Despacho Contable Paquime, Sociedad Civil
Expediente 3986/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 3986/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/12/2017
Partes del expediente
- Despacho Contable Paquime, Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí; se le tiene informando que remitió al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, el recurso de revisión interpuesto en autos, para el dictado de la resolución que en derecho corresponda. Por otra parte, visto el oficio con número de registro 62635, agréguese únicamente para que obre como corresponda, ello en razón de que en párrafos precedentes se acordó un oficio de idéntico contenido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila; mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, devuelve el juicio de amparo 1172/2014, del índice de éste órgano jurisdiccional y el expediente RA(P-5/2013).-312/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en el que obra glosada la ejecutoria relativa al medio de impugnación, de la que se ordena agregar copia autorizada a este juicio. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal auxiliar que determinó: "QUINTO. En la sentencia impugnada se resolvieron, entre otras, las cuestiones siguientes: a). Sobreseimiento. El juez de amparo sobreseyó en el juicio respecto de los actos y autoridades siguientes: Actos que no son ciertos: 1. Actos de aplicación del sistema normativo, atribuidos a las autoridades ejecutoras, porque las normas reclamadas se impugnaron en calidad autoaplicativas. 1.1. Actos atribuidos a las autoridades formal y materialmente legislativas consistentes en la expedición de las diversas autoridades y disposiciones de observancia general contenidas en las Resoluciones Misceláneas Fiscales 2014, 2015 y 2016, y sus respectivas modificaciones, porque resulta un hecho notorio que dichas disposiciones fiscales fueron expedidas por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en uso de su facultad para emitir actos unilaterales materialmente legislativos. Cesación de efectos: 2. Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, y sus múltiples resoluciones de modificaciones, así como los respectivos Anexos 24, pues respecto de estas normas se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque sus efectos cesaron, en términos de la jurisprudencia 2a./J.136/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. b). Concesión del amparo. El juez de Distrito otorgó la protección constitucional contra los actos atribuidos a la Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, el análisis del sobreseimiento precisado anteriormente debe realizarse con base en el principio de estricto derecho, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NECESIDAD DE EXPRESAR AGRAVIOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en jurisprudencia constante, que la cuestión de improcedencia es de orden público, esto es, que siempre que la Corte conozca de un negocio en revisión, antes de estudiar los agravios en cuanto al fondo, ha de analizar si existe alguna causa de improcedencia, para en este caso declararla; pero cuando el Juez de Distrito sobresee en el juicio de amparo, ya no está de por medio el interés público, sino que entra en juego el interés privado de una manera predominante y preferente, y toca al quejoso hacer valer los recursos legales respectivos, puesto que no existe la revisión de oficio. De manera que si en tales casos no se interpone el recurso de revisión, causa ejecutoria la resolución respectiva; si no se expresan agravios, el recurso no será admitido; si se expresan, pero son incongruentes porque no atacan los fundamentos del sobreseimiento dictado, o son ajenos al debate, en realidad se está en presencia de una falta de agravios en el punto controvertido; por lo que si en este caso, la Corte estudia los fundamentos que adujo el Juez de Distrito, suple la deficiencia del recurrente, analizando una cuestión que no le fue propuesta, contrariamente al texto legal que regula el recurso de revisión y al principio de que el amparo en materia civil es de estricto derecho." Consecuentemente, ante la falta de impugnación de la aquí recurrente, deben quedar intocados los sobreseimientos señalados en el inciso a) anterior. Asimismo, debido a que la concesión del amparo identificada en el inciso b), resulta favorable para el recurrente, y ante su falta de impugnación por las autoridades responsables a quienes en su caso podría haberles causado algún agravio, ese apartado de la sentencia recurrida debe permanecer intocado." Y en los puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Con la salvedad precisada en el resolutivo siguiente, quedan firmes las consideraciones y resolutivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO Queda excluido de la litis constitucional el Anexo 24 de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero y cuatro de octubre de dos mil dieciséis. CUARTO. Para los efectos precisados, la Justicia de la Unión ampara y protege a ******************, contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero dos mil quince.." Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el cuaderno principal en que se actúa. En atención a lo informado por el Tribunal Colegiado y de conformidad con el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la ejecutoria de amparo y al efecto entrégueseles copia; y con fundamento en la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. En relación con el cumplimiento de la sentencia, se reserva para que se acuerde lo conducente en el CUADERNO GENÉRICO 5/2016 de Carácter Principal relativo al dictado de sentencias de los juicios de amparo indirecto, correspondientes a la competencia ordinaria otorgada al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa la resolución emitida en el recurso de revisión.