Denisse Quijano Estrella
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Denisse Quijano Estrella
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO 1972 SIGNADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL DIVERSO POR EL QUE SE LE REMITIERON LOS AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO DE AMPARO 879/2022- VII DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, Y ONCE COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO; ASIMISMO, INFORMA QUE EL TITULAR DEL JUZGADO DE SU ADSCRIPCIÓN DETERMINÓ AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO ANTES CITADA REGISTRÁNDOLA BAJO EL CONSECUTIVO 954/2022-IV DE SU ÍNDICE; CIRCUNSTANCIA DE LA CUAL SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ATENTO A LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE NO EXISTEN DILIGENCIAS PENDIENTES POR REALIZAR EN EL PRESENTE CUADERNILLO DE ANTECEDENTES, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PRESENTE ASUNTO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, EN VIRTUD DE QUE SE TRATÓ DE UNA INCOMPETENCIA. B
- Principal
Vista la demanda de¬ amparo promovida, contra actos del Juez Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 879/2022-VII. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente en prioncipio es oportuno destacar que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables a: 1. Juez Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México. La orden de arresto emitida en contra de la suscrita en audiencia de fecha 7 de septiembre de 2022 y en virtud de la cual se pretende privar de la libertad a la suscrita, de la cual tuve conocimiento en virtud de que me fue informado el mismo día por ***quien participo en dicha audiencia. 2. Fiscal General de Justicia e la Ciudad de México. 3. Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 4. Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 5. Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 6. Directora de Ejecución de Mandamientos Judiciales dependiente se la Dirección General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 7. Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 8. Director de Control y Seguimiento de Mandamientos Judiciales, dependiente de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 9. Subdirector de Oficios de Colaboración y Exhortos, dependiente de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 10. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 11. Subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México La inminente ejecución de la orden de arresto emitida en contra de la suscrita en audiencia de fecha 7 de septiembre del 2022 de la cual tuve conocimiento en virtud de que me fue informado por ***quien participo en dicha audiencia, mediante la cual se pretende privar de su libertad a la suscrita fuera de proceso. Precisados los actos que en el presente sumario constitucional se combaten, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia por razón de la materia, para conocer de la demanda de amparo de cuenta, toda vez que se estima que los actos reclamados emanan de un ramo diverso al de la especialidad de este Juzgado. Ello es así pues, de conformidad con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. Ahora bien, en el juicio de amparo las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a). La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción II de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b). La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c). El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, en el caso concreto es dable puntualizar lo dispuesto en numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual refiere: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se colige que si bien es cierto en la fracción I, se establece que es competencia del Juez de Amparo en Materia Penal los juicios en los que se reclamen actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, sin hacer distinción alguna respecto a la naturaleza de la autoridad emisora del acto; dicha regla admite dos excepciones, a saber, que se trate de correcciones disciplinarias, o bien de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Asimismo, en las diversas fracciones se advierte que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, será competente contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando sea procedente; y contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Amparo, circunstancia que en el caso no se actualiza. En tales condiciones, resulta que dichos órganos de control constitucional en materia penal, no conocerán de las correcciones disciplinarias o medidas de apremio, impuestas fuera del procedimiento penal, aun tratándose de aquellas que afectan la libertad personal, como ocurre en el presente caso. Por lo que, si bien es cierto un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal es competente para conocer de las demandas en las que se señala como acto reclamado alguno que afecte la libertad personal, independientemente de autoridad que lo haya dictado, también lo es que la excepción a dicho mandamiento, es que no se trate de medidas de apremio impuestas fuera de un procedimiento penal. Por tanto, si los actos reclamados en el presente asunto no fueron emitidos por una autoridad ministerial Federal o local, ni derivado de una carpeta de investigación, o en su caso de una averiguación previa, así como tampoco por una autoridad judicial de orden penal, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna; tampoco se traduce en una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito), ni se equiparan a una ley o disposición de observancia general en materia penal, para considerar que la competencia para conocer de los actos en cita radica en este juzgado Siendo que en el caso, la parte quejosa refiere que el día siete de septiembre de dos mil veintidós, al estarse desahogando una audiencia de carácter judicial ante el Juez Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, este emitió una orden de arresto en contra de la parte quejosa, ello con motivo de no haber comparecido a la citada audiencia, lo cual hace evidente que no deriva de un proceso penal y, en tal virtud, no se surte la competencia de este Juzgado para conocer del presente asunto. Consecuentemente, resulta oportuno atender a lo dispuesto en el numeral 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señala: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Amparo, en relación con el 56 y 60, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el la Ciudad de México, sin prejuzgar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías o de si se reúnen o no los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; se declara incompetente de plano para conocer de la presente demanda de garantías por razón de materia y dada la naturaleza de la orden de arresto y de la autoridad que la emitió se declina la competencia a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se ordena remitir la presente demanda de amparo; debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente en este Juzgado, solicitando el acuse de recibo respectivo, al Juez a cuyo favor se declina la competencia en el que se pronuncie dentro del término legal, si acepta o no la competencia planteada. En otro orden de ideas, ténganse por autorizados únicamente en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas mencionadas en el escrito de demanda, pues de conformidad con el artículo 12 párrafo segundo de la misma ley, se deberá acreditar que aquéllas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o abogado, y proporcionar los datos correspondientes a fin de que este Juzgado verifique si se satisface tal requisito. Igualmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario señalado por la parte quejosa como: "aldojulian.rubio", la consulta y acceso del presente asunto, vía electrónica. Asimismo, notifíquese las determinaciones que deriven del presente asunto a la parte quejosa a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario antes indicado, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y [.]". Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que notifique a la parte quejosa vía electrónica, las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. No se soslaya la circunstancia de que la parte quejosa también haya señalado un domicilio físico empero atendiendo a la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, debe privilegiarse el esquema del juicio en línea, máxime que expresamente solicita que se le realicen las notificaciones vía electrónica y que el presente asunto se tramite en la modalidad de juicio en línea. Así, únicamente hágase constar el señalamiento de un domicilio físico por parte del promovente, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las notificaciones personales que surjan en este juicio de amparo, asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto.
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