Denisse Haylín Vargas Serrano
Expediente 450/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Denisse Haylín Vargas Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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.....VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE DE LA QUE SE ADVIERTE QUE FUE NOTIFICADO EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.......EN CONSECUENCIA HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LEY....SE ORDENA REMITIR EL ASUNTO AL ARCHIVO........
- Principal
.....LO PROCEDENTE ES DECLARAR QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO......
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por lo cual, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de esta ciudad, para que una vez que cese el impedimento a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, informe los trámites que haya realizado para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se ordenará hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de enero del año en curso, consistente en multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (área geográfica única para todos los municipios del país), a saber $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), dando un total de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo y se hará lo anterior del conocimiento al Tribunal Colegiado para que continúe en el conocimiento del trámite de inejecución de la sentencia de amparo; en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." [.] "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". [.] "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." [.] Cabe precisar que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "Emita de manera inmediata el dictamen correspondiente y finalmente el laudo en el expediente 277/2014-V, de conformidad con los artículos 130, 131 y 132 de la Ley del Servicio Civil." Conviene aclarar que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de esta ciudad, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, éste no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.36/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque sin ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quien requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Se reitera a la autoridad responsable que el incumplimiento al fallo actualiza el delito previsto en el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
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Se requiere nuevamente a autoridad de cumplimiento.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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