, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de la primera dosis de la vacuna, inició el siete de diciembre pasado. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que los citados menores quejosos, fueran inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación de los menores en cuyo rango de edad se encuentran los directos impetrante, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en su primera dosis, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radican los menores quejosos, inició el siete de diciembre pasado. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haber sido autorizada a nivel federal la vacunación de los menores de entre quince a diecisiete años (rango de edad en que se ubica la menor quejosa), y estarse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán a partir del siete de diciembre pasado, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS. Asimismo, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva, la cual está señalada para llevarse a cabo el CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. De igual forma, se les autoriza a los delegados de la responsable, el uso de cámaras digitales, lectores ópticos o cualquier otro medio de reproducción, para efecto de que se utilicen únicamente para consultar los autos, conforme a la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

  4. Incidental

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 722/2020-III, promovido por Josué Sandoval Cantón, apoderado de la quejosa MARÍA ISABEL IUIT JIMÉNEZ, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado por Josué Sandoval Cantón, apoderado de la quejosa MARÍA ISABEL IUIT JIMÉNEZ, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal por los siguientes actos: a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto 325/2015, por el que se le modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro de diciembre de dos mil quince. b) La discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto 383/2016 por el que se emite la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán y se Modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dos de mayo de dos mil dieciséis. c) La orden de visita domiciliaria y la visita domiciliaria llevada a cabo el doce de marzo del año en curso, con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán. SEGUNDO. Previo cumplimiento a la prevención de veinte de agosto de dos mil veinte, en diverso auto de veintisiete de agosto referido, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el expediente 722/2020-IlI; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en los términos que constan en el acta levantada al efecto, previos diferimientos C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, tiene legal competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 114 de la Ley de Amparo;49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, punto tercero (modificada mediante el acuerdo general 53/2013 por el mismo órgano), y artículo cuarto, fracción XIV, todos del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman normas generales en materia administrativa con motivo de su aplicación. SEGUNDO.- Fijación del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, la persona encargada de impartir justicia deber atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solamente de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, los conceptos de violación y las constancias que obran en autos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo esta juzgadora concluye que la parte quejosa reclama: a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto 325/2015, por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el veinticuatro de diciembre de dos mil quince. b) La discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto 383/2016 por el que se emite la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán y se Modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dos de mayo de dos mil dieciséis. c) La orden de visita domiciliaria y la visita domiciliaria llevada a cabo el doce de marzo del año dos mil veinte, con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán. TERCERO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, negó el acto de ejecución que se le reclama, consistente en la emisión de la orden de visita domiciliaria que se llevó a cabo en el domicilio de la quejosa el doce de marzo del año en curso, sin que la parte quejosa ofreciera prueba en contrario para desvirtuar tal negativa, de ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio, por los actos y autoridad mencionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, que aparece publicada en la página doscientas treinta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que a la autoridad nombrada en este apartado se refiere, ante la inexistencia de los actos que se les atribuyeron. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Yucatán y Gobernador del Estado de Yucatán, pues así se desprende de los informes justificados rendidos por dichas autoridades responsables. Certeza que se corrobora, toda vez que se trata de normas generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el día nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Es cierto el acto reclamado al Director de Auditoria Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, precisados en el anterior considerando, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. QUINTO.- Causa de improcedencia fundada. A juicio de la suscrita, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la ley de Amparo, en virtud de que la persona moral quejosa no acreditó el interés jurídico o legítimo, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación respecto de los artículos 47-W, 47-X y 47-Y de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, los cuales contemplan un impuesto a las casas de empeño. