Derly Javier Pérez Ortega
Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/06/2021
Partes del expediente
- Derly Javier Pérez Ortega
- Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por estar concluido. se considera susceptible de depuración el cuaderno original y susceptible de destrucción únicamente el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese este expediente por estar concluido, de conformidad al artículo 113 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Vista la constancia levantada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito, mediante la cual hace constar que no le fue posible dar cumplimiento con lo ordenado en la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil vente, en el cual se le comisiona a notificar a la parte quejosa, por los motivos que expone; al efecto, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes; en consecuencia, túrnense nuevamente los presentes autos al Actuario que corresponda, a fin de que realice la notificación de la aludida resolución, por medio de lista a la quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Como esta ordenado en líneas que anteceden, por este medio se notifica a la parte quejosa, la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, que en síntesis dice.-ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 861/2020.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 861/2020, promovido por Derly Javier Pérez Ortega, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Derly Javier Pérez Ortega, el doce de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial de Jalisco, al que reclamó los siguientes actos: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Reclamo en la presente demanda de amparo, el hecho de que la autoridad responsable mediante acuerdo de fecha 03 de julio del 2020, revocó el quinto párrafo del auto de fecha 27 de febrero del 2020, mediante el cual se contradice en lo establecido en el auto de fecha 12 de febrero del 2020, Por otra parte (la posible Ejecución Forzosa de desocupación del inmueble materia del Juicio en donde emana el acto reclamado, toda vez que debido a su evidente contradicción violatoria de mis derechos y garantías constitucionales, me generaría un daño irreparable." Por otra parte, en escrito aclaratorio presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, respecto del acto reclamado precisó: "I) Hago de su conocimiento que, mediante auto de fecha 31 de agosto del 2020, la autoridad responsable ordenó el lanzamiento forzoso del suscrito quejoso del inmueble objeto del juicio donde emana el acto reclamado, tal y como consta con las copias simples que acompaño para demostrar lo anteriormente dicho. Situación que me generaría un daño irreparable, debido a que, como lo señalé en mi escrito inicial de demanda de amparo, la autoridad responsable cae en contradicción evidente al requerir a mi contraria, quien pudiera ser aquí tercero interesado, por los recibos fiscales condicionándose la entrega una vez que emita los recibos fiscales correspondientes (auto de fecha 27 de febrero del 2020) y, por otra parte, requirió a mi contraria, para que dentro del término de cinco días compruebe haber emitido dichos recibos fiscales (auto de fecha 03 de julio del 2020). Situación anterior que me genera daño irreparable, debido a que la autoridad responsable se contradice en sus propias determinaciones, violentado el principio de congruencia." Finalmente en escrito aclaratorio presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte, el quejoso señaló: "Hago de su conocimiento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, por un error involuntario se asentó mal la fecha en que tuve conocimiento del acto reclamado, siendo la correcta, día 07 de julio del 2020." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías promovida por Derly Javier Pérez Ortega, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el nueve de septiembre de dos mil veinte, en que ordenó registrarla bajo el número de expediente 861/2020; posteriormente y una vez cumplida la prevención formulada en auto de cinco de octubre de dos mil veinte el juez ordenó admitirla a trámite y pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, emplazar al tercero con interés, y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades jurisdiccionales en materia Civil, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consistenten en el acuerdo de tres de julio del dos mil veinte y la orden de lanzamiento del quejoso respecto del inmueble ubicado en el número 1982 de la calle Velino M. Presa, en la colonia Santa Cecilia en el municipio de Guadalajara, Jalisco, contenida en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, dictados en el juicio civil 899/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil uno, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de la existencia de los actos reclamados; toda vez que es de orden público y debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo; máxime, que al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación propuestos. Ello es así pues el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de tres de julio del dos mil veinte y la orden de lanzamiento contenida en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, dictada en el juicio 899/2017 del índice de la responsable. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la disposición citada en último término, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, respecto a los actos de ejecución de sentencia, el numeral invocado establece, que sólo podrá promoverse el juicio de protección de derechos fundamentales contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde podrán reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Partiendo de ello, se precisa que, en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo en estudio, esto es, cuando no constituye la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia. Respecto a la aplicación en sentido contrario del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se cita el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página 1827, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En efecto, en el caso sometido a consideración se actualiza la hipótesis de improcedencia de que se trata, habida cuenta que, respecto a los actos de ejecución de sentencia, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, en su caso, las que ordenan el archivo definitivo del expediente, cuyo propósito es evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Respecto a ello, cabe reiterar que las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, pueden invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la última resolución de dicha etapa de ejecución, que es la que en su caso culmina las fases procesales del procedimiento jurisdiccional y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. En torno a la problemática planteada, cabe hacer notar que sobre el tema relativo a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, en la Ley de Amparo abrogada a partir del tres de abril de dos mil trece, y en relación al numeral 114, fracción III, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, emitió la jurisprudencia 32/2001, publicada en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Ahora bien, resulta conveniente tener en cuenta lo conducente del auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en juicio civil 899/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial, el que señala: " Se tiene por recibido el escrito presentado por DERLY JAVIER PEREZ ORTEGA parte demandada (.) Como lo peticiona en el último de sus escrito se le tiene consignando a favor de MARIA ZEPEDA SEGURA, mediante recibo ofirial [.] por concepto