Deyanira Ortiz Nepomuceno
Expediente 1394/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1394/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, Ciudad
- Deyanira Ortiz Nepomuceno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio 5492/2021 enviado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa; y en atención a su contenido, transfiérase a dicha autoridad el billete de depósito N 851995 expedido por la cantidad de $3,378.00 (tres mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100), háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; glósense a los autos el oficio 2597/2021 enviado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que por auto de cuatro de febrero del año en curso, aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Deyanira Ortiz Nepomuceno, el cual quedó registrado con el número 174/2021-II de su índice, asimismo, solicita a este órgano de control constitucional se le remitan las constancias que adjuntó la autoridad responsable al informe justificado. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, remítase el legajo de pruebas solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
veinte de enero de dos mil veintiunoFaustino Gutierrez PerezLuz Soledad Zamudio Rangel1394/2019, DE ANIRAORTIZNEPOMUCENO ANIRAORTIZNEPOMUCENO S E N T E N C I A V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 1394/2019; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en este ciudad, turnado a este órgano de control constitucional al día siguiente, Deyanira Ortíz Nepomuceno promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó la multa impuesta en su contra. SEGUNDO. Por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 1394/2019-2 y se admitió a trámite, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se tramitó el incidente de suspensión solicitado, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : ÚNICO. Este Juzgado de Distrito tramitó el presente juicio conforme a los artículos 103 fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales; 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33 fracción IV de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de los actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción. Así, para establecer la competencia, no sólo se debe atender a los planteamientos hechos en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a ella, para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo expuesto encuentra sustento en la tesis 1ª.11/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, mayo de 1992, página 94 (registro 206167), que a la letra dice: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA PARA FIJAR SU.- En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores, el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve la demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación promover en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Establecido lo anterior, es necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, en la ejecución del acto reclamado se basa el criterio en que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierten tres hipótesis relativas a la competencia por territorio en materia de amparo, a saber: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, dadas las características y naturaleza de la orden reclamada, cabe señalar que la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que trate de ejecutar, ejecute o haya ejecutado el acto reclamado, sin que la competencia del Juez de Distrito pueda circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda de garantías pues de hacerlo se dejaría al arbitrio del impetrante de amparo, la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, de lo que se sigue que para fijar la competencia debe atenderse al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que hayan reconocido el acto reclamado o aquellas a las que se les tuvo por cierto. Apoya dicha consideración la jurisprudencia 1a./J. 12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, tomo II, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a Septiembre de 1995 (registro 200455), de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.- Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Cabe destacar que mediante criterio Jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.), el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se reclama una orden de aprehensión, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en el que reside la autoridad que la emitió, cuando una vez que se hubieren rendido los informes con justificación desaparece la posibilidad de que el citado acto se vaya a ejecutar en más de un circuito. El aludido criterio se encuentra visible página 1071, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, del Libro 53, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2016596), cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Ahora, el citado criterio precisa que, tratándose de la orden de aprehensión, si una vez que se hubieren rendido los informes con justificación de las autoridades ejecutoras, éstas niegan los actos que se les reclaman y el quejoso no desvirtúa esa negativa; es inconcuso que la posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, por no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial distinto al en que resida la autoridad que emitió la orden de aprehensión, debiendo entonces conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió. Ahora, de la citada jurisprudencia se advierte que para que el Juez que inicialmente conoció del juicio de amparo, por residir dentro de su jurisdicción territorial la autoridad señalada como ejecutora, deba declararse incompetente, es necesario que se actualicen los supuestos siguientes: Que la demanda de amparo se presente ante el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción territorial residan las autoridades que se hayan señalado como ejecutoras. Que las autoridades ejecutoras que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez que lo hacían competente, una vez rendido su informe con justificación nieguen el acto reclamado. Que la negativa del acto no se desvirtúe por el impetrante de amparo. En la especie, según se colige de las constancias de autos, en cuanto al primer supuesto marcado con el inciso a), éste se encuentra acreditado, pues la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el quejoso Fernando Hernández Amezquita, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que hizo consistir en la orden de aprehensión y detención o comparecencia dictada en su contra y su ejecución. Ahora, en relación al segundo supuesto marcado con el inciso b) se estima colmado, virtud a que las autoridades responsables ejecutoras