Deybbyd Cortes García
Expediente 759/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Deybbyd Cortes García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 759/2020-VII, de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, bajo los lineamientos precisados en el referido artículo, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva, por lo que se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Del duplicado del incidente. Ahora, por lo que hace al duplicado del cuaderno incidental, el mismo susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Una vez cumplido el término referido, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Debe decirse que el presente incidente de suspensión no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero citado en párrafos que anteceden. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido acuerdo general, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes.
- Principal
Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Deybbyd Cortés García, hubiera recurrido el auto de trece de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Por tanto, se declara que el mismo ha causado estado y se declara firme. Orden de archivo. archívese el expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha, toda vez que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15, del acuerdo citado en párrafos que anteceden. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Acuerdo en incidente. Hágase saber lo resuelto en este acuerdo en el incidente de suspensión respectivo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, a través del cual remite la constancia de notificación realizada al quejoso el ocho de octubre de dos mil veinte, por el actuario judicial adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, dentro del exhorto con número de orden 455/2020 del índice del último del órgano jurisdiccional citado. Causa de sobreseimiento. En el presente juicio de amparo existe imposibilidad legal para analizar la inconstitucionalidad de los actos que reclama la parte quejosa, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en este juicio, en términos del numeral 63, fracción XXI, del mismo ordenamiento, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Ahora bien, de la demanda de amparo, promovida por el quejoso de mèrito contra actos del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, de la cual, se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la responsable el siete de julio del año en curso, a través del cual revoco el nombramiento del defensor público que lo asistía y solicitaba que se señalara hora y fecha para llevar a cabo la audiencia en el incidente de libertad condicionada Del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que el juez responsable señaló que el siete de julio de dos mil veinte, se recibió en dicho juzgado el escrito presentado por el aquí quejoso, a través del cual revocaba el nombramiento del defensor público que lo asistía y solicitaba que se señalara hora y fecha para llevar a cabo la audiencia en el incidente de libertad condicionada. Asimismo, señaló que el veintisiete de agosto de dos mil veinte, emitió un proveído en el que previo a atender a sus solicitudes ordenó poner a la vista del aquí quejoso el escrito de referencia para que ratificara la firma en el estampada, circunstancia que aconteció el ocho de octubre de dos mil veinte, como se advierte de la constancia de notificación realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, dentro del exhorto con número de orden 455/2020. Por lo que una vez, hecho lo anterior, el tres de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable atendió a las solicitudes hechas por el quejoso en el siguiente sentido: Tuvo por designado al defensor particular que señalo el promovente. Se indicó que dicho defensor debía comparecer a dicho juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido. Se señaló al quejoso que la defensora pública seguiría con dicho cargo hasta en tanto su defensor particular aceptara y protestara el cargo conferido. Se reservó a señalar fecha y hora para la audiencia incidental solicitada hasta en tanto su defensor particular aceptara y protestara el cargo conferido En ese orden, si la promovente de amparo acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que el juez responsable responsable había sido omisa en emitir acuerdo alguno relativo siete de julio de dos mil veinte, al haberse dictado dicha determinación el tres de noviembre de dos mil veinte, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la quejosa, es para restituirlo en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el siete de julio de dos mil veinte, se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la emisión del auto de tres de noviembre de dos mil veinte y la notificación del mismo, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Aunado a que el auto emitido por la autoridad responsable no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXI, de la Ley de Amparo. A este respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, en el presente asunto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que en auto de cinco del presente mes y año, se solicitó al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la constancia de notificación de ocho de octubre de dos mil veinte, realizada al aquí quejoso por el actuario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, para efectos de acordar lo que en derecho corresponda. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las trece horas con trece minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo.
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