Denys Stalin Brito Cunchi

Expediente 1199/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1199/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Denys Stalin Brito Cunchi
  • Alex Jefferson Ortiz Caín
  • JONNATHAN DAVID ORTIZ CAIN y Otros.
  • ALEX JEFFERSON ORTIZ CAÍN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como lo señaló la parte quejosa, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido de la sentencia dictada en dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, a la parte quejosa Edgar Martín Berrelleza Ortíz, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación de la referida sentencia, misma que en lo conducente dice: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 685/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado el quince de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial, y recibido el mismo día, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Edgar Martín Berrelleza Ortiz, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora se precisan: A) Autoridades responsables: Congreso, Gobernador y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, este último con sede en Tijuana, todas del Estado de Baja California. B) Actos: Los artículos 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, con motivo de un acto de aplicación. SEGUNDO. Impedimento legal. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós (folios 28 a 33), radicó el juicio de amparo indirecto 531/2022 y se declaró incompetente en razón de que existía un vínculo laboral entre el quejoso y ese órgano jurisdiccional, ya que fungía como Secretario Particular; en consecuencia, en términos del artículo 51, fracción VIII, 52 y 54 fracción III, inciso C), se remitió al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Turno, con sede en Mexicali, Baja California, a fin que calificará los hechos y determinara en definitiva el impedimento legal. Luego, mediante sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós (folios 3 a 7), el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, emitió resolución en el expediente 20/2022, en la cual calificó de legal el impedimento planteado y ordenó la remisión del asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que lo turnara al Juzgado de Distrito en turno, con exclusión del Juzgado Sexto de Distrito. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, radicó el juicio de amparo indirecto 685/2022, se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda (folios 38 a 42); cabe mencionar a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación del juzgado auxiliado cambió a "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana1". Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados (folios 58 y 59, 68 a 83, 122 y 123) mismos que se tuvieron por recibidos en autos de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (folio 87) y veintidós de febrero de dos mil veintitrés (folio 125). Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la prueba ofrecida por el quejoso consistente en un informe del Notario Público Número 3, con ejercicio en Tijuana, Baja California, la cual equivale a una testimonial (folios 131 y 132); y, en diverso auto de siete de junio siguiente (folio 158), se requirió al referido fedatario público, a efecto de que remitiera lo siguiente: 1) copia certificada de la escritura pública número 195,670 ciento noventa y cinco mil seiscientos setenta, volumen 6,682 seis mil seiscientos ochenta y dos, de veinticinco de junio de dos mil veintidós; 2) Informe detallado de todos y cada uno de los conceptos retenidos por concepto de impuestos y la cantidad a que asciende cada uno de ellos; 3) Indicara los artículos o fundamentos legales en que se basó para la retención; 4) Señalara y justificara la fecha en que esa notaría recibió el pago de los derechos notariales correspondientes; y, 5) Manifestara si dichos derechos registrales ya fueron entregados a la autoridad recaudadora, y en caso de ser así, remitiera copia certificada de las constancias que lo acrediten. Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplido el requerimiento precisado en el párrafo precedente (folio 242). Por otra parte, el agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento; y, finalmente, la audiencia constitucional fue celebrada -previos diferimientos- el veintisiete de junio de dos mil veintitrés (folio 245). CUARTO. Remisión de los autos. Mediante turno aleatorio de uno de septiembre de dos mil veintitrés, vinculación del expediente electrónico de esa misma fecha, así como por acuerdo de cuatro posterior, se radicó en este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, para el dictado de la sentencia correspondiente, lo que motivó su registro bajo el número auxiliar 424/2023 integrado en el cuaderno de la remesa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1º y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, con base en lo establecido en el Acuerdo General 8/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (modificatorio de los acuerdos 15/2010, 3/2013 y 52/2008); y, punto primero del 68/2008, relacionados con los órganos integrantes del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, con jurisdicción en toda la República; disposiciones por las que se determina la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de este órgano jurisdiccional2. La competencia del juzgado auxiliado3 se sustenta en que los actos son atribuidos a autoridades residentes en el territorio en que, conforme al Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ejercen su jurisdicción; y al tratarse de normas generales con motivo de un acto de aplicación, de conformidad con el artículo 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa reclama la norma con motivo de un acto de aplicación, del cual bajo protesta de decir verdad, señaló que tuvo conocimiento el veintisiete de junio de dos mil veintidós. De modo que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo4, el cómputo para el plazo de presentación de la demanda inició el día hábil siguiente; esto es, el veintiocho de junio de dos mil veintidós. Por tanto, si la demanda de amparo si la demanda de amparo fue depositado el quince de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial, y recibido el mismo día, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se concluye que su presentación ocurrió dentro del plazo de quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque dicho término transcurrió del veintiocho de junio al dieciocho de julio de dos mil veintidós, descontándose como inhábiles los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio, de la referida anualidad, por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley en materia, por lo que su presentación es oportuna. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo que prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia 40/20005, se precisa que los actos reclamados consisten en los artículos 12, fracción II y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, con motivo de un acto de aplicación consistente en el pago de derechos registrales por conducto del notario público, en su carácter de tercero auxiliar de la administración. