Deyanira Villaseñor Moreno

Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
496/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Deyanira Villaseñor Moreno
  • Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VII-482/2020 y su acumulado 496/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. César Maltos García, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Deyanira Villaseñor Moreno, por propio derecho, en escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por César Maltos García, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y se emplazó al tercero interesado. En auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Deyanira Villaseñor Moreno, por propio derecho; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y se emplazó al tercero interesado. Por proveído de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 482/2020, oficiosamente, se ordenó la acumulación a dicho juicio del diverso 496/2020, ambos del índice de este juzgado; por lo que, concluida la secuela procesal, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional del ámbito laboral que radica en la demarcación territorial sobre la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en este apartado se procede a precisar el acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de las demandas de amparo de que se trata, se desprende que las partes quejosas (César Maltos García, en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio de amparo 482/2020 y Deyanira Villaseñor Moreno, por propio derecho, en el juicio de amparo 496/2020) reclamaron lo siguiente: La resolución dictada en el incidente de liquidación, pronunciada el doce de marzo de dos mil veinte, por la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 1432/2014. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad responsable, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuye y para corroborarlo remitió el original del expediente 1432/2014. Documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. Tal tópico constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional de oficio, advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas por la ley de la materia, por lo tanto lo procedente es analizar el fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Previo a exponer el análisis de los conceptos de violación, conviene hacer una síntesis de los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que se valoraron con antelación, de las que se obtienen lo siguiente: Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil catorce ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Deyanira Villaseñor Moreno demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, y demás personas, las prestaciones siguientes: a) Las que le correspondían de acuerdo con los artículos 41 y 43 de la Ley del Seguro Social; b) El otorgamiento de pensión por enfermedad profesional; c) El pago de las indemnizaciones con apoyo en los artículos 23, 56 y 58 de la Ley del Seguro Social; d) Los derechos que le correspondieran de acuerdo con el Reglamento de Ramas y Riesgos Profesionales y Enfermedades no Profesionales de acuerdo a la tabla del Instituto Mexicano del Seguro Social; e) El pago de la indemnización de acuerdo con los artículos 54, 492 y 495 de la Ley Federal del Trabajo; El otorgamiento de pensión por enfermedad profesional de acuerdo con el artículo 119 de la Ley del Seguro Social; f) Los incrementos porcentuales periódicos al salario mínimo del Distrito Federal, desde la fecha de determinación u otorgamiento de la incapacidad hasta la total resolución del conflicto; y, g) El otorgamiento de los incrementos que se generaran hasta la total resolución del asunto. El veintinueve de agosto siguiente, se radicó la demanda con el número 1432/2014 y se admitió a trámite, ordenándose emplazar a la autoridad demandada. Seguido los trámites legales correspondientes, el trece de abril de dos mil dieciocho se dictó el laudo respectivo, en el que se condenó al instituto demandado al reconocimiento y pago de la invalidez total y permanente de las enfermedades generales que padecía la actora, así como las prestaciones en dinero y en especie que le correspondían. Inconforme con la resolución, el instituto demandado promovió amparo directo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y lo radicó bajo el número 397/2018; así, mediante ejecutoria de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, el apoderado de la parte actora promovió el incidente de liquidación correspondiente, presentando la plantilla respectiva; por lo que el veinticuatro de mayo pasado, la junta responsable señaló hora y fecha correspondientes para el desahogo de la audiencia incidental respectiva. Además, el instituto demandado también formuló la relativa planilla de liquidación. Finalmente, en resolución de uno de octubre de dos mil diecinueve, la junta responsable resolvió el incidente de liquidación de laudo, en el que condenó al instituto demandado al pago de la cantidad de $1,127,054.19 (un millón ciento veintisiete mil cincuenta y cuatro pesos con diecinueve centavos moneda nacional). Determinación que fue impugnada en amparo indirecto, el que fue registrado bajo el número 1217/2019 del índice de este juzgado, el que