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas de los oficios remitidos por la autoridad responsable, los autos de veintinueve de agosto, diez de octubre y nueve de noviembre, todos de dos mil diecisiete y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que los contribuyentes a los que le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son únicamente los que a continuación se precisan: No. Juicio de amparo Quejoso Sentencia 1 6133/2014 *********** Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 2 6138/2014 *********** Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 3 331/2014 *********** Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 4 2907/2015 *********** Genérica de tres de noviembre de dos mil dieciséis 5 2891/2016 *********** Veintitrés de febrero de dos mil diecisiete Ahora bien, en la sentencia de este asunto, se resolvió, entre otras cuestiones, conceder el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Por tanto, si la autoridad responsable, únicamente realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes señaladas y en relación con los juicios de amparo indicados con antelación y entre los cuales no se encuentra la parte quejosa ni este asunto, razón por la cual no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, a saber el único punto por el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de ahí que tampoco pueda emitirse la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se da vista a la parte quejosa por el término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para que, de ser el caso, manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo y una vez transcurrido el plazo, con o sin manifestación alguna, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, devuelve el juicio de amparo 1094/2014 del índice de éste órgano jurisdiccional y el expediente RA (P-5/2013) 238/2017 del índice del Tribunal auxiliado, en el que obra glosada la ejecutoria relativa al medio de impugnación, de la que se ordena agregar copia autorizada a este juicio. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal que determinó: "PRIMERO. Se desecha el segundo recurso presentado por el Presidente de la República, en términos del considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo, en términos del último considerando de este fallo." El efecto para el que el Tribunal Colegiado repuso el procedimiento es el siguiente: "SEXTO. Reposición del procedimiento. No se examinarán las consideraciones del fallo recurrido, ni los motivos de agravio que se expresan en su contra, en virtud de que este tribunal advierte que en la substanciación del juicio de amparo, el juez de Distrito incurrió en una violación de carácter procesal que da lugar a ordenar la reposición del procedimiento, conforme lo establece la fracción IV, del artículo 93 de la Ley de Amparo, que dispone: [.] De la lectura del precepto transcrito, se desprende que la reposición del procedimiento debe ordenarse cuando de la revisión del fallo recurrido, emitido en un juicio de amparo indirecto, el tribunal revisor encuentra que se violaron las reglas del procedimiento, bien por acción u omisión de la autoridad que tramitó el juicio; en la inteligencia de que dicha reposición sólo se decretará, cuando las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Cabe señalar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo son aquéllas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a dicho juicio, para integrar exactamente el procedimiento de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional; esto es, son la totalidad de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de derechos humanos, las que, por cierto, se distinguen de las cargas procesales impuestas a las partes, porque las primeras revisten el carácter de oficiosas y en las segundas, se requiere indefectiblemente la intervención de las partes para hacer efectivas las prerrogativas enunciadas en tales leyes; además, aquéllas se encuentran sujetas al principio de preclusión en el supuesto de no ejercerse dentro del plazo previsto para tal efecto, lo que no acontece tratándose de las obligaciones señaladas. Sobre la primera hipótesis de reposición de procedimiento, debe decirse que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo son aquéllas que deberán acatar los órganos de garantías -por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan al juicio constitucional- para integrar de forma debida el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional; esto es, son la totalidad de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo. En relación con la segunda hipótesis de reposición del procedimiento, conviene señalar que la misma procede cuando el juez de Distrito no emplaza al juicio constitucional a alguna de las partes establecidas en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, que establece: [.] Asimismo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 110 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane, con el apercibimiento que el propio artículo contempla, pues sólo así, después de dar al promovente la oportunidad de aclararla, el juzgador podría dar una solución adecuada al conflicto planteado por el impetrante. Ahora bien, las constancias de autos ponen en relieve que mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, **********, por conducto de sus respectivos representantes legales, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: [.] Asimismo, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa también hizo alusión a las Reglas I.2.8.6., I.2.8.7., y I. 2.8.8., de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce. Ahora, del fallo recurrido se advierte que el juez de Distrito al fijar los actos reclamados, estimó, en lo que interesa, que la normatividad reclamada, junto con otras disposiciones que en su momento se referirán, son parte de un sistema normativo en torno al tema de contabilidad general en medios electrónicos, ya que forman en su conjunto una verdadera unidad normativa que regula de manera conjunta y consistente los diversos aspectos inherentes a dicha temática; consecuentemente, el análisis de la disposición fiscal reclamada que este órgano jurisdiccional realice a lo largo de la presente sentencia, se hará atendiendo a tal circunstancia y de conformidad con los criterios que al respecto ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, destacó el juzgador de amparo que: - El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, establecía la obligación a cargo de los contribuyentes de llevar contabilidad, y determina las directrices