Dennys Alejandra Salazar Benítez

Expediente 1562/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1562/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Dennys Alejandra Salazar Benítez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.(CAUSA EJECUTORIA PROVEÍDO)

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Certificación. En Hermosillo, Sonora, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informe justificado de las responsables; 2) Emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, 3) Pruebas documentales ofertadas por las autoridades responsables y parte quejosa. Asimismo, hago constar que: 1) En el auto de radicación, este juzgado se reservó proveer respecto de la existencia del tercero interesado; y, 2) Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Violeta Ybarra Escalante. Secretaria del juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en audiencia pública María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta a la encargada del despacho con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y los informes justificados rendidos por las responsables. Asimismo, se hace constar que en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; a lo que la encargada del despacho acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se da cuenta a la encargada del despacho con el proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, virtud del cual, en cumplimiento al testimonio de ejecutoria del recurso de revisión administrativo 419/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, se dio vista a la parte quejosa, para que de ser de su interés en el plazo de quince días ampliara la demanda de amparo, en relación con un nuevo acto vinculado a que reclamó en su demanda de amparo, consistente en el oficio II-210-DGPR-00034/2019, signado por la directora general de la Propiedad Rural, dependiente de la Secretaría en comento; asimismo, se ordenó correr traslado a la impetrante con copia del informe justificado y el oficio II-2010-DGPR-00034-2019. Acto seguido, la encargada del despacho acuerda: en virtud de que la parte quejosa nada manifestó en relación con la vista otorgada mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, no obstante encontrarse debidamente notificada, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no ampliada la demanda de amparo, por ende, se resolverá únicamente en relación con los actos y autoridades que se señalaron expresamente en la demanda primigenia. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y la secretaria da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y autoridades responsables. La encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que obran en el sumario los alegatos formulados por la parte quejosa. La encargada del despacho acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se da por concluido este periodo; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1562/2018; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por demanda presentada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, y recibida en este juzgado ese día, Dennys Alejandra Salazar Benítez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Por proveído de la misma fecha, se admitió la demanda de amparo; ordenó formar el expediente y registrarlo en el libro de juzgado; pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y el veinte de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente asunto. Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión. El mencionado medio de impugnación fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, bajo el toca de amparo en revisión administrativo 419/2019 de su orden estadístico y, el cinco de agosto del año en curso, dejó insubsistente la resolución recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que se le diera vista personal a la parte quejosa con el contenido del informe justificado rendido por la subdirectora de amparos "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en Ciudad de México, para que de ser de su interés en el plazo de quince días ampliara la demanda de amparo, respecto del nuevo acto vinculado a que reclamó en su demanda de amparo, consistente en el oficio II-210-DGPR-00034/2019, signado por la directora general de la Propiedad Rural, dependiente de la Secretaría en comento. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa en los términos precisados por el órgano colegiado en cita; sin embargo, la impetrante no hizo manifestación alguna, en consecuencia, en la audiencia que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el sumario y se tuvo por no ampliada la demanda. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que cuando los actos reclamados no tienen ejecución, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presenta la demanda, extremos que satisfacen en el caso. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, residente en la Ciudad de México: La omisión de dar contestación a la solicitud que por escrito, de manera respetuosa y pacífica, realizó la parte quejosa el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia de ello, la falta de entrega a la parte quejosa del título de propiedad del predio del que es posesionaria. Del subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, residente en la Ciudad de México: La omisión de ordenar la integración del expediente y poner para consideración y firma de la Secretaría, el título de propiedad a favor de la parte quejosa. Del director general de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México: La omisión de substanciar el procedimiento para ejecutar y atender la solicitud de enajenación de una superficie de 160-44-20.41 hectáreas a favor de setecientos cincuenta y siete posesionarios de terrenos nacionales, en el municipio de Hermosillo, Sonora, donde la parte quejosa se encuentra como posesionaria y beneficiada del Programa de Titulación Social. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos reclamados al titular de la Secretaría y al subsecretario de Ordenamiento Territorial, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), residente en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó la subdirectora de Amparos "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la citada Secretaría, al rendir el informe justificado, en representación de dicha autoridad. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas por la autoridad responsable conjuntamente con su informe con justificación consistente en copia certificada del documento 28913/EPN/2018 de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la citada secretaría, del cual deriva que se le remitió para su atención el documento presentado por ciudadanos y ciudadanas posesionarios del predio denominado Unión de Parceleros de la Manga A.C., del municipio de Hermosillo, Sonora, sin que la parte quejosa hubiera aportado pruebas para desvirtuar tal negativa. A tales constancias se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se trata de documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tal motivo, se decreta el sobreseimiento por lo que hace a las autoridades responsables y actos reclamados a que se ha hecho referencia, conforme al artículo 63, fracción IV1, de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado Es cierto la omisión atribuida a la directora general de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pues si bien, su representante negó al rendir informe justificado (subdirectora de amparos "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la referida entidad), dicha negativa se desvirtúa con las constancias que remitieron al informe de ley, en donde se advierte la respuesta otorgada a la petición presentada por escrito el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado por la quejosa La certeza del acto se robustece si se toma en cuenta que en términos del apartado 210-15, d) y 200-23, del Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encuentra dentro de sus funciones atender los requerimientos de información de la instancia correspondiente y someter a consideración del titular del ramo los proyectos de títulos de propiedad, para su suscripción, y en su caso tramitar las inscripciones correspondientes, aunado a que a la fecha de la presentación de la demanda, aun no existía respuesta a la petición formulada por el quejoso. Causas de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, no obstante quedó acreditada la existencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo; sin embargo, se advierte la actualización de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de tal modo que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo cual, debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada al retornar las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que en el sumario obra el oficio II-210-DGPR-00034-2019 signado por la autoridad responsable directora general de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, residente en Ciudad de México, mediante el cual dio contestación al escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por la quejosa y otros posesionarios del predio denominado Unión de Parceleros de la Manga, A.C., del municipio de Hermosillo, Sonora. Asimismo, obra en autos obra el acta de notificación que se realizó de dicho oficio a la parte quejosa, el quince de febrero de dos mil diecinueve, a través de su representante legal Elías Sandoval Espinoza. Lo que implica que cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, pues se dio respuesta por escrito y de manera congruente a su petición, y dicha respuesta se le notificó en breve término. Así, en relación con el tema que nos ocupa del derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Tales consideraciones se concretizaron en la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de dos mil diecinueve, pagina 605, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En ese orden de ideas, en virtud de que la impetrante se abstuvo de ampliar la demanda de amparo en contra del acto consistente en el oficio II-210-DGPR-00034-2019 (directamente vinculado con la demanda primigenia); a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto, sería absurdo que en esta sentencia se entrara al estudio de una notificación dentro del propio juicio de amparo, cuestión que en todo caso no fue motivo de impugnación. Es ilustrativa la tesis 2a./J. 149/2006 de rubro, texto y datos de publicación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." En relatadas consideraciones al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseer en el presente juicio. VII. Decisión Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio que nos ocupa; ello imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dennys Alejandra Salazar Benítez, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando III, por las razones y fundamentos expuestos en los considerativos IV y VI de este fallo.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa amplíe la demanda de amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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