culminó mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, concediendo la protección de la justicia federal a fin que se dejara insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción se dictara otra en la que la autoridad responsable precisara el salario base de cotización de la parte actora; indicara el porcentaje de la pensión fijada en el laudo; precisara qué conceptos comprenden las prestaciones que en dinero y en especie es acreedora la actora; obtuviera el porcentaje que de cada una ellas le competa a la accionante y el monto correspondiente; y realizara los cálculos aritméticos correspondientes a fin de indicar la cantidad total de lo anterior. Lo que así hizo en determinación incidental de doce de marzo de dos mil veinte, fojas 357 a 360 del tomo de pruebas. Siendo esta última determinación, la que ahora constituye el acto reclamado. Ambas quejosas argumentan, esencialmente en sus conceptos de violación, que con la emisión de la referida resolución se violaron, en su perjuicio, los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la resolución combatida, no se ocupó de todas las cuestiones que las partes le plantearon, tanto al presentarse la planilla de liquidación, hecha valer por la actora del juicio subyacente, como las expuestas por la demamada al dar contestación a ésta, lo que vulneró en su perjuicio el principio de exhaustividad. El anterior concepto de violación resulta fundado, ello en atención a que la responsable en la determinación impugnada no tomó en consideración lo expuesto por Deyanira Villaseñor Moreno al promover su planilla de liquidación, ni por el Instituto Mexicano del Seguro Social demandada en el juicio subyacente al contestar dicha planilla. En efecto, la responsable en la resolución que ahora se le reclama, expuso: Porqué resultaba competente para resolver la planilla presentada, En cuál de las partes recaía la obligación de probar y porqué ocurría ello. Cuáles eran las pruebas aportadas por las partes y su valor probatorio. Las bases y conceptos que integraban la planilla de liquidación que aprobaba. La cuantificación de ésta a través de las operaciones aritméticas respectivas; y, El total de lo reclamado. Sin embargo, omitió contestar las pretensiones expuestas por la actora y demandada, la primera al formular su planilla de liquidación y la segunda al dar contestación a ésta. Esto es así, en razón que, al presentar su planilla de liquidación, Deyanira Villaseñor Moreno, señaló que el ingreso promedio diario para cuantificar su planilla era de: $882.58 (ochocientos ochenta y dos pesos 58/100 moneda nacional). Y al respecto, expuso las razones, fundamentos y el proceso aritmético a través del cual obtenía tal suma. La pensión anual de los años 2013 a 2019, respectivamente, las estimó en: $166,439.49 $519,690.72 $530,760.12 $548,593.68 $585,733.44 $614,024.40 $204,674.80 Y al respecto, expuso las razones, fundamentos y el proceso aritmético a través del cual obtenía tal suma, al caso los correspondientes a pensión mensual, dos hijos menores, cónyuge, ayuda asistencial e incremento de la inflación. El aguinaldo correspondiente a los años de 2013 a 2018, respectivamente ascendía a: $26,845.08 $27,940.36 $28,535.49 $29,494.28 $31,491.05 $33,012.03 Las reclamaciones hechas en vía de planilla de liquidación ascendían en total a la suma de $3,347,234.97 Tres millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y cuatro pesos 97/100 moneda nacional. Y al respecto, expuso las razones, fundamentos y el proceso aritmético a través del cual obtenía tal suma, al caso los correspondientes a pensión mensual, dos hijos menores, cónyuge, ayuda asistencial, incremento de la inflación y aguinaldos. Por su parte la demandada en el juicio subyacente, al contestar la planilla de liquidación presentada por su contraria refirió que: Objetaba el monto y cantidades obtenidas por la actora, así como las operaciones aritméticas realizadas al respecto y los conceptos por los cuales la formuló. Estableció que el salario promedio para el calculo de la pensión reclamada, era de $773.76 (setecientos setenta y tres pesos 76/100 moneda nacional) y 767 semanas de cotización. El importe de las pensiones correspondientes a los años de 2013 a 2018 ascendía a las cantidades de: $ 9.472.92 $9.472.92 $9,848.99 $10,250.83 $10,469.17 $10,820.94 $11,553.52 $11.553.52 El importe total de la pensión de invalidez establecida a favor de Deyanira Villaseñor Moreno ascendía a $573,104.69 quinientos setenta y tres mil ciento cuatro pesos 69/100 moneda nacional). Al resolverse la planilla de liquidación, debían dejarse a salvo las sumas correspondientes al impuesto sobre la renta a que se refieren las fracciones III del artículo 77 y 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior permite advertir que la autoridad responsable, en la resolución reclamada, no se pronunció respecto a las manifestaciones y controversias expuestas por las quejosas en sentido anotado, esto es, fue omisa en precisar por qué motivo: El ingreso promedio diario señalados, tanto por la actora como por la demandada en el juicio subyacente, no fueron autorizados como base para la cuantificación de las prestaciones reclamadas en vía de planilla de liquidación. La pensión anual y