Deyanira Castañeda Arellano

Expediente 744/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
744/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Deyanira Castañeda Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio signado por el Encargado de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintiuno de junio del año en curso (foja 271), remite las constancias como le fueron solicitadas; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 75 de la Ley de Amparo vigente, agréguense a los presentes autos el ocurso de cuenta con vista a las partes. Luego, déjense las documentales aludidas por separado para su mejor consulta, en un tomo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********* respecto del acto reclamado destacado en el considerando segundo, atribuido a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    **** TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 155-163); en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, aplicado contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 36-40 del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. ****

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de abril del año en curso (fojas 152 y 153), la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veinticinco de abril del presente año (foja 154), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintiséis siguiente (foja 155); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del treinta de abril al tres de mayo de la anualidad que transcurre, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 85), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) Abstenerse de aplicar al quejoso Julián Rodríguez Arias, en el presente y futuro, los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio dos mil dieciocho, declarados inconstitucionales, en lo relativo al cobro de derechos por inscripción de instrumentos públicos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los impuestos adicionales para el fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit; lo anterior, hasta en tanto exista un nuevo acto legislativo por el que se emita de la ley de ingresos correspondiente. (.). b) De tal manera que deberá desincorporarse la obligación tributaria impuesta en los recibos en los que consta la aplicación concreta de dichos dispositivos legales; así, la consecuencia por la violación al principio de proporcionalidad, que afecta a la base de las contribuciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, obliga a restituir las cantidades pagadas por concepto de los impuestos adicionales para el fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit que constan en los recibos de once y diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por los montos de $3,388.71, $2,033.22, $1,626.58, $148.75, $89.25 y $71.4, respectivamente. c) En el entendido que los efectos de esta resolución no implican liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado; por lo que, a fin de privilegiar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la restitución en el goce de los derechos fundamentales violentados en relación con el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, implica que se cobre únicamente la cuota fija mínima ahí prevista de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); y, por ende, se devolverá a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de esa cantidad, respecto de la cantidad de $13,554.84 (trece mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 moneda nacional), por concepto de "Inscrip. documento público o privado". (.) d) Cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena restituir al quejoso en esta sentencia no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén el pago de un derecho tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. (.) e) La devolución de los montos referidos en los incisos b) y c) deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que deberá actualizarse de acuerdo con los artículos 35 y 36 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio dos mil dieciocho, declarados inconstitucionales, en lo relativo al cobro de derechos por inscripción de instrumentos públicos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los impuestos adicionales para el fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, asimismo sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso, en el presente y en el futuro; y B). Que la autoridad responsable devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó, exceptuando algún pago de intereses que se hayan generado respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; así como, que dicha cantidad tiene que ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 152 y 153), la delegada de la citada autoridad responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución al apoderado del quejoso por medio de cheque con número 20393 el once de abril del año en curso, por la cantidad de $20,846.55 (veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100, moneda nacional). Por lo que se procede a determinar si la cantidad que pretende devolver la oficiante es la correcta; en ese tenor, si tenemos que al monto total de $20,912.76 (veinte mil novecientos doce pesos con setenta y seis centavos 76/100, moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, erogaciones efectuadas por el quejoso a favor de la responsable el catorce y veinte de septiembre del año pasado (foja 20 y 21), respectivamente, se le resta la cuota a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, da como resultado la suma de $20,632.76 (veinte mil seiscientos treinta y dos pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, la parte quejosa efecto el pago de los recibos fiscales materia de la concesión el catorce y veinte de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente, consecuentemente la responsable mediante titulo mercantil número 20393 de once de abril del año en curso, devolvió al apoderado del quejoso la cantidad de $20,846.55 (veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100 moneda nacional); en ese tenor, el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho a marzo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue 100.4920; y para el mes de marzo de dos mil diecinueve 103.476. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0296. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $21,243.48 (veintiún mil doscientos cuarenta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos 48/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $610.72 (seiscientos diez pesos con setenta y dos centavos 72/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $20,846.55 (veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100 moneda nacional), lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $396.93 (trecientos noventa y seis pesos con noventa y tres centavos 93/100 moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el comunicado, informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, realice el pago de la cantidad faltante; esto es, $396.93 (trecientos noventa y seis pesos con noventa y tres centavos 93/100 moneda nacional)y acredite haber devuelto a la parte quejosa la cantidad anterior. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del informa haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria; sin embargo, las constancias que anexa al oficio de referencia no corresponden a este órgano jurisdiccional; por lo que se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en el apartado de buscar parte por diferentes órganos, el cual arrojó que las personas descritas en dichos anexos corresponden al diverso juicio de amparo número 2243/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, remítanse los anexos de referencia al órgano de control constitucional indicado, para los efectos legales a que haya lugar, dejándose en el presente expediente copia simple. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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