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y a la Gobernadora, ambas del Estado de Baja California, toda vez que al tratarse el acto reclamado de una ley, su certeza es plena, ya que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, las normas generales no son objeto de prueba6 porque basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como un hecho notorio. Por su parte, la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio de Tijuana, Baja California, al rendir su informe justificado (folios 58 y 59), aceptó la certeza del acto; de modo que ello constituye una confesión7, de conformidad con el artículo 199 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. QUINTO. Estudio de sobreseimiento. Como cuestión previa y acorde con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente8. I. Causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. La autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California, al rendir su informe justificado (folios 68 a 83), refirió que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no formuló conceptos de violación en contra de la norma reclamada. Sin embargo, dicha causa de improcedencia es infundada, en razón de que de la simple lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que contrario a lo aseverado por la autoridad responsable, el quejoso sí formuló conceptos de violación tendientes a impugnar las normas reclamadas. II. Causa de improcedencia que se advierte de oficio. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación respecto del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós. Al tenor de la fracción XII del artículo 619 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, pues en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10, así como de los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo11, se advierte que el ejercicio de la acción de amparo está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento, luego, la noción de perjuicio para que proceda el amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de garantías en su perjuicio; en ese sentido, dicho derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico y que la Ley de Amparo considera un requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo, exigencia que así prevé la jurisprudencia 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."12. A efecto de analizar la existencia del interés jurídico en el presente asunto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I y 61, fracción XII, establece las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas o porque el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora -como en el caso de la autoliquidación de una contribución-. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."13 En el caso, el quejoso reclama los artículos 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, que prevén el cobro de derechos por inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo anterior, con motivo de un acto de aplicación consistente en el pago de derechos registrales por conducto del notario público, en su carácter de tercero auxiliar de la administración, que a decir del quejoso, entregó a dicho fedatario el veintisiete de junio de dos mil veintidós. En ese contexto, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1167/2015, cuya ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA."14; destacó que para efectos del cómputo del plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra normas tributarias que regulan, entre otros, el pago de derechos por inscripciones registrales, debe tomarse en cuenta la fecha en que el contribuyente tiene conocimiento de la afectación patrimonial, la cual se actualiza cuando el contribuyente entrega al notario público (en su carácter de tercero auxiliar de la administración), el recurso correspondiente para cubrir las cantidades relativas a los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por constituir dicho pago un acto de aplicación implícito de la norma reclamada, por ende, el contribuyente puede optar por acudir al amparo a partir de ese momento; o bien, esperar al acto de aplicación expreso de la norma. Sin embargo, la particularidad que se presenta en el caso concreto, impide que se pueda tener por acreditado el acto de aplicación implícito a que hace referencia la ejecutoria en comento, únicamente por cuanto hace al artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues el pago de derechos registrales que constituye el acto de aplicación, se deriva de la inscripción de la escritura pública 195,670 ciento noventa y cinco mil seiscientos setenta, del protocolo del Notario Público Número Tres con ejercicio en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En ese sentido, de las constancias que fueron remitidas por la Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, junto con su informe justificado (folios 58 y 59), particularmente, del recibo-volante 2-22-89832 (folio 64), se advierte que por la inscripción del instrumento público de mérito, solamente se aplicó el artículo 12, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, no así el numeral 13 del mismo ordenamiento, cuya inconstitucionalidad también reclama el quejoso en el presente juicio de amparo. Por tanto, a pesar que la entrega al notario público del recurso correspondiente para cubrir las cantidades relativas a los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, constituye un acto de aplicación implícito de la norma reclamada y, por ende, el contribuyente puede acudir al amparo a partir de ese momento, lo cierto es que de las constancias que obran en autos quedó acreditado que el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, no se aplicó en perjuicio del quejoso. En tales condiciones, al no haber acreditado el quejoso el acto de aplicación del numeral 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo en lo que respecta a dicho numeral, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, procede el estudio de los conceptos de violación, sin que sea necesario trascribirlos, al no existir obligación legal de hacerlo, como lo establece la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación15. I. Precisión de la litis constitucional. La parte quejosa señala que el artículo 12, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, vulnera sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la línea argumentativa siguiente: Aduce que las cuotas por concepto de derechos se cobran sin atender al costo real del servicio proporcionado, sino con base en el valor de la operación que se registre, ya que las tarifas a pagar están fijadas con cuotas al millar, introduciendo un elemento extraño al servicio, como lo es el valor de los actos que se inscriban; de tal manera que por un mismo servicio algunos contribuyentes enteraran mayor o menor cantidad dependiendo el valor de la operación a registrar. II. Examen de la litis constitucional. El concepto de violación es infundado, como a continuación se expondrá. En efecto, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el principio de proporcionalidad consiste en que, al momento de contribuir al Estado, la imposición debe ser justa en relación con la capacidad contributiva del contribuyente, entendiéndose por ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público16. Mientras que el principio de equidad consiste en el trato igual para quienes realizan un mismo hecho imponible, es