Denisse Franco Martinez

Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Denisse Franco Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito firmado por el Licenciado Luis Javier Jiménez González, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, manifiesta que una vez analizada las documentales que la autoridad responsable anexa al oficio con el cual se le dio vista, se advierte que han cesado los efectos de la protección constitucional otorgada al quejoso, por lo que expresa su conformidad con el cumplimiento, y en consecuencia con el archivo del expediente, en el momento procesal que este juzgado estime pertinente; agréguese a sus autos para que surtas sus efectos legales. En ese sentido, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que el quejoso en esta vía constitucional, reclamó esencialmente la omisión de dictar la resolución definitiva en el Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del Estado número RPE-03/2019. Por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se se le concedió al impetrante la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, realizara lo siguiente: "1. Emita la resolución final correspondiente en el expediente RPE-03/2019 de responsabilidad patrimonial promovido por la aquí quejosa. 2. Ordene la notificación de la misma. No obstante lo anterior, si la autoridad responsable ya cuenta con la resolución respectiva, ordene su notificación personal de manera inmediata". Luego, la autoridad responsable Jefe de Oficina de Procesos Penales y Amparo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, interpuso recurso de revisión contra la anterior resolución, mismo que se resolvió el veintiocho de octubre del presente año, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Denisse Franco Martínez en su carácter de albacea de bienes de José Fernando Franco Rodríguez, por los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia que se revisa."; una vez agregada a los autos se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la misma. Al respecto, el Jefe de Oficina de Procesos Penales, Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación y Amparo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa y en representación del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este juzgado, acreditando tal acción con copia certificada de la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial en comento, además de constancia de notificación de catorce de junio de dos mil veintiuno. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, quien a través del escrito de cuenta manifestó que la responsable había acatado los extremos de la protección constitucional. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la mencionada responsable emitiera la resolución la resolución definitiva en el Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del Estado número RPE-03/2019, lo cual ya aconteció, esto aunado a las manifestaciones de la autorizada de la parte quejosa en el sentido de considerar que la autoridad responsable había acatado los extremos de la protección constitucional; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora, como se anticipó la autorizada de la parte quejosa, manifestó su consentimiento, al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, asimismo expresó su conformidad con en el envió del presente expediente al archivo; por tanto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta y anexos, suscrito por el Jefe de Oficina de Procesos Penales, Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación y Amparo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente procedimiento el treinta de marzo de dos mil veintiuno, asimismo solicita se le de vista a la parte quejosa y se le haga del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito con sede en Mazatlán; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, hágasele del conocimiento lo anterior al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito con sede en Mazatlán, para los efectos legales ah que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el oficio 11666/2021 con anexos de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 564/2020-4A, y remite copia certificada de la resolución de veintiocho de octubre del presente año, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Segundo Circuito, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Denisse Franco Martínez en su carácter de albacea de bienes de José Fernando Franco Rodríguez, por los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia que se revisa."; intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas a fin de evitar duplicidad de constancias, agréguese el oficio de cuenta para conocimiento de las partes y para los efectos legales conducentes. En ese sentido, como lo solicita el Tribunal de Alzada, acúsese recibo mediante oficio en el cual se transcriba el presente acuerdo. Pues bien, al encontrarse firme la sentencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano Del Seguro Social, Culiacán, Sinaloa , a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual expídasele oficio al que se anexe copia de la determinación del Tribunal de Alzada. En la inteligencia de que la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano Del Seguro Social, Culiacán, Sinaloa: 1. Emita la resolución final correspondiente en el expediente RPE-03/2019 de responsabilidad patrimonial promovido por la aquí quejosa. 2. Ordene la notificación de la misma. Por último, se apercibe a la responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista electrónica, y por oficio al Tribunal de Alzada y a la autoridad responsable. Así lo acuerda y firma Juan Enrique Parada Seer, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Clarisela Barraza González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta y anexos, suscrito por el Jefe de Oficina de Procesos Penales, Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación y Amparo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo rinde informe de cumplimiento con respecto a la sentencia dictada en el presente procedimiento, y solicita sé de por cumplida la sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno y se de vista al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito con sede en Mazatlán. En atención a su contenido, se le tiene a la autoridad por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José María Morelos y Pavón, número 637 de la colonia Jorge Almada, en Culiacán, Sinaloa. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la autoridad responsable que se tenga por cumplida la sentencia de amparo, este Juzgado se reserva a proveer lo conducente; ello, en razón de que por auto de treinta y uno de mayo del presente año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Jefe de Oficina de Procesos Penales y Amparo del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, mismo que se encuentra pendiente de resolver; por tanto, remítanse tal y como lo solicita la autoridad responsable copias de las constancias que anexa al oficio de cuenta al Tribunal de Alzada antes mencionado, para los efectos legales a que haya lugar. (Amparo en revisión 192/2021 de su índice).

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