mensual de los años 2013 a 2019, expuestas en la planilla de liquidación y en su contestación, no se autorizaron en los términos propuestos por la actora y demandada en el subyacente. Sí era procedente o no, incluir en la planilla de liquidación, el concepto de aguinaldo correspondiente a los años de 2013 a 2018, y de ser procedente dicha prestación, porqué el reclamado y cuantificado por la actora no fue autorizado. La reclamación hecha en vía de planilla de liquidación por la actora y que ascendía a la suma de $3,347,234.97 tres millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y cuatro pesos 97/100 moneda nacional, no fue autorizada en los términos solicitados por ésta. La contestación realizada por la demandada a la planilla de liquidación formulada a la actora y que ascendía a la suma de $573,104.69 quinientos setenta y tres mil ciento cuatro pesos 69/100 moneda nacional), no fue autorizada en los términos propuestos por ésta. Los motivos, razones y fundamentos por los cuales las operaciones aritméticas y procesos empleados por las partes quejosas (actora y demandada en el subyacente), no fueron autorizados en los términos solicitados por éstas. Si era procedente o no, al resolverse la planilla de liquidación, dejarse a salvo las sumas correspondientes al impuesto sobre la renta a que se refieren las fracciones III del artículo 77 y 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es pertinente acotar que para la calificación de tal motivo de disenso, se toma la causa de pedir inmersa en el mismo, esto es, analizada la pretensión de las partes quejosas, este órgano jurisdiccional advierte que éstas se duelen de una infracción al principio de exhaustividad por parte de la autoridad responsable en el dictado de la interlocutoria reclamada, que fue denominado en la demanda de amparo como una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica en su perjuicio. Anotado lo anterior y entrando al tema que nos ocupa, resulta necesario dejar establecido que el derecho de acceso a la impartición de justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional, entre otras cuestiones, implica el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso. En ese sentido, el principio de exhaustividad implica la obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales, de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos sometidos a su consideración, salvo los casos expresamente autorizados por la ley o la jurisprudencia de los tribunales de la Federación, a fin de respetar los derechos de los gobernados que someten a su arbitrio los conflictos en los que son parte. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Principio que prevé que toda resolución judicial, entre ellas la que ahora ocupa el presente estudio, debe ser acorde con lo solicitado por las partes, resolviendo y contestando todo lo solicitado por ellas, sin dejar de solucionar punto litigioso alguno, determinando lo que en derecho corresponda; ahora, el significado del mencionado principio, es como ya se dijo, la obligación que toda autoridad jurisdiccional tiene de atender lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, lo anterior como resultado de una seria valoración de los elementos probatorios, de las constancias de autos y de lo peticionado por las partes. Con lo anterior, se busca que quien se ve o se siente afectado con una determinación o resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento a ciencia cierta de lo realmente resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar en su caso con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos". Así, analizada la interlocutoria reclamada a la luz del principio de exhaustividad que debió ser atendido por la autoridad responsable en su dictado, se tiene que la misma lo infringió al no atender la totalidad de argumentos propuestos por las partes quejosas, tanto por la actora al presentar su planilla de liquidación, como por la demandada al dar contestación a la misma, lo que se traduce, como se dijo, en una violación al principio de exhaustividad de la actividad jurisdiccional. En efecto, en el tomo probatorio, en particular a fojas 224 a 229, se encuentra el escrito mediante el cual la quejosa Deyanira Villaseñor Moreno, presentó su planilla de liquidación y expuso las bases, conceptos y cantidades, así como operaciones aritméticas que estimo aplicables al caso concreto, y a fojas 252 a 258 obra el escrito presentado por la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social a través del cual dio contestación a la planilla presentada por la actora, en el cual expreso sus objeciones a ésta, las bases, cantidades, conceptos, totales y operaciones aritméticas aplicables y procedentes al caso; planilla y contestación, de cuyos contenidos esenciales, precisados en párrafos que anteceden, con meridiana claridad se advierten, las razones, fundamentos, bases, conceptos, cantidades y operaciones por las cuales debe aprobarse y reprobarse ésta. De tal suerte que para cumplir con el principio de exhaustividad, la autoridad responsable debió atender esos planteamientos para así considerar que agotó la litis incidental que le fue planteada y no limitarse a exponer las razones, fundamentos, bases, conceptos, cantidades