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte el artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presenten Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que afecte de manera personal y directa." En efecto, la quejosa reclama dichos numerales como normas heteroaplicativas, al estimar que al haber realizado el pago que efectuó el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se actualizó el supuesto contenido en los numerales que tacha de inconstitucionales, ya que se encuentra obligada al pago del "impuesto a las casas de empeño", como persona moral que, en el territorio del Estado de Yucatán, en forma habitual o profesional, realiza u oferta al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no regulada por leyes o autoridades financieras, respecto de aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados; impuesto que se causará en la fecha en la que el bien dado en prenda se enajene al público en general. Para demostrar la improcedencia anunciada, debe tenerse presente que de acuerdo con la indicada fracción XII, del precepto legal mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. La última parte de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que para atacar una ley heteroaplicativa deberá integrarse el perjuicio personal y directo de la parte agraviada, a través del acto concreto de aplicación. Por lo anterior, en el caso a estudio, se debe determinar la naturaleza de la disposición en comento, esto es, si se trata de una norma autoaplicativa o heteroaplicativa, para estar así en condiciones de establecer si la misma le causa perjuicio por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación. Al respecto, conviene recordar que la Ley de Amparo, en susartículos 61, fracción XII, y 107, fracción I, establece las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición la obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. El más Alto Tribunal de la República ha sustentado el concepto de individualización incondicionada como premisa de distinción de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de las normas de carácter general que son impugnadas a través del juicio de garantías; tal concepto de individualización constituye un elemento de referencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la aludida condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúa dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada, en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se haya sometida a la realización de ese evento. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia P/J 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admite la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición hetroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que el elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa, lo es que sus disposiciones resulten obligatorias desde el momento mismo de su vigencia, o sea, desde que entran en vigor obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario que se actualice un acto posterior de autoridad para que se genere su obligatoriedad; de tal modo que para que se esté en el supuesto de la ley autoaplicativa basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, por lo que pueden combatirse a través del juicio de amparo desde el momento en que entran en vigor si se pretende no sufrir su aplicación. Las anteriores consideraciones se corroboran con el siguiente criterio: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma." (Tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y siete, de la Primera Parte del Tomo ciento tres a ciento ocho, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación). También debe tenerse presente que el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen un perjuicio al quejoso. Dicho precepto dispone expresamente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;" La diferencia que hace el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo transcrito, de las normas generales desde el punto de vista de sus efectos de individualización condicionada o incondicionada en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de amparo Las normas heteroaplicativas no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice (individualización condicionada). Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna (individualización incondicionada). La distinción apuntada se explica en la jurisprudencia del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En esas condiciones, para acreditar el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, es indispensable que la misma haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por su sola vigencia o porque se le aplique de manera escrita o de hecho y que esa aplicación altere su ámbito de acción. Esto es, la ley, general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y personal en su destinatario. La afectación sufrida por el gobernado, apta para motivar la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda; es decir, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de amparo, ésta debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real. Asimismo, tratándose de interés legítimo, incorporado en la Constitución Federal con las reformas de once de junio de dos mil once, y en la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia, ha definido que se entenderá por normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos, igualmente, ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Que el artículo 107, fracción I, constitucional establece que el interés legítimo se puede generar por una afectación indirecta, generada por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico, lo que implica, como se dijo al resolver la contradicción de tesis 553/2012, que para constatar un interés legítimo no es necesario que las normas impugnadas tengan como destinatarios directos a los