Derli Eliu Roblero Díaz
Expediente 495/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Derli Eliu Roblero Díaz
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que *****, interpusiera recurso de queja, contra el auto diecinueve de abril de dos mil veintitrés (fojas 8-20), por el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el citado numeral se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso se desechó por improcedente la demanda de amparo, entonces este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello "DESTRUIBLE" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo archivístico. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil veintitrés . Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Primero del Ejido Tres de Mayo del Municipio de Escuintla, Chiapas, y otras autoridades, la cual fue presentada vía electrónica, a través del módulo de Oficialía de Correspondencia Común del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, con la firma electrónica de la promovente. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 495/2023-I-B. CONSIDERACIONES PREVIAS En principio, es necesario señalar que Ley de Amparo, en sus numerales 31 y 152 , en relación con el 109 3 , faculta a cualquier persona a promover demanda de amparo en nombre de otra que, por sus condiciones, está imposibilitada para suscribir una demanda de amparo; incluso, para el caso de que la demanda se presente vía electrónica, es factible tramitarla a pesar de que no esté firmada por su remitente. Sin embargo, dichos supuestos de representación extraordinaria, están limitados a que los actos reclamados en la demanda estén dentro de aquellos catalogados como urgentes por el propio artículo 15 de la Ley de Amparo, o bien, dentro de los contemplados y prohibidos por el artículo 22 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso no se verifica esa última condición, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la promovente *****, se hacen consistir: 1. La posible detención. 2. La falta de emplazamiento a algún procedimiento. (.).En efecto, de la lectura integra del escrito de demanda se desprende que la promovente *****, refiere que *****, y los infantes de identidad protegida *****, se encuentran en libertad, ya que indicó que arribaron a su domicilio particular el cual se ubica en el ejido ****, varias autoridades rurales, acompañados de diversas personas, con la intención de derribar árboles, sin los permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas, y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por sus siglas SEMARNAT, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y los amenazaron con cortarles la luz, y encerrarlos si se oponían al derribo de los árboles. Precisado lo anterior, debe decirse que tales actos no encuadran con los artículos antes señalados, por lo que, es evidente que no requieren que se provea sobre la suspensión de plano, al no tratarse de actos urgentes, ya que no son los indicados en los artículos 15 de la Ley de Amparo, y 22 Constitucional, es decir que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Sin que obste que en el escrito de demanda se haga referencia a los infantes de identidad protegida *****, ya que al reclamarse en el presente juicio de derechos fundamentales la posible detención, y la falta de emplazamiento a algún procedimiento, tales actos no encuadran en los supuestos establecidos en los citados artículos, por lo que no es dable decretar la suspensión de plano solicitada. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: (.).De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo manifiesto significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen: (.). Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. (.).Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, es menester destacar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Tomando en consideración las razones expuestas con anterioridad donde se explicó que los actos reclamados no son de los considerados prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, y 15 de la Ley de Amparo, para que se decrete la suspensión de plano, y advirtiéndose que la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo; por ende, debe decirse que acorde a la firma que aparece en la última hoja del escrito de demanda, y conforme a la evidencia criptográfica que se encuentra anexa a la misma, y en cada una de las fojas que la compone, se tiene que fue firmada electrónicamente por *****, no así por los directos quejosos *****, padres del infante de identidad protegida, de iniciales *****, , y asimismo, abuelos de los infantes de iniciales *****, como se advierte de las copias de las actas de nacimiento que se anexó a la demanda. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien sufre el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, si con facilidad se vislumbra que persona distinta al agraviado firmó la demanda presentada vía electrónica. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente al directamente agraviado, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe desecharse la demanda que nos ocupa (.).En ese sentido, con fundamento en el artículo 113, con relación al numeral 61, fracción XXIII, y éste en relación con los diversos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por los actos de autoridad. (.).JUICIO EN LÍNEA Ahora, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones personales que le correspondan a la parte quejosa a través del juicio en línea, con el usuario (.).Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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