y operaciones, por los cuales, de mutuo propio estimaba procedente la planilla de liquidación sometida a su potestad. Ya que al obrar así, omite analizar los planteamientos que al respecto le realizaron las partes, esto es, omitió precisar en su resolución combatida por qué razón no le asistía razón a la actora ni a la demandada en el juicio subyacente, al plantear y contestar la correspondiente planilla de liquidación, para de esta forma, hecho lo anterior, se pronunciarse respecto de cuáles eran las bases, conceptos, cantidades y operaciones aritméticas adecuadas, correctas o procedentes para establecer la liquidación que se le sometió a consideración. De tal modo, era menester que tales circunstancias fueran objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad responsable, a fin de acatar el principio de exhaustividad en virtud de lo cuestionado por las partes quejosas al plantear y contestar la liquidación propuesta, y agotar la totalidad de puntos controvertidos propuestos a su consideración; sin que la responsable lo hubiese hecho así, como se observa del análisis integral de la interlocutoria combatida, de ahí que ésta infringe el citado principio que debe regir en el dictado de las determinaciones jurisdiccionales, lo que se traduce en una insuficiente motivación, dado que omitir atender los planteamientos realizados al plantearse la planilla de liquidación como al contestar la misma. Sin que éste juzgador se encuentre posibilitado a pronunciarse si las bases, conceptos, cuantificaciones y operaciones aritméticas planteados por las quejosas, así como las razones y fundamentos que tuvieron para fijarlos son o no los correctos o adecuados, toda vez que ello equivaldría a sustituirse a la autoridad responsable, en cuanto encargada de dictar el derecho sobre las cuestiones jurídicas puestas a su consideración, a fin de realizar una impartición de justicia completa, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Además, al no dilucidarse a cabalidad los planteamientos realizados por las partes, tanto al plantear la planilla de liquidación que nos ocupa, como al contestarse la misma, también imposibilita que este juzgador de amparo, estudie lo acertado o no de los razonamientos expuestos por la responsable al aprobar la referida liquidación, así como las bases, conceptos, cuantificación y total por el cual la aprobó. De ahí que, como se indicó, sean fundados los planteamientos realizados por las partes quejosas, por consiguiente, a fin de reparar las violaciones cometidas se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita, para el efecto de que la responsable: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria dictada el doce de marzo de dos mil veinte, en el juicio 1432/2014 del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. b) En su lugar emita otra, en la que reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo y, con plenitud de jurisdicción se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por las partes quejosas, al caso por la actora en el juicio subyacente al presentar su planilla de liquidación y por la demandada al contestar ésta, que se omitió analizar en la interlocutoria reclamada, consistente en los alegatos relativos a las razones y fundamentos por los cuales: El ingreso promedio diario señalados, tanto por la actora como por la demandada en el juicio subyacente, no fueron autorizados como base para la cuantificación de las prestaciones reclamadas en vía de planilla de liquidación. La pensión anual y mensual de los años 2013 a 2019, expuestas en la planilla de liquidación y en su contestación, no se autorizaron en los términos propuestos por la actora y demandada en el subyacente. Sí era procedente o no, incluir en la planilla de liquidación, el concepto de aguinaldo correspondiente a los años de 2013 a 2018, y de ser procedente dicha prestación, porqué el reclamado y cuantificado por la actora no fue autorizado. La reclamación hecha en vía de planilla de liquidación por la actora y que ascendía a la suma de $3,347,234.97 tres millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y cuatro pesos 97/100 moneda nacional, no fue autorizada en los términos solicitados por ésta. La contestación realizada por la demandada a la planilla de liquidación formulada a la actora y que ascendía a la suma de $573,104.69 quinientos setenta y tres mil ciento cuatro pesos 69/100 moneda nacional), no fue autorizada en los términos propuestos por ésta. Los motivos, razones y fundamentos por los cuales las operaciones aritméticas y procesos empleados por las partes quejosas (actora y demandada en el subyacente), no fueron autorizados en los términos solicitados por éstas. Si era procedente o no, al resolverse la planilla de liquidación, dejarse a salvo las sumas correspondientes al impuesto sobre la renta a que se refieren las fracciones III del artículo 77 y 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Y acorde con ello resuelva lo relativo a los demás aspectos sometidos a su consideración. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Deyanira Villaseñor Moreno y al Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones y motivos contenidos en el considerativo quinto de esta resolución y para los efectos precisados en el mismo.