quejosos, sino que pueden ser terceros que resienten la afectación indirecta, por una irradiación colateral de los efectos de la norma. Se requiere una evaluación no sólo de la relación de la ley y sus destinatarios, sino también de un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, se insiste, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Así pues, las normas autoaplicativas en el contexto del interés legítimo sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación que reúne las características de jurídicamente relevante, cualificado, actual y real. La afectación debe estar garantizada por el derecho objetivo y, en caso de concederse el amparo, el quejoso podrá obtener un beneficio jurídico; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa en grado suficiente para ser personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, cuya comprobación pasa por verificar que, en caso de otorgarse el amparo, el quejoso obtendría un beneficio jurídico; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación, para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Precisado lo anterior, es menester transcribir el contenido de los preceptos tildados de inconstitucionales de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, para una mejor comprensión del sentido de la presente resolución, los cuales a la letra señalan: "IMPUESTO A CASAS DE EMPEÑO SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS Y EL OBJETO "ARTÍCULO 47-W. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este capítulo las personas físicas y morales que, en el territorio del estado de Yucatán, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras, respecto de aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados. El impuesto se causará en la fecha en la que el bien dado en prenda se enajene al público en general. SECCIÓN SEGUNDA DE LA BASE GRAVABLE, TASA Y ÉPOCA DE PAGO ARTÍCULO 47-X. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5% a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el público en general. El monto del avalúo es la valoración del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empeño, contrato o cualquier otra denominación que se otorgue al documento en el que se formalice el préstamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, así como el plazo para la recuperación del bien dado en prenda. ARTÍCULO 47-Y. El pago de este impuesto se efectuará mediante declaración mensual definitiva que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se haya producido la enajenación de la prenda de que se trate. Transitorios. D.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2015. [N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO 325/2015 POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN".] Primero. Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2016, previa publicación en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán." Del contenido de los citados dispositivos 47-W, 47-X y 47-Y de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, se tiene que están obligadas al pago del impuesto establecido en esos dispositivos las casas de empeño, que en el Estado de Yucatán, realicen habitual o profesionalmente contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras, respecto de aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados; que el impuesto se causará en la fecha en la que el bien dado en prenda se enajene al público en general; el cual se calculará aplicando la tasa del cinco por ciento a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria que celebren la casa de empeño con el público en general; el pago de ese impuesto se efectuará mediante declaración mensual definitiva que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a más tardar el diecisiete del mes siguiente a aquél en que se haya producido la enajenación de la prenda de que se trate. Como se corrobora de las disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado en comento, éstas no obligan a la recurrente a que realice algún acto que cause afectación inmediata a su esfera de derechos, no lo vinculan desde su vigencia, pues el impuesto del cinco por ciento a las casas de empeño, se causará hasta que el bien dado en prenda que no sea recuperado por el deudor prendario, se enajene al público en general, esto es, el impuesto se causa a partir de que se enajene la referida prenda. Por tanto, los numerales 47-W, 47-X y 47-Y de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, por medio del cual se implementa el pago del impuesto a las casas de empeño que realicen sus operaciones en el Estado de Yucatán, respecto de los bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados, no tienen el carácter de autoaplicativa, porque no sujetan al particular desde su vigencia, sino que, para que se individualicen en su esfera de derechos es indispensable que se cumpla una condición, que el bien dado en prenda no haya sido recuperado por el deudor prendario, posteriormente se enajene al público en general, fecha en la que se causará el impuesto, el cual se calculará aplicando la tasa del cinco por ciento entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía que celebre la casa de empeño con el público en general; de lo que es inconcuso que mientras no se enajene la prenda que no recuperó el deudor prendario, no se causará el aludido impuesto. En efecto, todo lo anterior establecido, a juicio de quien ahora resuelve, permite concluir que los artículos 47-W, 47-X y 47-Y de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, por medio del cual se implementa el pago del impuesto a las casas de empeño que realicen sus operaciones en el Estado de Yucatán, respecto de los bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados, son de carácter heteroaplicativo, y no autoaplicativo, pues se necesita que el bien dado en prenda que no haya sido recuperado por el deudor