con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia de los actos que por la presente vía constitucional se les reclamó. Por otra parte, en cuanto al tercero de los supuestos marcado con el inciso c) también se tiene por colmado, pues de las constancias de autos no se advierte que el quejoso hubiere ofrecido medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa de las autoridades ejecutoras. Por su parte, la autoridad responsable señalada como Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al rendir su respectivo informe con justificación reconoció la certeza del acto que se le reclama (fojas 62 a 65); circunstancia que se corrobora con las documentales que adjuntó a dicho informe, relativas a la causa penal 93/2008-IV de su índice, instruida en contra del aquí quejoso Fernando Hernández Amezquita, por su responsabilidad en la comisión del delito de Defraudación, en la cual, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve se reactivó la orden de reaprehensión reclamada en este asunto. Documentales a las que se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civil de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral segundo, mismas que obran en seis tomos de pruebas por separado y que se tienen a la vista en este momento. Por tanto, es de concluirse se encuentran colmados en su totalidad los supuestos establecidos en el aludido criterio jurisprudencial, en el que se establece que no resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que habiendo sido inicialmente competente por encontrarse dentro de su jurisdicción las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, éstas negaren la existencia del acto reclamado. En ese tenor, conforme al punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se evidencia que los Juzgados de Distritos en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, son los que ejercen jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia la autoridad responsable que libró la orden de reaprehensión motivo de reclamo en el presente controvertido constitucional. En las relatadas condiciones, si las autoridades responsables que tienen su residencia en donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal negaron la existencia del acto reclamado y la diversa autoridad que reconoció la certeza del acto reclamado, tiene su residencia en Monterrey, Nuevo León, es inconcuso que al haberse colmado los supuestos del criterio jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del asunto. Robustece lo dicho, la jurisprudencia P./J. 9/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Enero de 2001, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 190373), cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE- Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para resolver el presente asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al mismo y los tomos de pruebas formados por separado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, al Juez de Distrito en Materia Penal en turno, con residencia en Monterrey, Nuevo León, para que se avoque a su conocimiento, solicitándole el acuse de recibo. Desde luego, se informa que el seis de junio del año que transcurre, se dictó la suspensión definitiva a favor del quejoso. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo 367/2019-5, promovido por Fernando Hernández Amezquita, contra actos del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y otras autoridades. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, incluidos los cuadernos incidentales y seis tomo de pruebas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, con sede en Monterrey. TERCERO. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en ausencia de las constancias que se remiten. advierte que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, dictó una resolución interlocutoria en el incidente derivado del juicio de amparo 1398/2019-V del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por Concretos Tancol, S.A. de C.V, contra la diversa interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, emitida a su vez en el incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 248/4/2011, de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta localidad. Por otra parte, cabe señalar que el tres de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Héctor David Rodríguez Rodríguez, en su calidad de apoderado legal de Concretos Tancol, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se reclama: ". la omisión injustificada por parte de la autoridad responsable de emitir los acuerdos correspondientes a 4 escritos presentados por la parte que represento a través de su apoderado legal dentro del Juicio Ordinario Laboral radicado ante dicha autoridad bajo el número de expediente 248/4/2011, mediante los cuales promovió dos incidentes de nulidad y dos revisiones de actos de ejecución del presidente y actuario adscritos a la autoridad responsable, denegando la responsable a la parte quejosa el derecho al acceso efectivo ala administración de justicia." (fojas 3 a 13). De lo antes expuesto, este juzgado considera que el presente asunto, se encuentra en el supuesto que refiere el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de quince de enero de dos mil quince y el Acuerdo General de dicho Pleno, que lo reforma y adiciona, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, los que establecen: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Derogada; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." En ese sentido, el suscrito juzgador estima que en la especie, se surte el criterio general de relación previsto en la segunda fracción del artículo antes transcrito, esto porque de las constancias se advierte que existe conocimiento previo por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al tramitarse el juicio de amparo 1398/2019-V de su índice, en relación con el expediente laboral 248/4/2011, de la Junta Especial Número 4, de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta localidad, juicio del que se desprenden los actos aquí reclamados por Héctor David Rodríguez Rodríguez, en su calidad de apoderado legal de Concretos Tancol, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para esta fecha; asimismo, remítase el aludido juicio de amparo, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en esta localidad previa formación del respectivo cuaderno de antecedentes, a efecto de que se pronuncie en términos del artículo 46 del referido Acuerdo General. Finalmente, hágase del conocimiento a dicho órgano jurisdiccional que el veintidós de septiembre del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. LICENCIADO Faustino Gutierrez Perez. EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LICENCIADO Luz Soledad Zamudio Rangel.
