Desiderio García Pinzón
Expediente 74/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 36 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Desiderio García Pinzón
- Secretarìa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a travès de su representaciòn en el Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Mérida Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado, con el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 74/2021-V, mismo que le correspondió el número de toca 637/2023 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las acciones realizadas respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en el sentido de que comisiono a diversa autoridad para que designe personal a efecto de notificar a la parte quejosa; al respecto, se reserva proveer lo conducente, toda vez que a la presente fecha no queda firma la sentencia de mérito, al haberse interpuesto recurso de revisión en contra de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el memorial suscrito por Alejandro Santoyo Escamilla, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, y no obstante que en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al ocursante por autorizado en términos restringidos, en virtud de que en ese momento no acreditó ante este Juzgado, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. Sin embargo, de una revisión del referido sistema, se advierte que el citado profesionista se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y que en el escrito inicial de demanda fue autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante las copias certificadas de las constancias que solicita, y que obran en el expediente físico, debiendo entregarse previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 74/2021-V, promovido por Desiderio García Pinzón, contra los actos que reclama a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de su representación en el Estado de Yucatán, y otras autoridades, por estimarlos violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 27 primer y tercer párrafos y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el dieciocho del mismo mes y año a este Juzgado de Distrito, compareció Desiderio García Pinzón, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esa ciudad y Titular del Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal, con sede en la Ciudad de México, que hizo consistir en: La omisión de entregarme el Título de propiedad y su inscripción a mi favor ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Mérida, Yucatán, derivado del trámite de enajenación a título oneroso resuelto bajo la resolución de fecha diez de abril de dos mil uno, derivada del expediente 734456, por el Secretario de la Reforma Agraria, relativo al inmueble denominado "Las Palmas", ubicado en el Municipio de Celestun, Estado de Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, previo desahogo a la prevención efectuada, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le competía a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el nueve de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, Desiderio García Pinzón, amplió su demanda por la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con sede en la ciudad de México, a quien le atribuyó la omisión de expedir el título de propiedad y se reservó proveer sobre dicha ampliación, en virtud del recurso de queja interpuesto contra el auto de admisión de demanda. CUARTO. Admisión de la ampliación de la demanda. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 62/2022, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables contra el auto de admisión de la demanda; por tanto, se levantó el estado de suspensión y se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, respecto de la autoridad responsable Secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con sede en la Ciudad de México, por lo que se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le competía a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y su ampliación y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión de expedirle el Título de propiedad y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Mérida, Yucatán, derivado del trámite de enajenación a título oneroso resuelto bajo el número de expediente 734456, por el entonces Secretario de la Reforma Agraria, Director de Ordenamiento y Regularización y Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, relativo al predio denominado "Las Palmas", ubicado en el Municipio de Celestun, Estado de Yucatán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio ambos con sede en esta ciudad y Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. En tales condiciones, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados, sin que la parte quejosa los hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de su representante en el Estado de Yucatán, pues aun cuando negó su existencia, con posterioridad realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye, máxime que dicha negativa se desvirtúa con las constancias que obran en autos de las que se constata la solicitudes relativas al trámite iniciado por la parte quejosa. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las documentales que la autoridad responsable local remitió con su informe de ley, a las que se les otorga el valor probatorio pleno de documento público de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Titular del Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal, con sede en la ciudad de México, en virtud de que fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse notificada para ello, como se advierte del acuse de recibo que contiene la constancia de notificación que obra en autos, por lo que de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a dicha autoridad responsable. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. En el caso a estudio, respecto del acto reclamado al Titular del Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal, con sede en la ciudad de México, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." En ese sentido, no obstante la certeza del acto por lo que respecta al Titular del Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal, con sede en la ciudad de México, al haber sido omisa en rendir su informe justificado, procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a dicha responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, pues en el particular, se ha determinado la inexistencia de actos atribuidos a las diversas autoridades responsables relativas a la inscripción del predio denominados Las Palmas, con número de expediente 734456, del Municipio de Celestun, Yucatán; por lo que a ningún fin practico conllevaría analizar la legalidad de un acto que es inexistente; de ahí que proceda el sobreseimiento respecto de dicha autoridad responsable. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no advertirse la actualización de diversa causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. Ahora bien, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil tres, se determinó lo siguiente: "Primero. Es procedente la enajenación onerosa del predio denominado "LAS PALMAS", con una superficie de 00-99-89 hectáreas, cuya ubicación geográfica y colindancias han quedado detalladas en este documento. Segundo. Hágase saber al solicitante Deciderio García Pinson (sic) que el predio antes descrito tiene un valor de $1,118.77 (mil ciento dieciocho pesos setenta y siete centavos moneda nacional), y que cuenta con el plazo de ciento ochenta días para realizar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente al en que le sea notificado este Acuerdo, bajo el apercibimiento de que en caso de no cubrir con el pago dentro de dicho lapso esta Secretaría revocará el acuerdo correspondiente, y la enajenación podrá realizarse en subasta pública." Luego, por oficio número F00.9DRPYyCM. 008/2011, de doce de enero de dos mil once, se le informó a la Delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Yucatán, la resolución que declaró como terreno nacional del predio Las Palmas, con número de expediente 734456, del Municipio de Celestun, Yucatán; en virtud de lo anterior, la entonces Delegada Estatal emitió opinión negativa de enajenación, respecto del predio "Las Palmas" con una superficie de 00-99-89 hectáreas, ubicado en el Municipio de Celestún, Yucatán. Finalmente, mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se emitió el acuerdo en el que se precisó que de las constancias que integran la documentación de la solicitud de enajenación del predio Las Palmas, con número de expediente 734456, del Municipio de Celestun, Yucatán; se advirtió que no fue actualizada en el plazo previsto, por lo que se ordenó archivar la solicitud de enajenación interpuesta por Desiderio García Pinzón, relativa al predio Las Palmas, con número de expediente 734456, del Municipio de Celestun, Yucatán y ordenó la notificación personal de dicha determinación al solicitante del trámite, aquí quejoso. Sin que la autoridad responsable justificara haber notificado dicha resolución a la parte quejosa. Por lo que es incuestionable dicha omisión causa perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplió con la función que les está encomendada, ya que ello ha impedido que la parte quejosa pueda comparecer ante la autoridad responsable a hacer valer los medios de impugnación que en su caso la ley determine, o bien, ofrecer diversos medios de prueba para combatir el acto reclamado. Por consiguiente, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que la responsable, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de su representación en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el plazo de TRES DÍAS notifique a la parte quejosa la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en la que ordenó el archivo de la solicitud de enajenación del predio Las Palmas, con número de expediente 734456, del Municipio de Celestun, Yucatán, a fin de que esté en aptitud de hacer valer los medios de impugnación que la ley pone a su disposición. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. . Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Desiderio García Pinzón, contra los actos que reclamó del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio ambos con sede en esta ciudad, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Titular del Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal, ambos con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Desiderio García Pinzón, respecto del acto reclamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de su representación en el Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en la parte final de dicho considerando. TERCERO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Georgina Pacheco Hernández, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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