prendario, se enajene al público en general, fecha en la que se causará el referido impuesto. Así es, la Ley de Amparo distingue en el artículo 61, fracción XII, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de las garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, ésta distinción no se basa en la circunstancia que en el momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera de cómo se ejecuta el mandamiento; es decir, si para realizar éste debe intervenir la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derecho y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no se presenta un acto voluntario del particular para situarse en el supuesto normativo; entonces, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. En el presente caso como se señaló, la impetrante de amparo, impugna entre otras, la inconstitucionalidad de los artículos 47-W, 47-X y 47-Y de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, y los reclama con motivo de lo que aduce su primer acto de aplicación, siendo ésta, la orden de visita domiciliaria notificada a través del oficio AAFY/DAF7PC/0739/2020, de diez de marzo del año dos mil veinte y la orden de visita domiciliaria RE/002/PF/2020, que se llevó a cabo en el domicilio de la quejosa el doce de marzo de la propia anualidad, con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán y la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Sin embargo, tanto la orden como la visita domiciliaria realizada en el predio de la parte quejosa, no es suficiente para acreditar ese acto de aplicación en relación con los artículos 47-W, 47-X y 47-Y de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, ya que por una parte, se advierte que aquellas se realizaron a fin de supervisar y vigilar el cumplimiento a lo previsto en el Capítulo III. Funcionamiento de las Casas de Empeño, de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, en específico, de haber obtenido de la Secretaría de Administración Fiscal de Yucatán, permiso para la instalación y funcionamiento de la Casa de Empeño y la obligación de colocar en forma permanente y en un lugar visible al público, el número de permiso otorgado, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán. De ahí, que la orden y visitas realizadas no acrediten que se actualicen los supuestos de la norma tildada de inconstitucional, esto es, que deba realizarse el pago de un impuesto respecto de un bien dado en prenda no recuperado por el deudor prendario y que fue enajenado al público en general. Máxime cuando del propio contenido de los preceptos reclamados se desprende que el pago del referido impuesto debe efectuarse mediante declaración mensual definitiva que presente el contribuyente en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, y que entre las obligaciones de los contribuyentes, se establece el conservar las boletas o billetes de empeño y contratos, o cualquier otro documento que sustente las operaciones relativas y permitan la identificación del deudor prendario. No pasa desapercibido, que la promovente del amparo, para acreditar que se afecta su interés jurídico exhibió las siguientes pruebas: -Copia de su credencial de elector. -Copia de la Constancia de la Clave única de Registro de Población de la directa quejosa. - Copia del oficio 8415776, firmado por el Director de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve. -Copia del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, exhibidos ante la Procuraduría Federal del Consumidor. -Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal de la citada María Isabel Iuit Jiménez, de dos de enero de dos mil diecinueve. Sin embargo, ninguna de esas probanzas es idónea para demostrar su interés jurídico, esto es, que las normas causen afectación en la esfera jurídica de la quejosa con motivo de los primeros actos de aplicación, que en el caso refiere lo constituyen la orden de visita domiciliaria notificada a través del oficio AAFY/DAF7PC/0739/2020, de diez de marzo del dos mil veinte y la orden de visita domiciliaria RE/002/PF/2020, que se llevó a cabo en el domicilio de la quejosa el doce de marzo de dos mil veinte, porque tales probanzas no demuestran que la empresa quejosa haya enajenado al público en general algún bien que no fue recuperado por el deudor prendario, y que se haya aplicado el "impuesto a las casas de empeño". Así es, ni la orden de visita domiciliaria notificada a través del oficio AAFY/DAF7PC/0739/2020, ni la orden de visita domiciliaria RE/002/PF/2020, acreditan que la parte quejosa enajenó un bien prendario que no fue recuperado por el deudor, y se aplicó el cinco por ciento del impuesto a las casas de empeño, con motivo de esa venta, cuya inconstitucionalidad se pide en este juicio. Luego, si las mencionadas normas controvertidas no han incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el precepto impugnado. Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, en la página 382, con registro 196954, con el rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En el propio tenor, el Gobernador del Estado, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues consideran que la parte quejosa no acreditó la afectación que la norma reclamada causa a su esfera jurídica, pues no demostró el acto de aplicación, respecto del artículo 85-V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, expedido mediante decreto 325/2015, ni del diverso decreto 383/2016 por el que se emite la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán y se Modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dos de mayo de dos mil dieciséis. Ahora bien, es importante destacar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular en relación con el orden jurídico, para lo cual es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 141/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." Asimismo, es preciso señalar