- Principal
...para conocimiento del quejoso...R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en este ciudad, turnado a este órgano de control constitucional al día siguiente, Deyanira Ortíz Nepomuceno promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó la multa impuesta en su contra. SEGUNDO. Por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 1394/2019-2 y se admitió a trámite, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se tramitó el incidente de suspensión solicitado, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : ÚNICO. Este Juzgado de Distrito tramitó el presente juicio conforme a los artículos 103 fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales; 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33 fracción IV de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de los actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción. Así, para establecer la competencia, no sólo se debe atender a los planteamientos hechos en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a ella, para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo expuesto encuentra sustento en la tesis 1ª.11/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, mayo de 1992, página 94 (registro 206167), que a la letra dice: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA PARA FIJAR SU.- En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores, el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve la demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación promover en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Establecido lo anterior, es necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, en la ejecución del acto reclamado se basa el criterio en que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierten tres hipótesis relativas a la competencia por territorio en materia de amparo, a saber: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, dadas las características y naturaleza de la orden reclamada, cabe señalar que la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que trate de ejecutar, ejecute o haya ejecutado el acto reclamado, sin que la competencia del Juez de Distrito pueda circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda de garantías pues de hacerlo se dejaría al arbitrio del impetrante de amparo, la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, de lo que se sigue que para fijar la competencia debe atenderse al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que hayan reconocido el acto reclamado o aquellas a las que se les tuvo por cierto. Apoya dicha consideración la jurisprudencia 1a./J. 12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, tomo II, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a Septiembre de 1995 (registro 200455), de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.- Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Cabe destacar que mediante criterio Jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.), el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se reclama una orden de aprehensión, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en el que reside la autoridad que la emitió, cuando una vez que se hubieren rendido los informes con justificación desaparece la posibilidad de que el citado acto se vaya a ejecutar en más de un circuito. El aludido criterio se encuentra visible página 1071, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, del Libro 53, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2016596), cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Ahora, el citado criterio precisa que, tratándose de la orden de aprehensión, si una vez que se hubieren rendido los informes con justificación de las autoridades ejecutoras, éstas niegan los actos que se les reclaman y el quejoso no desvirtúa esa negativa; es inconcuso que la posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, por no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial distinto al en que resida la autoridad que emitió la orden de aprehensión, debiendo entonces conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió. Ahora, de la citada jurisprudencia se advierte que para que el Juez que inicialmente conoció del juicio de amparo, por residir dentro de su jurisdicción territorial la autoridad señalada como ejecutora, deba declararse incompetente, es necesario que se actualicen los supuestos siguientes: Que la demanda de amparo se presente ante el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción territorial residan las autoridades que se hayan señalado como ejecutoras. Que las autoridades ejecutoras que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez que lo hacían competente, una vez rendido su informe con justificación nieguen el acto reclamado. Que la negativa del acto no se desvirtúe por el impetrante de amparo. En la especie, según se colige de las constancias de autos, en cuanto al primer supuesto marcado con el inciso a), éste se encuentra acreditado, pues la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el quejoso Fernando Hernández Amezquita, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que hizo consistir en la orden de aprehensión y detención o comparecencia dictada en su contra y su ejecución. Ahora, en relación al segundo supuesto marcado con el inciso b) se estima colmado, virtud a que las autoridades responsables ejecutoras con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia de los actos que por la presente vía constitucional se les reclamó. Por otra parte, en cuanto al tercero de los supuestos marcado con el inciso c) también se tiene por colmado, pues de las constancias de autos no se advierte que el quejoso hubiere ofrecido medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa de las autoridades ejecutoras. Por su parte, la autoridad responsable señalada como Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al rendir su respectivo informe con justificación reconoció la certeza del acto que se le reclama (fojas 62 a 65); circunstancia que se corrobora con las documentales que adjuntó a dicho informe, relativas a la