decir, para los contribuyentes que se encuentran en idéntica hipótesis de causación contenida en la norma tributaria, debe existir un tratamiento de idéntico en relación con el pago del tributo17. El principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada; esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Ahora bien, debe destacarse que los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la Hacienda Pública como precio de los servicios de carácter administrativo prestados al contribuyente, por lo que para atender su proporcionalidad y equidad se debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, por lo que las cuotas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así, para que los derechos cumplan con los requisitos de equidad y proporcionalidad, debe existir un equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado. De modo que, tratándose de derechos, como contribución, los principios de referencia se rigen por un sistema distinto al de los impuestos; por lo que, para la observancia de éstos, en cuanto a la determinación de tal derecho, debe tomarse en cuenta la realización del servicio que el Estado presta. Resultan aplicables las jurisprudencias 1/98 y 2/98, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN."18 y "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."19 Específicamente, en la jurisprudencia P./J. 3/98 que lleva por rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."20, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, tratándose de los principios de proporcionalidad y equidad, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, entendido como un equilibrio razonable entre la tarifa y la prestación; sin llegar al extremo de considerar que la correspondencia entre ambos términos habrá determinarse como en derecho privado y que, por ello, el precio deba corresponder exactamente con el valor de aquél ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de particulares. De ahí que, para fijar los derechos de que se trata, no se ha de estar en concordancia con la capacidad contributiva del gobernado, ni con cualquier otro factor o elemento que no sea el costo del servicio que presta el Estado dentro de sus funciones de derecho público, con base en el cual, armónicamente, se habrá de fijar la cuota correspondiente. En el caso, el quejoso reclama el artículo 12, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, que prevé el cobro de derechos por inscripciones registrales, en los términos siguientes: "Artículo 12. Los servicios que se presten en materia de la Propiedad, causarán derechos cada vez y se pagarán previamente por los interesados, con excepción de los solicitados por las Autoridades Fiscales de la Federación, Estado y Municipios, y Organismos Descentralizados, los cuales se harán efectivos a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución como parte del crédito fiscal, debiendo éstas enterarlos a la Oficina recaudadora correspondiente dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha de su cobro, conforme a la siguiente - - - - Tarifa: - - - .II. Por la inscripción de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se establezca, declare, reconozca, transmita, modifique o extinga el dominio o la propiedad de bienes muebles e inmuebles, asimismo, la condición resolutoria o suspensiva en los casos de venta de bienes raíces, por cada acto en un mismo documento. . . . . . . $9,645.62.". No obstante, lo infundado del concepto de violación, radica en que contrario a lo aseverado por el quejoso, no se introduce un elemento extraño, en tanto que el costo del servicio proporcionado, no se establece con base en el valor de la operación que se registre, ni tampoco se prevé una tarifa fijada en cuotas al millar; sino por el contrario, la tarifa establecida en el numeral impugnado es una tarifa fija. De ahí lo infundado del concepto de violación. En mérito de lo anterior, ante lo infundado del concepto de violación, lo procedente es negar el amparo. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. De conformidad con los ordinales 6°, fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Federal, 1, 9, 68, 113, fracción I y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en correlación con los preceptos 25, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal21, procédase a publicar la presente sentencia con supresión de los datos personales de las partes.22 Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Martín Berrelleza Ortiz; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto, apartado II, de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar Martín Berrelleza Ortiz; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Publíquese la presente sentencia con supresión de los datos de las partes, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente por conducto del juzgado de origen; dese de alta y conforme lo dispone la circular CAR06/CCNO/2011, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese en el módulo de sentencias contenido en el SISE, además anótese en el libro de registro correspondiente; con el original de esta resolución y acompañando el archivo electrónico de la misma, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia. En consecuencia, dese de baja este cuaderno en el libro electrónico de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido, el cual se clasifica como destruible, en términos del artículo 13 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el cual indica que los órganos jurisdiccionales auxiliares valorarán los cuadernos de antecedentes que se generen como destruibles. Así lo resolvió y firma Oscar Gregorio Herrera Perea, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, ante Ángel Pastor Muñoz Trujillo, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano judicial federal. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 344/2023 que firma el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 124/2023 de su índice, en la que dicho Tribunal resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de queja interpuesto por Guisselle Cruz Molina, por su propio derecho, contra el auto dictado en la audiencia constitucional de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 213/2023 SEGUNDO. El presente asunto no tiene relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último considerando de esta ejecutoria." En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, no obran los informes justificados de diversas autoridades foráneas, ni los acuses de recibo de los oficios 26457, 26465, 26468, 26469, 26474, 26475, 26477, 26478, 26484 y 26488, mediante los cuales se les solicitó dichos informes. En virtud de lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones, reexpídanse los oficios 26457, 26465, 26468, 26469, 26474, 26475, 26477, 26478, 26484 y 26488, de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dirigidos a las autoridades responsables respectivas, a los que se les deberá anexar copia del escrito inicial de demanda, a fin de que se encuentren en posibilidad de rendir su informe con justificación. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la información requerida podrá ser enviada a la dirección de correo oficial 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm

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