conforme a las cuales, el Presidente de la República y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria -en uso de sus respectivas facultades para emitir actos materialmente legislativos- regularán las cuestiones administrativas y técnicas inherentes al cumplimiento de dicho deber. - Al respecto, las referidas autoridades administrativas expidieron, respectivamente, entre otras disposiciones fiscales, los artículos 33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil catorce, las reglas I.2.8.6., I.2.8.7., I.2.8.8., el artículo Décimo Tercero Transitorio, así como el anexo 24 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el citado medio de difusión oficial el cuatro de julio de dos mil catorce. - Era importante precisar que las reglas, artículo de tránsito y anexo precisados en el párrafo que antecede -de la fecha de presentación de la demanda de amparo a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo contra leyes- se han venido pormenorizando, aclarando, detallando y/o subsanando a fin de permitir la exacta observancia y alcance de las normas legales de las que, en atención a su orden jerárquico, dependen, a saber las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación; lo anterior en el entendido de que las modificaciones que sufrieron las disposiciones fiscales emitidas por la autoridad administrativa en su gran mayoría se realizaron antes de que fuera exigible el cumplimiento de los deberes tributarios que contienen -pues el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, como se verá más adelante, en diversos momentos y mediante actos unilaterales materialmente legislativos postergó su obligatoriedad a fin de que tanto los contribuyentes como dicha autoridad, estuvieran en aptitud de satisfacer determinados requerimientos técnicos respecto del sistema normativo que nos ocupa-. - Así las cosas, el contenido de las normas administrativas de carácter general expedidas por la autoridad fiscal de las que se trata en su texto vigente -al día en que se dicta la presente sentencia de amparo- encuentra asidero en las reglas 2.8.1.4., 2.8.1.5., 2.8.1.9. y 2.8.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil catorce, su Anexo 24, dado a conocer en el referido medio de difusión oficial el cinco de enero de dos mil quince, los resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, en relación con los diversos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicadas en el Diario en comento el dieciocho de diciembre de dos mil catorce y el tres de marzo de dos mil quince, respectivamente, el resolutivo Primero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, dada a conocer en el mencionado medio de difusión oficial el catorce de mayo de dos mil quince, por el que, entre otras actuaciones, se reformó el párrafo primero de la regla 2.8.1.5. precisada con antelación, así como en la regla 2.8.1.19., párrafo primero, de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicada en el Diario del que se trata el dos de julio de dos mil quince. - Bajo ese contexto, las disposiciones de observancia general contenidas en los artículos 33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, así como en las reglas 2.8.1.4., 2.8.1.5., 2.8.1.9., 2.8.1.17. y Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, los resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, en relación con los diversos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, el resolutivo Primero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, y en la regla 2.8.1.19., párrafo primero, de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince -estas últimas anteriormente contenidas en las reglas I.2.8.6., I.2.8.7., I.2.8.8., el artículo Décimo Tercero Transitorio, así como en el anexo 24 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce- al ser las que desarrollan, complementan y/o detallan las obligaciones previstas en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, resulta inconcuso que forman parte del sistema normativo que nos ocupa, al encontrarse estrechamente vinculadas con la normatividad principal que lo regula. De donde se sigue que el juzgador también consideró reclamadas, por formar parte de un sistema normativo, entre otras, a las normas administrativas de carácter general expedidas por la autoridad fiscal de las que se trata en su texto vigente -al día en que se dicta la presente sentencia de amparo- encuentra asidero en las reglas 2.8.1.4., 2.8.1.5., 2.8.1.9. y 2.8.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil catorce, su Anexo 24, dado a conocer en el referido medio de difusión oficial el cinco de enero de dos mil quince, los resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, en relación con los diversos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicadas en el Diario en comento el dieciocho de diciembre de dos mil catorce y el tres de marzo de dos mil quince, respectivamente, el resolutivo Primero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dicho año, dada a conocer en el mencionado medio de difusión oficial el catorce de mayo de dos mil quince, por el que, entre otras actuaciones, se reformó el párrafo primero de la regla 2.8.1.5., precisado con antelación, así como en la regla 2.8.1.19., párrafo primero, de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicada en el Diario del que se trata el dos de julio de dos mil quince. Y del fallo recurrido se advierte que también se concedió el amparo con relación a dichas reglas legales. Lo anterior, sin que se haya llamado al juicio de amparo de que se trata como autoridad responsable a su emisora: Jefe del Servicio de la Administración Tributaria. Es así, porque como se observa de autos, en proveído de doce de agosto de dos mil catorce, el juez de Distrito admitió a trámite la demanda y requirió los informes justificados a las autoridades señaladas por la impetrante: Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y Presidente de la República, sin emplazar al juicio como autoridad responsable a aquélla que emitió la resolución miscelánea combatida, con lo que se estima, infringió las reglas que norman el juicio de amparo. Al respecto, cabe señalar que no todas las violaciones a