de renta correspondiente al mes de febrero del año en curso, expedido por la Secretaria de la Hacienda Pública, cítese a la beneficiaria para que comparezca a recibir o ver depositar la suma consignada a su favor , previa identificación, razón y recibo que dejen en actuaciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. --- Condicionándose la entrega de las consignaciones previa la exhibición del recibo de arrendamiento correspondiente mismo que debe contener todos y cada uno de los requisitos fiscales, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 239 del Enjuiciamiento Civil del Estado." (lo subrayado es por este juzgado y corresponde al quinto párrafo del acuerdo de marras). El auto de tres de julio de dos mil veinte, materia del acto reclamado establece: "Se tiene por recibido el escrito . de la parte actora . como lo solicita se le tiene interponiendo RECURSO DE REVOCACION en contra del quinto párrafo del auto de fecha 27 veintisiete de febrero de la presente anualidad . se admite . por lo que se resuelve de plano el citado recurso. (.) Ha lugar a revocar y se revoca el párrafo quinto del auto de 27 veintisiete de febrero de este año y se dicta uno nuevo para quedar en los siguientes términos: "..Toda vez que la fracción II del artículo 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento inmobiliario, además de efectuar los pagos de este impuesto tendrán la obligación de expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas, requiérase a la actora para que dentro del término de cinco días compruebe ante esta autoridad haber emitido el comprobante fiscal a que se refiere la fracción III del artículo 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término legal concedido como lo dispone el citado precepto legal se informara al Servicio de Administración Tributaria la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días contados a partir del vencimiento del término otorgado para cumplir el requerimiento, información que en su caso se enviará al órgano desconcentrado mencionado de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano..."". El diverso acto reclamado lo constituye el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente de origen 899/2017, en el que se ordena la orden de lanzamiento del quejoso respecto del inmueble ubicado en el número 1982 de la calle Velino M. Presa, en la colonia Santa Cecilia en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Dichos actos no constituyen la última resolución dictada dentro de la ejecución de convenio judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año pasado, básicamente idéntico al correlativo de la ley abrogada y que se interpretó en la jurisprudencia antes indicada. Ello es así pues del legajo de copias certificadas de lo actuado en el expediente 899/2017, las que valoradas en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo adquieren valor probatorio pleno, se advierte en lo que interesa lo siguiente: 1. Que María Zepeda Segura a través de su apoderado José de Jesús Vélez García, presentó demanda en la vía civil sumaria en contra de Derly Javier Pérez Ortega, en la que demandó entre otros conceptos la terminación del arrendamiento respecto de la finca ubicada en el número 1982 Planta Alta de la calle Velino M. Presa, de la Colonia Santa Cecilia, Sector Libertad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 2. Que de la referida demanda correspondió conocer al Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, quien en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete la admitió a trámite y ordenó emplazar a la demandada, registrándola bajo el número de expediente 899/2017. 3. Que el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el emplazamiento a la parte demandada Derly Javier Pérez Ortega. 4. Que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, Derly Javier Pérez Ortega, presentó escrito en el que da contestación a la demanda. 5. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el apoderado de la actora y el demandado Derly Javier Pérez Ortega, presentaron convenio a fin de dar por concluido el juicio, en el que entre otras cosas en la cláusula tercera acordaron la terminación del contrato de arrendamiento para el doce de febrero de dos mil veinte. 6. En auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial tuvo a las partes celebrando convenio judicial el que elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada. 7. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado de la actora, en el que solicita la ejecución del convenio judicial elevado a categoría de sentencia, a lo que acordó conceder a la demandada el término de quince días para que desocupe y entregue el inmueble de manera voluntaria. 8. Finalmente el treinta y uno de agosto de dos mil veinte -acto reclamado-, la responsable resolvió qué dado que el demandado no cumplió de manera voluntaria con lo ordenado en auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, ordenó el lanzamiento forzoso. Esto es, la resolución de tres de julio de dos mil veinte, que revoca el quinto párrafo del diverso de veintisiete de febrero de la misma anualidad ordenando que requiere a la actora para que dentro del término de cinco días compruebe haber emitido el comprobante fiscal a que se refiere la fracción III del artículo 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ni el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable ordenó el lanzamiento forzoso de la aquí quejosa; no constituyen la última resolución a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo, pues es un acto realizado en la etapa de ejecución del convenio judicial elevado a categoría de sentencia, y toda vez que en dichas actuaciones no obra resolución que apruebe o que reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, en su caso, alguna que ordene el archivo definitivo del expediente. Es menester precisar que existen diversas tesis jurisprudenciales en las que ha quedado plasmado el criterio general aludido. Es decir, en donde se ha sostenido que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes, lo cual, como se dijo, en el presente caso no acontece. Por consiguiente, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece, en principio, una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto contra todos los actos dictados en ejecución, ya sea por violaciones procesales relevantes, lo cual en el presente caso no se actualiza por las razones anteriormente precisadas. En tal virtud, como se explicó, la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, no constituye la última resolución en la que el juez responsable hubiera emitido a través de la cual declare el cumplimiento total de la sentencia, o bien, la imposibilidad para darle cumplimiento, que es en todo caso contra las cuales sí procede el amparo indirecto, en donde, por cierto, los quejosos sí podrán alegar las violaciones que estimen se cometieron en su agravio durante el procedimiento de ejecución. Respecto a dicho tópico, cobra aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1947, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1672, tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Criterio que si bien es cierto, interpreta el numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, abrogada, como ya se dijo, su correlativo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, resulta básicamente idéntico, por lo que se considera no se altera la interpretación de la jurisprudencia antes citada. Finalmente, por identidad de razón, se cita la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 861/2020, promovido por Derly Javier Pérez Ortega, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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