que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, empleándose la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, circunstancia que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo el gobernado que pretende únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto, sin lograr un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no se advierte el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro sesenta y cuatro, Marzo de dos mil diecinueve, tomo II, página quinientos noventa y ocho, que dispone lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, el interés jurídico y el interés legítimo deben diferenciarse del interés simple que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. De modo tal que el interés simple es el mero interés ciudadano por la legalidad, que no lo faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. De esta manera, a diferencia del interés simple, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra y, el interés jurídico es la tutela jurídica que posee una persona, que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Conviene destacar que la existencia del interés legítimo se corrobora determinando si la eventual concesión del amparo genera un beneficio jurídico a favor del gobernado y, el interés jurídico si con la concesión del amparo se restituye el derecho que indebidamente se vulneró al gobernado y del cual es titular. En el caso concreto, la parte quejosa reclama también el artículo 85-V de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el cual fue adicionado mediante el decreto 325/2015, y establece lo siguiente: Sección Tercera De la determinación de los derechos Artículo 85-V. Los derechos por los servicios a que se refiere este capítulo, se pagarán conforme a las siguientes cuotas: Por el estudio de cumplimiento de requisitos para permitir la instalación y operación de casas de empeño, la expedición del permiso correspondiente y por su inscripción en el registro estatal de casas de empeño. 111.11 S.M.G. Por la revalidación anual del estudio de cumplimiento y del permiso. 55.56 S.M.G Por cada modificación que se solicite del permiso, debido a cambios en la información proporcionada al expedirse el permiso original. 16.67 S.M.G. Por la reposición del permiso otorgado o de la revalidación, en caso de extravío, robo o deterioro grave, a petición del interesado. 6.95 S.M.G Por la revalidación extemporánea del estudio de cumplimiento y del permiso. 83.34 S.M.G Los derechos se pagarán ante las oficinas autorizadas previamente al inicio del trámite de las solicitudes de permiso, revalidación, modificación o reposición antes descritas. Así como el decreto 383/2016, por el que se emite la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán y se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Como se advierte, dichos preceptos establecen el sistema normativo para el cálculo y entero del impuesto a las casas de empeño. De la lectura de los citados numerales, se puede advertir que los elementos esenciales que integran el impuesto a las casas de empeño son: Objeto: La enajenación de bienes dados en prenda no recuperados por el deudor prendario. Sujeto. Las personas físicas, y morales que, en el territorio del estado de Yucatán, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras. Base gravable: La diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria que celebren con el público en general. Tasa: El porcentaje del 5% aplicada a la base gravable. Época de pago. Será enterado mediante declaración mensual definitiva a más tardar el 17 de cada mes. Por su parte, la Ley que Regulas las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, contiene diversos artículos numerados del 1 al 36, en los que medularmente se reguló la vigencia de permisos y revalidaciones, requisitos para su obtención, obligaciones de los permisionarios, facultades de las autoridades administrativas (de vigilancia y sanción), y todos los aspectos relacionados con la operación de casas de empeño. En ese tenor, es menester destacar que para impugnar los artículos antes señalados, la quejosa señaló que acudía al amparo con motivo del primer acto de aplicación del artículo señalado en el decreto 325/2015, y de todo el decreto 383/2016, el cual hizo consistir en la orden de visita domiciliaria que se llevó a cabo en el domicilio de la quejosa el día doce de marzo de dos mil veinte. De los citados documentos, se advierte que la orden de visita y la realización de la misma, tuvo como único objeto supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de la persona moral quejosa, respecto a lo previsto en la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, en específico, el haber obtenido de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, permiso para la instalación y funcionamiento de la casa de empeño y la obligación de colocar, en forma permanente y en lugar visible al público, el número de permiso otorgado por la mencionada Agencia, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán. Asimismo, del resultado de la visita practicada se advierte, que al no tener el permiso señalado, la aquí quejosa se hizo acreedora a la imposición de la multa que señala el artículo 33, fracción I, de la citada Ley. Ahora, como se explicó en párrafos precedentes para acudir a reclamar dichas normas, en su carácter de heteroaplicativa, la parte quejosa debió acreditar que se encuentra en los supuestos normativos que prevén tales dispositivos; lo que en la especie no acontece, ya que no exhibe documento alguno con el que acredite que el primer acto de aplicación ocurrió, pues de las documentales que exhibió no se advierte que hubiere realizado el pago del impuesto a que se refiere el numeral 85-V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, expedidos mediante decreto 325/2015, que tilda de inconstitucional, para que así se ubicara en los supuestos