causa penal 93/2008-IV de su índice, instruida en contra del aquí quejoso Fernando Hernández Amezquita, por su responsabilidad en la comisión del delito de Defraudación, en la cual, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve se reactivó la orden de reaprehensión reclamada en este asunto. Documentales a las que se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civil de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral segundo, mismas que obran en seis tomos de pruebas por separado y que se tienen a la vista en este momento. Por tanto, es de concluirse se encuentran colmados en su totalidad los supuestos establecidos en el aludido criterio jurisprudencial, en el que se establece que no resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que habiendo sido inicialmente competente por encontrarse dentro de su jurisdicción las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, éstas negaren la existencia del acto reclamado. En ese tenor, conforme al punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se evidencia que los Juzgados de Distritos en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, son los que ejercen jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia la autoridad responsable que libró la orden de reaprehensión motivo de reclamo en el presente controvertido constitucional. En las relatadas condiciones, si las autoridades responsables que tienen su residencia en donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal negaron la existencia del acto reclamado y la diversa autoridad que reconoció la certeza del acto reclamado, tiene su residencia en Monterrey, Nuevo León, es inconcuso que al haberse colmado los supuestos del criterio jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del asunto. Robustece lo dicho, la jurisprudencia P./J. 9/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Enero de 2001, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 190373), cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE- Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para resolver el presente asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al mismo y los tomos de pruebas formados por separado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, al Juez de Distrito en Materia Penal en turno, con residencia en Monterrey, Nuevo León, para que se avoque a su conocimiento, solicitándole el acuse de recibo. Desde luego, se informa que el seis de junio del año que transcurre, se dictó la suspensión definitiva a favor del quejoso. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo 367/2019-5, promovido por Fernando Hernández Amezquita, contra actos del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y otras autoridades. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, incluidos los cuadernos incidentales y seis tomo de pruebas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, con sede en Monterrey. TERCERO. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en ausencia de las constancias que se remiten. advierte que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, dictó una resolución interlocutoria en el incidente derivado del juicio de amparo 1398/2019-V del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por Concretos Tancol, S.A. de C.V, contra la diversa interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, emitida a su vez en el incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 248/4/2011, de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta localidad. Por otra parte, cabe señalar que el tres de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Héctor David Rodríguez Rodríguez, en su calidad de apoderado legal de Concretos Tancol, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se reclama: ". la omisión injustificada por parte de la autoridad responsable de emitir los acuerdos correspondientes a 4 escritos presentados por la parte que represento a través de su apoderado legal dentro del Juicio Ordinario Laboral radicado ante dicha autoridad bajo el número de expediente 248/4/2011, mediante los cuales promovió dos incidentes de nulidad y dos revisiones de actos de ejecución del presidente y actuario adscritos a la autoridad responsable, denegando la responsable a la parte quejosa el derecho al acceso efectivo ala administración de justicia." (fojas 3 a 13). De lo antes expuesto, este juzgado considera que el presente asunto, se encuentra en el supuesto que refiere el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de quince de enero de dos mil quince y el Acuerdo General de dicho Pleno, que lo reforma y adiciona, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, los que establecen: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Derogada; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." En ese sentido, el suscrito juzgador estima que en la especie, se surte el criterio general de relación previsto en la segunda fracción del artículo antes transcrito, esto porque de las constancias se advierte que existe conocimiento previo por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al tramitarse el juicio de amparo 1398/2019-V de su índice, en relación con el expediente laboral 248/4/2011, de la Junta Especial Número 4, de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta localidad, juicio del que se desprenden los actos aquí reclamados por Héctor David Rodríguez Rodríguez, en su calidad de apoderado legal de Concretos Tancol, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para esta fecha; asimismo, remítase el aludido juicio de amparo, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en esta localidad previa formación del respectivo cuaderno de antecedentes, a efecto de que se pronuncie en términos del artículo 46 del referido Acuerdo General. Finalmente, hágase del conocimiento a dicho órgano jurisdiccional que el veintidós de septiembre del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. LICENCIADO Faustino Gutierrez Perez. EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LICENCIADO Luz Soledad Zamudio Rangel.
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