Denisse Martínez Macías
Expediente 871/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Denisse Martínez Macías
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil quince. Se tiene por recibo el oficio 8228 con anexos, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que por auto de veintiocho de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo directo ********************, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** y, ordenó remitirla junto con las demás constancias que se acompañaron a ésta, al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Morelos; correspondiéndole conocer por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmesele al citado Tribunal de Alzada que, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo. Ahora bien, vista la demanda de garantías que promueve ********************, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 871/2015-II que por orden le corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. La parte quejosa reclama la resolución de ********************, dictado en el toca civil ******************** derivado del juicio de controversia familiar ******************** y acumulado ********************, por la cual se declaró improcedente la recusación planteada por ********************, en contra de********************, Magistrada Integrante de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de ENRIQUE UROSA ZAVALA, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le requiera a las autoridades responsables del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos a efecto de que den cumplimiento a la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a su contenido, indíquese al promoverte que se esté a lo acordado en los siguientes párrafos. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, no ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley de Amparo en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos (DOMINGO CORIA DELGADO), para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: ". Por otra parte, al encontrarse el cobro reclamado dentro de la hipótesis de inconstitucionalidad establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia temática -leyes que establecen como referencia para el pago del derecho de alumbrado público la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica-cuya aplicación es obligatoria en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, exclusivamente por lo que se refiere al cobros impugnado, para el efecto de que las autoridades responsables le devuelvan la cantidad de ******************** relativa al pago de derecho de alumbrado público que se contiene en el aviso recibo con número de servicio ********************, por el periodo comprendido del treinta de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil catorce. Lo anterior, con independencia de que la parte quejosa haya consentido las normas legales que prevén el cobro de las contribuciones reclamadas, pues los actos reclamados adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad que las leyes que establecen como referencia para el pago del derecho de alumbrado público la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica. No pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado jurisprudencialmente que el efecto que produce la concesión del amparo por inconstitucionalidad de la ley que prevé el mecanismo de cálculo de la tasa que fija el pago de derechos por servicios, no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, pues es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Sin embargo, ello se encuentra condicionado a que la disposición declarada inconstitucional prevea una cantidad fija mínima a pagar sobre el valor de la operación comercial que le dio origen a los derechos por servicios cuestionados, hipótesis que no acontece en la especie, pues para el cálculo del pago de derechos de alumbrado público no se establece una cantidad fija mínima a pagar, pues según se vio, en el caso concreto, ésta varía según el consumo de energía eléctrica del periodo correspondiente." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos (JORGE MORALES BARUD) y al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, LEANDRO VIQUE SALAZAR y Regidores NANCI ALEJANDRA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, PABLO ANDRADE GORDILLO OLIVEROS, JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, NELSON GERSON RODRIGUEZ VAZQUEZ, ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, JUAN JARAMILLO FRICAS, ROSELIA URIOSTEGUI BAHENA, LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, ROMUALDO SALGADO VALLE, MARCO ANTONIO VALDIN PASAFLORES, SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, DULCE MARIA ARIAS ATAIDE Y FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que da fe.
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