Deyanira Ramos Rodríguez
Expediente 880/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Deyanira Ramos Rodríguez
- María Guadalupe Martínez Gutiérrez y Otros.
- María Guadalupe Martínez Gutiérrez
- Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Oral de la Ciudad de Tecate, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Certificación de relación de constancias. Asimismo, la Secretaria certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. De igual manera, la secretaria certifica que las promociones y determinaciones judiciales relativas a este expediente físico concuerdan con las correspondientes al electrónico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: Partes Pruebas Fojas Admitidas y desahogadas Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia, con sede en Tecate Documentales Un tomo de pruebas por separado 4 de julio de 2023 Asimismo, la Secretaria hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre hizo uso de ese derecho, mientras que las partes restantes no los formularon. Acuerdo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida parte formulando alegatos de su intención y por lo que hace a las partes restantes, se les tiene por precluído su derecho para formularlos y se da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 880/2023-I; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, recibida en esa misma fecha en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ******************** y ********************, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal respecto de las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO AUTORIDAD ORDENADORAS DEL ACTO: 1.- Lo son las siguientes: A) EL JUEZ DEL CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA [.] B) FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, SOCIEDAD Y EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE TECATE, BAJA CALIFORNIA. [.] COMO AUTORIDADES EJECUTORAS DEL ACTO: 2.- Lo son las siguientes: A) LA COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. B) EL INSPECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA COMISARIA GENERAL DE POLICIA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. [.] C) COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA D) DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [.]. IV. ACTOS RECLAMADOS. Reclamo de las autoridades responsables los siguientes actos en mi contra: A) LA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN MI CONTRA Y LA EJECUCIÓN DE LA MISMA por parte de las autoridades responsables. B) LA ORDEN DE BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN GIRADA EN MI CONTRA Y LA EJECUCIÓN DE LA MISMA por parte de las autoridades responsables. C) LA ORDEN DE REALIZAR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE MI PERSONA, SIN ENCONTRARME EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PARA ELLO, ACORDE AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. D) LA NEGATIVA A PROPORIONAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE SABER EL NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y QUE AUTORIDAD MINISTERIAL ORDENO LA BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN, CUANDO SE CUMPLIO YA UNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, radicó la demanda, la registró bajo partida 386/2023, admitió a trámite la demanda, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El veinte de julio de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo interpuesta, y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Así, el oficio 14018/2023 fue recibido el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y entregado el veintisiete de julio siguiente en este órgano jurisdiccional. El veintiocho de julio de dos mil veintitrés, éste juzgado de distrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, se registró bajo expediente ******************** y se convalidaron las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 386/2023 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, ordenando la continuación del trámite del asunto en la etapa en que se encontraba. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Justificación. Lo anterior, porque se reclaman actos cuyas consecuencias materiales y jurídicas tienen ejecución en esta ciudad, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades -en su denominación correcta- y por los actos que se precisan a continuación: No. Autoridades responsables Actos reclamados 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate i) La orden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación e individualización girada en contra de las quejosas. ii) La omisión de proporcionar los datos correspondientes a la carpeta de investigación que se sigue en contra de las quejosas. 2 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia de Tecate, Baja California 3 Comisaría General de la Policía de Investigación del Estado, Aguascalientes, Aguascalientes. 4 Unidad de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación del Estado, Aguascalientes, Aguascalientes. 5 Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, Tijuana 6 Director de Cumplimiento y Mandamientos Judiciales adscrito al municipio de Mexicali, Baja California Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables -en su denominación correcta- rindieron su informe con justificación, de la manera siguiente: No. Autoridades responsables Sentido del Informe Páginas 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate Niega 35 2 Comisaría General de la Policía de Investigación del Estado, Aguascalientes, Aguascalientes. 25 3 Unidad de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación del Estado, Aguascalientes, Aguascalientes. 26 4 Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, Tijuana 36 5 Director de Cumplimiento y Mandamientos Judiciales adscrito al municipio de Mexicali, Baja California 95 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar su negativa. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con relación a dichas autoridades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados Por su parte, la diversa autoridad responsable rindió su informe de la siguiente manera: Autoridad responsable Sentido del informe Fojas Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia de Tecate, Baja California Niega 38-39 Atento a lo anterior, se advierte que la responsable negó los actos que le fueron reclamados; no obstante, del propio informe se desprende que aceptó que en la carpeta de investigación ******************** instruida en contra de las quejosas, se ha emitió una orden de investigación a la policía ministerial (con tarea específica) en la que encomendó la búsqueda e individualización de las imputadas ******************** y ********************, aquí quejosas. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación de origen que remitió la responsable con su informe justificado y con las que se formó un tomo de pruebas; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. No se afecta el interés jurídico de las quejosas. Este órgano jurisdiccional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Motivos en que se sustenta la causal. Lo anterior, porque la orden de búsqueda e individualización no afecta los intereses jurídicos o legítimos de las quejosas, pues lo único que denota es la existencia de una investigación en su contra, lo cual es una facultad exclusiva del Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional, ya que a esa representación social le compete investigar los hechos que considere delictuosos; en ese sentido, el interés particular de las impetrantes no puede estar por encima del interés social. Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." Interpretación. El interés jurídico de que se habla en el dispositivo legal en cita, se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que, sólo el sujeto de esos derechos puede ejercer la acción constitucional. Por su parte, el interés legítimo se define como aquél interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Así, tenemos que los actos de autoridad tendrán que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. En efecto, nuestro máximo tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que el interés jurídico puede equipararse a un derecho subjetivo, el cual, la doctrina lo define como un interés jurídicamente protegido o la potestad de exigir correlativa a la existencia de un deber jurídico de cumplir con dicha exigencia. En otras palabras, para el reconocimiento de un interés jurídico sobre una situación legalmente reconocida, es menester que el propio orden legal le otorgue al particular la capacidad para obtener coactivamente su respeto. También, ha señalado el máximo tribunal, que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que exista una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause agravio de diversa naturaleza; el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico. Esta condición para la procedencia del juicio de amparo, tiene su fundamento constitucional en el artículo 107, el cual, en su fracción primera, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que conforma uno de los principios rectores del juicio de amparo. Sin embargo, cabe destacar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, consagra la obligación del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos. Tomando como base dichas premisas, se patentiza que la orden de búsqueda e individualización, no afecta los intereses jurídicos o legítimos de las quejosas, porque se refiere a una investigación en su contra, lo cual es una facultad exclusiva del Ministerio Público, ya que por disposición constitucional a ese órgano le compete investigar los hechos que considere delictuosos; en ese sentido, el interés particular de las impetrantes no puede estar por encima del interés social. Efectivamente, lo atribuido a la representación social responsable afecta el interés jurídico de las quejosas, en razón de que el ejercicio de la acción penal constituye una facultad constitucionalmente conferida al Ministerio Público, pues la sociedad está interesada en que se cumpla cabalmente; para ello, por disposición del ordinal 21 del citado ordenamiento supremo, dicha institución debe avocarse a la investigación de los acontecimientos probablemente constitutivos de ilícito. Por tanto, si la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el representante social reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, es dable concluir, que dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Lo anterior, en virtud de que el comienzo y trámite de la investigación, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización; incluso, mediante el juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esa etapa, como el aquí combatido (búsqueda e individualización), no irrogan perjuicio alguno a las personas, pues no trasciende de manera irreparable en su esfera jurídica, en razón de ser susceptible de anularse o contrarrestarse al momento el agente investigador formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la investigación formalizada, o bien, determine el no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, que se haya ordenado por parte del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia de Tecate, Baja California la búsqueda e individualización de las aquí quejosas, no afecta su interés jurídico o legítimo, pues esas acciones, según lo informó la responsable, tenían por objeto lograr su identificación para efecto de la integración de una carpeta, pero no para detenerlas, aprehenderlas o privarlas de su libertad deambulatoria, debido a que la carpeta de investigación se encuentra en fase de integración; por lo que las propias quejosas pueden acudir ante la representación social encargada de la carpeta en comento y apersonarse para deslindar responsabilidades o bien para aclarar los hechos que se investigan, razón por la cual, no les crea afectación a su interés jurídicos el que las busquen e individualicen para efectos investigatorios. No se soslaya que las quejosas también refieren combatir la omisión de que se les proporcione la información respectiva a la carpeta de investigación iniciada en su contra; sin embargo, la responsable indicó que las impetrantes no han comparecido a solicitar información al respecto. No obstante, en modo alguno, es factible considerar que los actos emitidos durante la sustanciación de la indagatoria afecten el interés jurídico o legítimo de las quejosas y con ello sea procedente el juicio de amparo, pues de considerarlo de tal manera se obstaculizaría injustificadamente la facultad del Ministerio Público de allegarse de pruebas para esclarecer si se ha cometido un hecho tipificado como delito y la probable responsabilidad de las mismas. Robustece tal aserto, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, de rubro y texto: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Conclusión. Consecuentemente, al probarse la existencia del motivo de improcedencia contemplado en el numeral 61 fracciones XII, de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio acorde a lo establecido en el diverso 63 fracciones V, del propio ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo ******************** promovido por ******************** y ********************, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero y cuarto de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día; sin embargo, el expediente no está integrado para emitir la resolución correspondiente. Estado de autos. Lo anterior, es en ese sentido ya que del estado de autos se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, éste órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************, con motivo de la incompetencia declinada por el Juzgado Quinto en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, lo cual se hizo del conocimiento de las partes. Asimismo, que el dos de agosto del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, informó la imposibilidad que le asistió para entregar el oficio 14815 de veintiocho de julio anterior, en razón de que la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como "Director de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California", no tiene su domicilio en esta ciudad, sino en Mexicali, Baja California, por lo que se reexpidió el comunicado de referencia, acompañado del escrito inicial de demanda y auto admisorio. Se rinde informe justificado. En razón de lo anterior, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Diferimiento. Ahora bien, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de exhorto. Intégrese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local 450/2023-I, orden 450/2023-I, del índice de este juzgado. En consecuencia, háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que sea el caso remitir el acuse respectivo, toda vez que el mismo lo genera el sistema al momento del envío. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintitrés. Remite cuaderno incidental. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, a través del cual remite el cuaderno del incidente de suspensión 386/2023 de su índice. En consecuencia, realícese el cambio de carátula del referido cuaderno incidental con los datos correspondientes del juicio de amparo en que se actúa y acúsese el recibo a la autoridad oficiante. Notifíquese.
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