Denny Armando Cabrera Salinas
Expediente 682/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Denny Armando Cabrera Salinas
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que por cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de plazos y términos que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendió el trámite de este expediente. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, en atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 682/2018, promovido por ***. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto exige determinar si se actualiza la alegada violación al artículo 1°, 8°, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del promovente ante referido, el Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, vulneró sus derechos fundamentales previstos en 1°, 8°, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** promovieron juicio de amparo mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y como acto reclamado la omisión de acordar y notificar el proveído por el que se señale nueva fecha y hora para la celebración de la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente número **. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 682/2020 la que fue admitida el cuatro de noviembre de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo el diecinueve de julio de dos mil diecinueve. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión por parte de una autoridad que tiene su domicilio en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, lugar donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de omisiones que crean situaciones permanente en la esfera jurídica de Denny Armando Cabrera Salinas que no se subsanan mientras aquéllas subsistan. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que el justiciable reclama del Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de acordar y notificar el proveído por el que se señale nueva fecha y hora para la celebración de la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente número **. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, aduciendo que el cinco de noviembre del año en curso, se dictó el acuerdo correspondiente en el que se señaló hora y fecha para llevar a cabo el ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ****; sin embargo, de la manifestación de la responsable la omisión reclamada por el disidente de mérito existía al momento de la presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veinte), así lo revela el informe justificado y las documentales remitidas que tienen pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta pertinente destacar que de la documental que la autoridad responsable aportó al presente juicio de amparo, la cual fue valorada en el apartado que antecede, se advierte que efectivamente el cinco de noviembre de dos mil veinte, el Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, emitió el acuerdo correspondiente en el que se señaló hora y fecha para llevar a cabo el ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ***. En consecuencia, resulta evidente que la conducta omisiva que la ahora parte quejosa atribuye a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad dictó el acuerdo respecto dentro del expediente *** del índice de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la omisión reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó demanda de amparo el cuatro de noviembre de dos mil veinte, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que la omisión que reclamaba de la responsable, cesó en sus efectos, porque se dictó la resolución de cinco de noviembre del año en curso; ningún caso tendría examinar la omisión aludida si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica de los solicitantes de la tutela constitucional. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de una diversa, porque aun cuando opere sería irrelevante, dado que no cambiaría el sentido de esta resolución. La determinación anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página cuatrocientos catorce, que indican: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Aunado a lo anterior, por lo que hace a la dilación procesal reclamada a la autoridad responsable, aquella quedó destruida como consecuencia necesaria de la resolución de veinte de junio del año en curso, que dirimió la instancia indígena en comento. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **, contra el acto reclamado a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en términos del apartado VII de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguense el oficio y el anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca, remite el informe justificado remitido por error por el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; asimismo, se tiene como prueba de la citada responsable las documentales que anexa, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese, el escrito señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa y téngase al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. Notifíquese.
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