normativos que regulan tales disposiciones. Tampoco se advierte la aplicación de los artículos que conforman la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, con excepción de los artículos 6, 7 y 33 fracción I, de dicha Ley. Se expone tal aserto, en virtud de que el promovente se limita a expresar que su representada, funciona como casa de empeño, lo que pretendió acreditar con la documentación que ofreció como prueba. Sin embargo, no exhibió los documentos que acrediten que ha realizado el pago del derecho que señala el artículo 85-V de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; así como tampoco se advierte que en la orden de visita y diligencia de la misma, se hubiera aplicado la totalidad de los artículos que conforman la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, pues únicamente se advierte la aplicación de los numerales 6, 7 y 33, fracción I, de la misma, siendo insuficientes a juicio de quien esto resuelve, los documentos consistentes en la acreditación de su personalidad, ni la aprobación de su registro del Director de Contratos de Adhesión, así como la orden y realización de una visita domiciliaria, pues en esta última se asentó que su objeto era únicamente el de verificar que hubiere obtenido el permiso de funcionamiento e instalación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, pues de su contenido no se advierte que se trate del documento que acredite el pago del impuesto y derecho que establece el numeral reclamado, el derecho y la aplicación de los numerales de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, con excepción de los artículos 6, 7 y 33 fracción I. Por tanto, la peticionaria del amparo no demuestra ubicarse en el supuesto normativo que se consigna en el acto reclamado, es decir, que ha enterado el impuesto y derecho establecido, y que le han sido aplicados los artículos 1 al 5, 8 al 32 y del 34 al 36 de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán. En consecuencia, resultan insuficientes para acreditar que está facultada para reclamar dichos numerales con motivo de su primer acto de aplicación. Luego, si para acreditar la afectación por un ordenamiento, se requiere que la solicitante de la protección constitucional demuestre que le han sido aplicados los numerales que reclama, y debió exhibir alguna constancia con la que demostrara que se ubicaba en tal supuesto, por tanto, es evidente que no demuestra la afectación a su esfera jurídica de derechos. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Sin que sea el caso realizar un análisis de las normas contenidas en la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán en relación a la diversa Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán como un sistema normativo, ya que por una parte, la quejosa al dar cumplimiento a la prevención de veinte de agosto de dos mil veinte, señaló expresamente que los artículos cuya inconstitucionalidad reclamaba, lo eran los citados 47-W, 47-X, 47-Y y 85-V antes analizados; aunado a ello, debe de decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica, lo que en el caso no acontece, pues como ha quedado demostrado, los numerales antes citados no le fueron aplicados en el acto por el cual pretende accionar el presente juicio de amparo. De igual forma, ya se ha determinado que los diversos numerales 6, 7 y 33, fracción I, de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, que se encuentran contenidos en la orden de visita domiciliaria RE/002/PF/2020, que se llevó a cabo en el domicilio de la quejosa el doce de marzo de dos mil veinte únicamente versan sobre la verificación de que la parte quejosa hubiere obtenido el permiso de funcionamiento e instalación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, y no guarda relación con los impuestos preceptuados en los numerales antes analizados, respecto de los cuales la quejosa sí vierte conceptos de violación. De ahí, el acto de aplicación con el que la parte quejosa acude al presente juicio de amparo, no forma una verdadera unidad normativa, pues no tiene una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 100/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 400, de la Novena Época, con registro digital 169558, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º, 61, fracción XIII de la Ley de Amparo es que se actualiza la referida causa de improcedencia, y en ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, se sobresee en el juicio promovido por Josué Sandoval Cantón, como apoderado de la quejosa MARÍA ISABEL IUIT JIMÉNEZ. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la la orden de visita domiciliaria notificada a través del oficio AAFY/DAF7PC/0739/2020, de diez de marzo de dos mil veinte y la orden de visita domiciliaria RE/002/PF/2020, que se llevó a cabo en el domicilio de la quejosa el doce de marzo de la referida anualidad, toda vez que no procede el examen de su constitucionalidad, atento a que, cuando se promueve un amparo en contra de una disposición de observancia general con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte quejosa, no puede desvincularse el estudio de dicha disposición de su acto de aplicación. Máxime que en contra de dichos actos no se vierten conceptos de violación por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En tal virtud, al haber operado el sobreseimiento del presente juicio, no puede estudiarse el fondo del asunto, toda vez que las causas de improcedencia son de estudio preferente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 al 79, 124 y 225, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO.- SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por MARÍA ISABEL IUIT JIMÉNEZ, por conducto de su apoderado Josué Sandoval Cantón, por los actos y autoridades precisados en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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