Deonicio Figueroa Alvarado
Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Deonicio Figueroa Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Consecuentemente, al no existir pruebas pendientes de recibir, se cierra esta etapa y se pasa a la diversa de alegatos, los cuales no fueron formulados por ninguno de los contendientes, se declara cerrada esta fase. Al no haber ninguna otra circunstancia con que dar cuenta, se dispuso que este asunto quede en estado de dictar resolución; concluyéndose a las once horas con veinticuatro minutos del día de hoy; de conformidad con el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veinte y reformando el veintiocho de octubre de dos mil veintidós-, se asienta que al integrarse al expediente electrónico el acta de la presente audiencia con firmas electrónicas, la hora que aparece en la evidencia criptográfica no coincide con exactitud a la establecida para la presente audiencia, en virtud de la carga de trabajo que impera en este juzgado, lo que repercute en el proceso electrónico de firmado en los apartados del sistema a correspondiente hasta su transformación en documento digital. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se indica que la audiencia constitucional se encuentra fijada para hoy, sin embargo, se advierte, el presente expediente no está debidamente integrado. Lo anterior, toda vez que no mediaron los ocho días de anticipación, establecidos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a la parte tercera interesada Yadira Margarita Ramírez Martínez, quien representa a las víctimas menores de edad de iniciales Y.Y.F.R. y Y.A.F.R.; lo anterior, ya que fue emplazada a través de la notificación personal realizada el doce de los cursantes; por ende, ésta surtió efectos el trece siguiente y el plazo comenzará a trascurrir en esta data para finalizar el veinticinco de mes y año en curso, sin contar los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de los actuales, por ser inhábiles acorde al numeral 19 de la referida legislación. Bajo ese contexto, no se está en aptitud legal de celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, por lo que se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
- Principal
Visto lo de cuenta, a fin de surtir los efectos legales correspondientes, se impongan de su contenido y hagan valer las manifestaciones convenientes a sus intereses, agréguese con vista a las partes por el plazo de ocho días, el informe justificado rendido por la responsable Magistrado de la Décima Cuarta Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, acorde al artículo 117, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Tocante a las documentales consistentes en copia certificada en un tomo del toca de apelación en artículo 206/2023-E, el disco versátil digital que contiene copia certificada electrónica de la carpeta judicial 16610/2021, así como la videograbación de las audiencias de veintidós y treinta y uno de mayo de año en curso, serán proveídos al momento de celebrarse la audiencia constitucional; según lo establecido en los arábigos 119, 123 y 124 de la legislación de la materia. Respecto a la carpeta del toca en cita, atendiendo el numeral 3° de la Ley de Amparo y los lineamientos para la Integración del expediente Judicial y su modalidad electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de treinta de abril de dos mil catorce, fórmese un anexo por separado, debidamente identificado, el cual queda a disposición de las partes a efecto de que se impongan de su contenido, en términos del citado arábigo 119, mismo que será devuelto a la responsable, una vez concluido este juicio. En relación al disco compacto allegados por la potestad, queda a disposición de los interesados para imponerse de su contenido, y en caso pretendan verificar los datos en el almacenados podrán hacerlo en alguno de los equipos computacionales en el local de este Juzgado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), número de registro 200436, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese contexto, de las reproducciones enviadas como soporte a su comunicado de ley, emerge que la persona que ostenta el carácter de ofendido es Yadira Margarita Ramírez Martínez, quien representa a las víctimas menores de edad de iniciales Y.Y.F.R. y Y.A.F.R. Dicho lo anterior, es menester traer a colación el dispositivo 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)" Se observa del normativo trascrito, dentro del juicio de amparo les asiste la calidad de terceros interesados, tanto a la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Vale invocar, a guisa de ilustración, la tesis III.2o.P.56 P (10a.), consultable en página 1328, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, que dice: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTE DIRECTAMENTE UNA POSIBLE CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la interpretación literal del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero interesado, siempre y cuando el acto reclamado afecte directamente la reparación del daño; sin embargo, conforme a una interpretación sistemática del citado precepto, en relación con el derecho humano de aquéllos a obtener la reparación del daño, consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008), se colige que a los sujetos pasivos de hechos delictivos se les ha reconocido -tanto por la Constitución General de la República, como en diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el carácter de parte activa procesal penal, con legitimación para impugnar no sólo tópicos relativos exclusivamente a la reparación del daño, sino también se ha extendido a toda la gama de actos del procedimiento, sea en la averiguación previa o en el proceso, bajo las cuales puede impugnar aspectos que inciden en la demostración del delito y la plena responsabilidad penal del acusado, con la finalidad de proporcionar los elementos jurídicos que estime conducentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, tomando en cuenta el interés jurídico de la víctima u ofendido del delito de que subsista el acto tildado de inconstitucional, en virtud de su expectativa de la reparación del daño; ya que existe una multiplicidad de actos procesales que si bien no afectan directamente la reparación del daño en tanto no se refieren al respecto, sí implican que, de hecho, aquélla no ocurra, al afectar la pretensión reparatoria expresada en la presentación de una denuncia por el ofendido contra el quejoso. Por tanto, el reconocimiento del ofendido como tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, aun cuando el acto reclamado no afecte directamente una posible condena a la reparación del daño, tiende a cumplir con el mandato constitucional de garantizar ese derecho humano reconocido en su favor en el citado artículo 20 apartado B, fracción IV, constitucional y en los diversos 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 96 del Código Penal y 115, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Jalisco, y así, evitar que las personas que son víctima u ofendido por la comisión de algún delito dejen de ser "los convidados de piedra del proceso penal". Bajo tal contexto, es claro que a Yadira Margarita Ramírez Martínez, quien representa a las víctimas menores de edad de iniciales Y.Y.F.R. y Y.A.F.R., les reviste el carácter de terceros interesados en este juicio, acorde al inciso c) de la porción normativa invocada, pues tienen participación en la causa de origen 16610/2021, seguida en contra del quejoso Deonicio Figueroa Alvarado, por el delito de atentados al pudor, abuso sexual, equiparable a la violación en grado de tentativa y corrupción de menores. Por ende, se comisiona al Actuario de la adscripción realice el emplazamiento correspondiente de la parte tercera interesada Yadira Margarita Ramírez Martínez, por sí y en representación de las víctimas menores de edad de iniciales Y.Y.F.R. y Y.A.F.R., en la dirección ubicada en calle Sierra de la Gavia, 127, colonia Virginia Tafich Canavati, Santa Catarina, Nuevo León. En caso de concretar la diligencia, el fedatario judicial deberá correrle traslado con copia del escrito de demanda, auto admisorio, así como el presente proveído; igualmente, requerir a la parte nombrada, para que en el término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificación dentro de la zona metropolitana de esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo así, las subsecuentes comunicaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista sin ulterior acuerdo, según lo dispuesto por el arábigo 26, fracción III, del ordenamiento rector de la materia. Notifíquese; y, personalmente a la parte tercera interesada.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el sendo remitido por la Secretario de la Décimo Cuarta Sala Penal y de Justicia para Adolescentes, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto admisorio de doce del mes y año en curso, allega copia certificada de las diligencias que acreditan la personalidad del promovente, dado que se advierte, dentro del toca de apelación 206/2023 de su índice (de la que deriva el acto reclamado), originado con motivo de la carpeta de ejecución 16610/2021, el licenciado Enrique Rodríguez Olivan, cuenta con el carácter de Defensor Público del quejoso Deonicio Figueroa Alvarado. También, allega copia certificada del oficio 1674/2023, mediante el cual se emplazó de la demanda de amparo al Fiscal General de Justicia en el Estado de Nuevo León, al tener el carácter de tercero interesado. Asimismo, comunica que de las constancias que integran los referidos expedientes, no se desprende que se encuentre en trámite o concluido, diverso juicio de amparo que derive del mencionado sumario, de donde emerge el acto impugnado. Consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, acorde al artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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