Despacho Munir Hayer Sociedad Civil
Expediente 4157/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 4157/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2018
Partes del expediente
- Despacho Munir Hayer Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa en proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, a fin de que se manifestara respecto del contenido de los oficios presentados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, sin que lo haya hecho, en tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 416 y 422), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que respecto a las quejosas DESPACHO MUNIR HAYER, SOCIEDAD CIVIL y GRUPO YOLITLI, SOCIEDAD CIVIL, no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no les instauró a las quejosas un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, se declara que la sentencia concesoria está cumplida respecto de dichas quejosas, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Por otra parte, cabe destacar que a la quejosa ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se le instauró el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 416 y 422), mediante la informa en esencia que a la parte quejosa le fue ejercida la facultad prevista en el numeral citado en el párrafo que antecede, consistente en la revisión electrónica, como se advierte del oficio 500-44-00-03-00-2017-4076, de once de abril de dos mil diecisiete, donde fue emitida la resolución provisional dirigida a la quejosa en mención, en la que se le informó que se detectó la posible omisión de enterar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, concediéndole un plazo de quince días para que manifestara y proporcionara la información y documentación tendente a desvirtuar los hechos y posibles irregularidades que podrían entrañar en el incumplimiento de las disposiciones fiscales. De igual manera, hace del conocimiento que toda vez que la quejosa no aportó documentación alguna, ni ofreció pruebas ni alegatos, mediante oficio de preliquidación 500-44-00-03-00-2017-02142, de fecha once de abril de dos mil diecisiete, se hizo de su conocimiento la propuesta de crédito fiscal que podría pagar en el caso que aceptara los hechos y posibles irregularidades detectadas en la resolución provisional. Además, informa que mediante oficio 500-44-00-04-02-2017-07374, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", emitió resolución definitiva en términos del artículo 53-B, párrafos primero, fracción IV, inciso a), penúltimo y último, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017, determinando a la empresa quejosa ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, un crédito fiscal, señalando los plazos de ley que tiene para interponer el medio de defensa en su contra. Finalmente, la autoridad manifiesta que notificó la resolución definitiva en la que se le finco crédito fiscal, toda vez que no acudió a la cita, no ofreció pruebas y alegatos; de igual manera, menciona que la sociedad quejosa desvirtúo parcialmente los hechos e irregularidades contenidas en la resolución provisión número 500-44-00-03-00-2017-4076, de fecha once de abril de dos mil diecisiete. Por lo que, en el ámbito de su competencia, respetó y otorgó el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas dentro del plazo establecido para ello, y en la resolución definitiva le dio a conocer los plazos de ley que tiene para interponer el medio de defensa dejándole a salvo su derecho de ofrecer pruebas en el recurso de revocación que en su caso decidiera interponer, solicitando dicha autoridad se le tenga por cumplida en sus términos la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional; aunado a lo anterior, agrega la documentación correspondiente a fin de corroborar su dicho, entre ellas: Oficio 500-44-00-03-00-2017-4076, de once de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", donde se advierte se inició una revisión electrónica con fundamento en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, la cual denominó resolución provisional. Constancias de notificación del oficio 500-44-00-03-00-2017-4076, de once de abril de dos mil diecisiete. Oficio 500-44-00-03-00-2017-02142, de once de abril de 2017, que contiene la preliquidación y constancias de notificación. Acta circunstanciada de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, y diversas actuaciones. Oficio 500-44-00-04-02-2017-07374, de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, que contiene la resolución definitiva y las constancias de notificación respectivas. Facturas de Pagos de Contribuciones Federales a nombre de ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con números de documentos 44-711700009227, 44-711700009228, 44-711700009230, 44-711700009231, 44-711700009232, 44-711700009233, 44-711700009234, 44-711700009235, 44-711700009236, 44-711700009237, 44-711700009238 y 44-711700009239. Facturas de Pagos de Contribuciones Federales a nombre de ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con números de operación 214583601, 214585358, 214586182, 214586541, 214587171, 214587589, 214588142, 214588572, 214589009, 214589821, 214590321 y 214590706. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que no existe materia para el cumplimiento de la porción normativa declarada inconstitucional, es por lo que este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: Es importante traer de manera prioritaria al razonamiento el extracto de los efectos de la sentencia del presente juicio de amparo para analizar el tema correspondiente al cumplimiento de la citada ejecutoria, que consiste para el caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. En el caso que nos ocupa, la autoridad hacendaria inicio el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa, por lo que se ajusta al supuesto señalado en los citados efectos; en ese sentido, de las constancias remitidas así como de la lectura integral de los autos se advierte que el procedimiento llevado a cabo por el Jefe de Servicio de Administración Tributaria ha sido correcto y apegado a la normatividad, por lo que con el fin de observar las reglas y procedimientos señalados en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación a efecto de revisar el actuar de la autoridad hacendaria se expresa el contenido del mismo a través de la siguiente representación gráfica: Con base en las consideraciones establecidas en los artículos mencionados con anterioridad, el Jefe de Servicio de Administración Tributaria inició el procedimiento de fiscalización respecto de la revisión electrónica a la parte quejosa y en atención a lo estipulado en el contenido de las normas el procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera, tomando en consideración los anexos remitidos por la autoridad a quien corresponde dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Oficio 500-44-00-03-00-2017-4076, de once de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", donde se advierte se inició una revisión electrónica con fundamento en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, la cual denominó resolución provisional. Constancias de notificación del oficio 500-44-00-03-00-2017-4076, de once de abril de dos mil diecisiete. Oficio 500-44-00-03-00-2017-02142, de once de abril de 2017, que contiene la preliquidación y constancias de notificación. Acta circunstanciada de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, y diversas actuaciones. Oficio 500-44-00-04-02-2017-07374, de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, que contiene la resolución definitiva y las constancias de notificación respectivas. Facturas de Pagos de Contribuciones Federales a nombre de ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con números de documentos 44-711700009227, 44-711700009228, 44-711700009230, 44-711700009231, 44-711700009232, 44-711700009233, 44-711700009234, 44-711700009235, 44-711700009236, 44-711700009237, 44-711700009238 y 44-711700009239. Facturas de Pagos de Contribuciones Federales a nombre de ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con números de operación 214583601, 214585358, 214586182, 214586541, 214587171, 214587589, 214588142, 214588572, 214589009, 214589821, 214590321 y 214590706. Atento a lo anterior, se observa que el Jefe de Servicio de Administración Tributaria se apegó a cada uno de los lineamientos establecidos en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, aunado a que al contemplar la posibilidad de darle a la quejosa el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas dentro del plazo establecido para ello, y el derecho de interponer el recurso procedente en contra de la resolución definitiva. Esto revela que la autoridad hacendaria no realizó ningún acto en que se exigiera el pago concluyendo con el monto del crédito fiscal, por tanto no desacató los efectos establecidos en la sentencia de amparo dictada en autos, puesto que ésta señala claramente que "para el caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente". Por tanto, debe considerarse que la autoridad no realizó ningún acto tendente a exigir el pago del monto de la preliquidación y del crédito fiscal a través del procedimiento de ejecución. Esta circunstancia nos da la pauta de que con base en los documentos aportados por el Jefe de Servicio de Administración Tributaria se ciñó en los lineamientos establecidos en el procedimiento de revisión electrónica sin que haya aplicado la norma declarada inconstitucional, pues aunado a que al contemplar la posibilidad de darle a la quejosa el derecho de audiencia para la exhibición de pruebas y el derecho de interponer el recurso procedente en contra de la resolución respectiva no deja lugar a haber exigido el monto del crédito fiscal a través de un procedimiento administrativo de ejecución, en ese sentido, por los motivos expuestos en el contenido de este proveído se declara que la sentencia concesoria está cumplida respecto a ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL PAPALOAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Ciudad de México, uno de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, a través del cual, acusa recibo del expediente R.A 284/2017-IV de su índice, así como de la copia certificada del proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, y de las constancias de notificación de los oficios girados en dicho acuerdo; de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ? NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: "En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas". De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 380), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, cabe precisar que la peticionaria de amparo, no desahogó la vista otorgada, lo que permite presumir su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad a la sentencia de amparo, en cuanto a la norma en estudio. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo que respecta al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada en el presente juicio, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser depurados junto con el expediente; en el entendido de que la notificación del presente proveído deberá practicarse por medio de lista. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN ATENCIÓN AL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
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