Derly Karine Silex Zárate y Otros.

Expediente 1194/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1194/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2017

Partes del expediente

  • Derly Karine Silex Zárate y Otros.
  • Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; mediante el cual acusa recibo del diverso 40440/2017 con el que se remitió por incompetencia la demanda de amparo que promueve DERLY KARINE SILEX ZÁRATE y ODILIA ZÁRATE NAVARRO; y comunica que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia planteada, abocándose al conocimiento del asunto. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, como en este cuaderno no existe pendiente: cumplir determinación judicial y devolver documentos originales; tampoco falta firma alguna; el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir del día siguiente al en que se dicte este proveído, procédase a su destrucción, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente cuaderno no existen documentos originales

  2. Principal

    MESA II-A "... Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; mediante el cual acusa recibo del diverso 40440/2017 con el que se remitió por incompetencia la demanda de amparo que promueve DERLY KARINE SILEX ZÁRATE y ODILIA ZÁRATE NAVARRO; y comunica que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia planteada, abocándose al conocimiento del asunto. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, como en este cuaderno no existe pendiente: cumplir determinación judicial y devolver documentos originales; tampoco falta firma alguna; el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir del día siguiente al en que se dicte este proveído, procédase a su destrucción, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente cuaderno no existen documentos originales.."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por DERLY KARINE SILEX ZÁRATE y ODILIA ZÁRATE NAVARRO, contra actos del Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1194/2017. Ahora bien, en principio, se procede a examinar si en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. En el presente caso, para determinar si este Órgano Judicial Federal es competente para conocer de la demanda de amparo, es necesario interpretar en su integridad la demanda de amparo. Así, del análisis integral de los señalados actos reclamados en relación con los hechos y conceptos de violación, se concluye que la intención de las quejosas es reclamar: La demolición de su casa. La entrega del apoyo a los damnificados del sismo. Ello es así, porque de la interpretación de los conceptos de violación, las quejosas pretenden: ".que se deje sin efecto cualquier decisión de la autoridad de la que derivará que las quejosas habríamos de recibir únicamente $30,000.00 (treinta mil pesos M.N. 00/100) como monto de ayuda del FONDEN para entonces emitir una con base en la inexistencia del inmueble a efecto de otorgar una ayuda mínima de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos M.N. 00/100) además de ordenar el monto adicional que considere conducente en virtud de (i) la omisión de la autoridad en actualizar los montos del FONDEN, (ii) la omisión de la autoridad en transparentar y distribuir las ayudas adicionales que el gobierno ha recibido y que es su obligación asignar a la población afectada, y (iii) la arbitraria decisión de demoler nuestra casa sin que existiera un fundamento o motivación debidamente notificados para ello." Esto es, pretenden que la ayuda a damnificados sea superior a lo que les fue entregado a las veinte horas del dos de octubre de dos mil diecisiete y que se determine que la demolición de su casa fue inconstitucional. Sin que trascienda al caso, que las quejosas señalen como actos reclamados omisiones de atender con diligencia sus peticiones, de darles información, de actualizar el monto de los recursos de apoyo, porque esas omisiones no son actos reclamados destacados, sino constituyen las violaciones que atribuye a la demolición de su casa y el pago del apoyo. En ese orden de ideas, se advierte que los actos de que se duelen, tienen su origen y ejecución en la jurisdicción en el Municipio de Ixtaltepec, Oaxaca, lugar donde, por razón de territorio tienen competencia legal los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Es así, porque el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, dispone: "XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo anterior, se advierte que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, sin disponer providencia sobre suspensión del acto reclamado, por no tratarse de los supuestos que prevé el artículo 15 de la citada legislación, en su párrafo primero; remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda, para debida constancia. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se autoriza a los usuarios sirabelrivera, VZavala y CMohar, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; se tiene por autorizadas en los términos y con las facultades plasmadas en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a José Abel Pedroza Rivera por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada. Asimismo, se ordena al actuario llevador del presente expediente, para que realice la notificación vía electrónica del presente acuerdo, así como de los subsecuentes que se llegaren a dictar en este Juicio de Amparo; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Claudia Tamayo Villavicencio, quien autoriza y da fe.

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