Dennys García Aguedo

Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
875/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Dennys García Aguedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia de 25 de enero de 2023, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por [1] Dennys García Aguedo, [2] Lázaro Jesús Fernández López, [3] Any Lenia Riesgo Muñoz, [4] Yan Carlos Reyes Martínez, y [5] Leydi Ferrer Solórzano, contra los actos que reclama de la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por [1] Dennys García Aguedo, [2] Lázaro Jesús Fernández López, [3] Any Lenia Riesgo Muñoz, [4] Yan Carlos Reyes Martínez y [5] Leydi Ferrer Solorzano, contra el acto y autoridad señalada en el escrito de demanda, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese por lista a la parte quejosa y agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    V- Agréguese el oficio firmado por el subrepresentante local del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de 23 de diciembre de 2022, informa las razones por las cuales no se ha realizado la entrega de los documentos a los directos quejosos, destacando la existencia de diligencias pendientes en el procedimiento administrativo migratorio y deben permanecer en el expediente hasta que se resuelva su situación migratoria; que se desconoce el paradero actual de las personas, y que han incumplido con sus presentaciones a firmar el libro de forma semanal desde el mes de octubre de 2022, ya que no presentaron domicilio ni número de contacto, que por tales hechos está retrasado el procedimiento y la imposibilidad de entregar la documentación. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido y anexos, para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES". Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    V- Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la demanda de amparo, en el capítulo de hechos, los quejosos refieren que el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se apersonaron ante las instalaciones de la responsable, a fin de que le sean entregados sus pasaportes, y les fueron informados que los mismos estaban asegurados con la finalidad de que cumplan con sus obligaciones impuestas con motivo de su libertad concedida, y toda vez que del informe justificado de la autoridad responsable, negó los actos reclamados, sin que manifestara lo relacionado con la negativa de entrega de los documentos de identidad a los quejosos y el estatus que guarda actualmente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, informe si a la fecha ha realizado entrega de los documentos de identidad de los quejosos, o bien, manifieste el obstáculo que se encuentra para realizarlo, lo cual, deberá acreditarlo con copia certificada, legible y completa. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional, se fija como nueva fecha para su desahogo las diez horas con cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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