las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías conllevan a que el órgano revisor reponga el procedimiento para que aquéllas sean subsanadas, sino sólo las que dejaron sin defensa a alguna de las partes e influyeron en la sentencia definitiva que debe dictarse. De acuerdo con las consideraciones precedentes, es patente que el juez de Distrito debe ordenar la comparecencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria cuando se reclama una norma que éste emitió, no sólo para su defensa jurídica, sino también para plantear posibles causas de improcedencia, caducidad del juicio por inactividad procesal, entre otras figuras jurídicas que pudieran trascender al resultado de la sentencia de amparo que se dicte al respecto; de tal manera que no puede soslayarse el emplazamiento de mérito porque no podría integrarse válidamente el juicio de derechos fundamentales, cuya reposición para que sea subsanado sólo se torna innecesario, cuando en uso de la competencia delegada el Tribunal Colegiado de Circuito evidencia que procede negar o sobreseer en el juicio. No representa obstáculo para la anterior conclusión que en relación con una disposición de contenido similar a la reclamada en la demanda de amparo, exista jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que es inconstitucional, ya que esta particularidad no tiene como efecto invariable una concesión del amparo, porque la omisión de llamar al aludido Jefe del Servicio de Administración Tributaria no puede validarse por ese simple hecho, en virtud de que éste no restaura los derechos que pudiera hacer valer contra la admisión de la referida demanda, o en relación con la improcedencia del juicio o los vicios de personalidad de la parte quejosa que el propio juzgador no haya advertido para decretarlo de oficio, pero sí pudo detectar la autoridad responsable en razón del natural interés que le asiste para defender la constitucionalidad de la norma controvertida; inclusive, se le obstaculizaría el derecho para interponer el recurso de revisión, por no tener la intervención durante el juicio, en el que pudiera plantear la indebida aplicación de la jurisprudencia; insistir sobre las mismas o nuevas causas de sobreseimiento o exponer razones distintas para estimar constitucional la norma respectiva. En esas condiciones, la reposición del procedimiento del juicio de amparo para que la autoridad de referencia sea emplazada, puede trascender a un cambio en el sentido del fallo definitivo, por lo que la existencia de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de una norma de contenido similar a la reclamada, no produce invariablemente abordar el estudio de fondo, tampoco conceder al quejoso la protección de la justicia federal, ya que por dichas razones podría dictarse una sentencia sobreseyendo en el juicio. A título enunciativo, cabe destacar que la falta de oportunidad de la autoridad mencionada para intervenir en el citado juicio genera diferentes violaciones que no son reparables en la sentencia que conceda el amparo al quejoso aplicándose la jurisprudencia de las Salas o del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, proponer incidentes de especial pronunciamiento (competencia, acumulación); impugnar la admisión de la demanda de amparo; ofrecer pruebas dentro del plazo legal tendentes a demostrar los motivos de improcedencia; objetar los documentos que se ofrezcan con el fin de acreditar el interés jurídico, el primer acto de aplicación de la disposición combatida o la personalidad; e interponer el recurso de revisión en el que puede alegar la indebida aplicación de la jurisprudencia. Con base en lo expuesto, la sola circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia, haya declarado inconstitucional el Anexo 24 (veinticuatro) a la Resolución Miscelánea para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, no constituye una causa eficiente para estimar innecesario reponer el procedimiento en el juicio por falta de emplazamiento del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, como una excepción a la regla prevista en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la aplicación de la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes está sujeta a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, lo que puede depender de las pruebas que llegara a ofrecer esa autoridad, incluso, en el recurso de revisión." En términos del artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la ejecutoria de amparo y al efecto entrégueseles copia; y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el cuaderno principal en que se actúa. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por la superioridad, se repone el procedimiento y se tiene con el carácter de responsable al Jefe del Servicio de Administración Tributaria. En virtud de lo anterior, con copia del escrito inicial de demanda, pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá de rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del momento en que quede notificada de este auto y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el entendido que de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 117 de la ley de la materia, los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, sólo podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos. Ahora bien, en dicho informe deberán indicar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, al que acompañarán copias certificadas (debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), completas y legibles de la totalidad de las constancias para acreditar su dicho, así como aquellas que, en su caso, tuvieran relación con el asunto. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; asimismo, en el caso de no rendir el informe con justificación que se les requiere, o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, al momento de resolver este juicio, se les impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del ordinal 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que conocieren de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con el artículo 251 de la ley de la materia. Finalmente, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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