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a las diecisiete horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo VII-482/2020 y su acumulado VII496/2020, quedando los autos para dictar resolución. Por tanto, se ordena formar cuadernillo de integrado a fin de glosar al mismo las actuaciones que se realicen previo al dictado de la sentencia respectiva. Aviso de cambio de titular Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Una vez que se dicte el fallo en el juicio de amparo del que emana este cuadernillo, agréguese éste a sus autos sin previo acuerdo. Integración Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las diecisiete horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno1 , hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VII-482/2020 y su acumulado VII 496/2020, promovido por Deyanira Villaseñor Moreno, por propio derecho, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto de su apoderado jurídico Cesar Maltos García, contra actos de la: ? Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. De quienes reclaman el acto consistente en: ? Deyanira Villaseñor Moreno: "La resolución recaída al incidente de liquidación, emitida con fecha 12 de marzo de 2020, conforme a la cual la Junta Responsable determinó como monto de la pensión de invalidez, mensual la cantidad de $8,237.32, así como una condena al pago de $969,774.27, por concepto de retroactivo de dicha pensión a la fecha de emisión de la resolución de mérito emitida dentro del juicio laboral número 1432/2014, radicado ante la propia Responsable. (sic) ? Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, con sede en esta ciudad: "La resolución incidental de liquidación de laudo de doce de mazo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 1432/2014, de la estadística de la autoridad responsable. (sic) El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Marco Antonio Arroyo Rodríguez, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, el secretario procede a efectuar la relación de constancias que obran en autos, entre las que destacan:  Escritos iniciales de demanda.  Auto admisorio de veinte2 y veintiuno3 de agosto de dos mil veinte. Por otra parte, en cuanto a los informes justificados que obran en autos, el secretario hace relación de él mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Sentido (Auto) 1 Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Cierto (28-08-2020) VII-482/2020. Cierto (02-10-2020) VII-496/2020. El acuerdo en que se tuvieron por recibidos y las documentales que la Junta responsable adjuntó a su oficio número J30/251/2021, con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba -proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno-. De igual forma, el emplazamiento practicado a los terceros interesados Deyanira Villaseñor Moreno (se notificó por medio de lista el veintiuno de diciembre de dos mil veinte) e Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, con sede en esta ciudad (se notificó por medio de oficio el diecisiete de noviembre de dos mil veinte). Asimismo, el secretario hace constar: Que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló alegatos (recibido en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno). Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que la Junta responsable adjuntó a su oficio número J30/251/2021, con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba -proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno-. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el Juez hace constar: Que únicamente el Agente del Ministerio Público Federal adscrito realizó manifestaciones; a lo que el Juez acuerda: Téngasele por perdido el derecho a las demás partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, el Juez declara vistos los autos y dispone que cuando las labores del juzgado lo permitan, se pronuncie la sentencia respectiva. Doy fe. LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL, JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LIC. MARCO ANTONIO ARROYO RODRÍGUEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO.

  4. Principal

    Se recibe oficio. Visto el pedimento 52/2021, del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha su manifestación que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarla en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Diferimiento Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, copia certificada de los autos originales del juicio laboral 1432/2014. Asimismo, debe señalarse que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las catorce horas con cincuenta minutos del del día de hoy; sin embargo, no es posible llevar a cabo tal diligencia en atención al impedimento de carácter legal precisado en el párrafo precedente, por ende, lo procedente es decretar su diferimiento, fijándose las diecisiete horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración sin la presencia física de las partes, pudiendo recibirse alegatos de manera electrónica o física, según corresponda, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Notificación por lista. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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