Deysi Gomez Alcantara

Expediente 69/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
69/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Deysi Gomez Alcantara
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Fiscalía Foránea de Temixco, Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, en la que hace constar el motivo por el que no le fue posible notificar el acuerdo de dieciocho de enero del año en curso a la quejosa ********************, en el domicilio que señaló para ese efecto. Al respecto, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista el acuerdo supracitado, así como las subsecuentes actuaciones, incluidas las personales, sin perjuicio de que con posterioridad señale un domicilio diverso para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese y cúmplase. Auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés: Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por ***, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalia Foránea de Temixco, Morelos. Registro de expediente Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 69/2023 y fórmese expediente. Causas de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En efecto, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente.En la especie, la quejosa señala la omisión del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Foránea de Temixco, Morelos, de dar respuesta a su escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación TX03/258/2019, en la que tiene el carácter de víctima u ofendida, así como la falta de notificación a la promovente del acuerdo que recaiga. Sin embargo, no agotó el principio de definitividad antes de acudir a la vía constitucional, pues tales actos son susceptibles de ser impugnados ante el juez de control como se explicará a continuación. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables (.)"."Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno".Además, dicho medio de impugnación es aplicable para cualquier omisión en que incurra el agente del Ministerio Público durante la etapa de investigación. Al caso, es aplicable la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así, es evidente que los actos reclamados en esta instancia constitucional, pueden ser modificados, revocados o nulificados, mediante el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el Juez de Control que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, pues para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el referido acto reclamado se imputa al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Foránea de Temixco, Morelos. Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello.En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones ministeriales de no ejercicio, abstención de investigar e incluso diversas omisiones, en la que la víctima u ofendido puede acudir ante el Juez de Control, a efecto de que, en audiencia pública, sea escuchado y se revise la determinación u omisión de la fiscalía, la cual puede ser dejada sin efectos y la autoridad judicial puede, en su caso, ordenar lo conducente, ya sea continuación de la investigación o la judicialización de la indagatoria. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que la justiciable se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que, se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante el Juez de Primera Instancia de Control en queja, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede revocarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, por lo que opera la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el medio de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, puesto que mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, por la parte afectada puede ser oída con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus razonamientos y de argumentar sobre la pertinencia de su solicitud; por lo que es evidente que en el caso, la parte inconforme debe, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por el código adjetivo en la materia y fuero. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61, en relación con los ordinales 112 y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS DE QUE SE TRATA. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 52, establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página 401 del tomo VI, correspondiente a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917- 1995, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Así como la tesis número XIX.1o.1 K, publicada en la página 177, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse.". Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), visible en página 1241, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de localización electrónica (antes IUS) 2002861, de rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES". PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas". Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para esos únicos efectos a las personas que designa, y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta del expediente electrónico. Sin que haya lugar a proveer respecto a la consulta del expediente electrónico, en virtud de que no proporciona nombre de usuario que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por ***, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalia Foránea de Temixco, Morelos. Registro de expediente Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 69/2023 y fórmese expediente. Causas de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En efecto, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En la especie, la quejosa señala la omisión del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Foránea de Temixco, Morelos, de dar respuesta a su escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación TX03/258/2019, en la que tiene el carácter de víctima u ofendida, así como la falta de notificación a la promovente del acuerdo que recaiga. Sin embargo, no agotó el principio de definitividad antes de acudir a la vía constitucional, pues tales actos son susceptibles de ser impugnados ante el juez de control como se explicará a continuación. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables (.)". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Además, dicho medio de impugnación es aplicable para cualquier omisión en que incurra el agente del Ministerio Público durante la etapa de investigación. Al caso, es aplicable la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así, es evidente que los actos reclamados en esta instancia constitucional, pueden ser modificados, revocados o nulificados, mediante el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el Juez de Control que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, pues para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el referido acto reclamado se imputa al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Foránea de Temixco, Morelos. Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones ministeriales de no ejercicio, abstención de investigar e incluso diversas omisiones, en la que la víctima u ofendido puede acudir ante el Juez de Control, a efecto de que, en audiencia pública, sea escuchado y se revise la determinación u omisión de la fiscalía, la cual puede ser dejada sin efectos y la autoridad judicial puede, en su caso, ordenar lo conducente, ya sea continuación de la investigación o la judicialización de la indagatoria. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que la justiciable se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que, se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante el Juez de Primera Instancia de Control en queja, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede revocarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, por lo que opera la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el medio de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, puesto que mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, por la parte afectada puede ser oída con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus razonamientos y de argumentar sobre la pertinencia de su solicitud; por lo que es evidente que en el caso, la parte inconforme debe, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por el código adjetivo en la materia y fuero. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61, en relación con los ordinales 112 y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS DE QUE SE TRATA. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 52, establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página 401 del tomo VI, correspondiente a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917- 1995, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Así como la tesis número XIX.1o.1 K, publicada en la página 177, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse.". Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), visible en página 1241, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de localización electrónica (antes IUS) 2002861, de rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES". PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas". Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para esos únicos efectos a las personas que designa, y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta del expediente electrónico. Sin que haya lugar a proveer respecto a la consulta del expediente electrónico, en virtud de que no proporciona nombre de usuario que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

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