Dennys Pérez Chacón

Expediente 1266/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1266/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Dennys Pérez Chacón

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 427/2022-9, con número de orden 633/2022, que se envió para notificar a la parte quejosa, consecuentemente, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/4815/2022 de tres de los actuales, signado electrónicamente por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, con sede en la Ciudad de México, se designó a Manuel Alfredo Gordillo Pérez, Coordinador Técnico Administrativo de este órgano jurisdiccional federal, para que tenga acceso al directorio de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintidós. Con motivo de lo anterior, con fundamento en los artículos 86, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 7 y 9, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL QUE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO PERITOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA, esta juzgadora designa a Teresita Pérez Robles, para que funja como perita en materia de contabilidad por parte de este juzgado. En ese contexto, con fundamento en el artículo 9, fracción IV, requiérase a la precitada perita para que manifieste por escrito bajo protesta de decir verdad o en el acto de la notificación ante el actuario de este juzgado, si se encuentra en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el "Arancel para el cálculo de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritas y peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación", aprobado por la Comisión de Administración del Concejo de la Judicatura Federal, correspondiente a la materia de su dictamen pericial. Asimismo, se le programa cita para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a revisar las constancias relacionadas con el objeto de la prueba pericial de referencia, a fin de que determine el monto de sus honorarios de acuerdo con el aludido arancel. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la hora y fecha en la cita agendada mediante el programa "Agenda OJ", será agregada al expediente para constancia y una copia será proporcionada al momento de la diligencia de la notificación, la cual contendrá un código QR, que deberá presentar al momento de ingresar al juzgado, así como una identificación oficial vigente. Se hace saber a la referida perita que, una vez que haya revisado las constancias que servirán de base para el dictamen correspondiente, deberá presentar escrito con la precisión del monto de sus honorarios, mismos que deberán estar debidamente justificados, especificando circunstancias de tiempo, modo y lugar, las horas que empleará en la realización del dictamen pericial, el cual deberá ajustarse al arancel vigente. Finalmente, a efecto de realizar la notificación correspondiente, se instruye al actuario para que realice la consulta de datos de localización del domicilio de la aludida perita, a través del Coordinador Técnico Administrativo de este juzgado, toda vez que se trata de información confidencial y deberá mantenerse en reserva. Notifíquese y personalmente a la perita

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que con fecha dos de agosto del presente año, giró de nueva cuenta exhorto recordatorio al Presidente de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz, y para corroborar lo anterior, remite copia certificada del correo electrónico remitido a esta última autoridad solicitándole el emplazamiento del demandado FREDI E. CABALLERO GONZÁLEZ. De lo que se toma conocimiento para los fines legales procedentes. En consecuencia, con apoyo en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio que se envíe por mensajería acelerada estafeta así como por vía telegráfica al Presidente de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación que se le haga del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de emplazamiento del demandado Fredi E. Caballero González. Lo anterior, tomando en cuenta que tuvo conocimiento de dicha encomienda, a través del acuse de recibo del correo electrónico que le fue remitido por la Junta residente en esta ciudad, así como el auto de dos de agosto del presente año, por el que ordenó el desahogo de dicha diligencia, de los que se remite copia simple para su conocimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el oficio 39009/2022 signado por el Secretario Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el cual transcribe el proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1250/2022, de su índice, del que se advierte que se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por Juan José Guerrero Meza, promueve en favor de Dennys Pérez Chacón y Kenia Gutiérrez Delgado, por lo que ordenó su envío por interconexión a un Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, por conducto de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado, para que se avocara a su conocimiento. Por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. En tal razón, se tiene a Juan José Guerrero Meza, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, en favor de Dennys Pérez Chacón y Kenia Gutiérrez Delgado, contra los actos que reclama de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 11, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1266/2022-9 y acúsese recibo. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de esta Juzgadora, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna a favor de las directo quejosas lo siguiente: Privación de la libertad, detención o alojamiento ilegal. Expulsión o deportación. Sin que haya ha lugar a pronunciarse respecto de la suspensión de plano solicitada por el promovente en favor de las directo quejosas, en razón que del proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 1250/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que el homólogo declinante, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo, este se pronunció respecto a la misma, por lo que se ordena notificar la suspensión de plano decretada a las autoridades responsables, adjuntándose a los oficios que se libren copia simple del aludido proveído. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena; se les impondrá una multa equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de este último ordenamiento. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" COMISIÓN DEL ACTUARIO PARA QUE DE FE DE ESTADO FÍSICO En ese contexto, toda vez que del escrito de demanda se observa que la parte quejosa Dennys Pérez Chacón y Kenia Gutiérrez Delgadillo, se encuentran detenidas en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, se comisiona al actuario judicial de la adscripción de este juzgado, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables, y notifique la presente determinación a las referidas quejosas; además, para que a través de sus sentidos, dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentre, y la fecha en que ingresó a la estación migratoria, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable mediante auto de tres de agosto del presente año. De igual forma, requiera a la parte quejosa Dennys Pérez Chacón y Kenia Gutiérrez Delgadillo, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva: Manifiesten SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; los cuales establecen: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas "Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6. 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas ARTICULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Ahora bien, previo a proveer sobre la procedencia o no de la demanda de que se trata, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: 1.- Secretaría de Gobernación. 2.- Encargado Responsable del filtro de Revisión establecido en el Puesto de Revisión de Villahermosa en el Estado de Tabasco. 3.- Secretaría de Marina. 4.- Guardia Nacional. 5.- Titular de las Zonas alternas para atención a Trámites Migratorios de Tenosique, Tabasco. Por lo anterior, es menester precisar lo siguiente: Los artículos 1, fracción I, y 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 112 y 114 de la citada legislación, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IIII. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.]" Del análisis sistemático de los numerales antes precisados se puede advertir que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las prerrogativas otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se prevé que la parte quejosa se encuentra obligada a señalar de forma clara y precisa la norma general, acto u omisión que reclama y que pretende introducir a la Litis constitucional, así como narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan para fundamentar sus conceptos de violación. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los directos quejosos, para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de la legal notificación de este proveído, por escrito y con el número de copias de la promoción con que se cumplan esta prevención para cada una de las partes y autoridades responsables que designen, bajo protesta de decir verdad, aclaren lo siguiente: ÚNICO. Manifiesten que actos reclaman de las citadas autoridades. Al respecto, resulta oportuno indicar que mediante la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinte de noviembre del dos mil trece, emitió el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada por lo que hace a dichas autoridades. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito de demanda, por no contar con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. SE GIRA EXHORTO. Ahora bien, toda vez que la promovente, señaló en su demanda como domicilio para oír citas y notificaciones el ubicado en la Justo Sierra, número 66, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Código Postal 16059 de la Ciudad de México, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto vía interconexión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción y notifique a la aludida promovente el presente auto. Asimismo, deberá requerirla para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en Villahermosa, Tabasco, o bien manifieste que las notificaciones se hagan de manera electrónica, con apercibimiento que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de su adscripción, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Finalmente, una vez diligenciado la comunicación en comento la devuelva a este órgano constitucional, por la misma vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a los directo quejosos.

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