Denisse Diaz Duran
Expediente 1978/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1978/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Denisse Diaz Duran
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta agréguese el oficio signado por la Secretaria de Bienestar Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio SEBIEN/DA/RH/0475/2022-A dirigido a la Coordinadora General Jurídica, anexando recibo de pago en favor de******************** Por tanto, con fundamento en los artículos 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaria de Bienestar Social, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que le sea notificado el presente proveído, informe la respuesta al oficio SEBIEN/DA/RH/0475/2022-A dirigido a la Coordinadora General Jurídica Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo enviada por el licenciado, Joel Vicente Flores Sarno, quien se ostenta apoderado legal de Denisee Díaz Durán, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1978/2022. Lo anterior, tomando en consideración que el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, anexó a su escrito inicial de demanda el ocurso de fecha nueve de noviembre del año próximo pasado, mediante el cual solicitó a la autoridad señalada como responsable le expidiera la certificación de su personalidad como apoderado legal de la parte quejosa, en el que consta el sello de recibido de dicha autoridad, sin que haya sido posible su obtención. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, la jurisprudencia del rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA". Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: 1.- De la Junta responsable se reclama el dejar de certificar que pruebas se encuentran pendientes por diligenciar, y el dejar de dictar las medidas necesarias a fin de integrar el sumario y desahogar dichas pruebas, tanto en el sumario natural y demás acumulados detallados en la resolución de acumulación. El dejar de dictar acuerdo motivado sobre la promoción de fecha 3 de noviembre de 2021. El dejar de aplicar el principio de celeridad procesal a fin de desahogar las pruebas ofrecidas en el expediente acumulado (antes citados) al natural atendiendo a los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo y acorde al orden público que reviste dicho desahogo. 2.- Del C. Actuario responsable se reclama el dejar de notificar en tiempo y forma las determinaciones emitidas por la Junta responsable tendientes al desahogo del sumario natural. Lo anterior derivado del juicio laboral 72/E08/2017." Puntualizado lo anterior, este Juzgado advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir otro juicio promovido por el apoderado legal de la parte impetrante, contra el mismo acto reclamado y misma autoridad responsable. Efectivamente, el artículo en comento dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". De la transcripción de la fracción que antecede, se colige que para que surta efectos la causal invocada, es necesario que las leyes o actos que se reclamen, hayan sido solicitados en diverso juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, en contra de la misma o mismas autoridades, que los actos reclamados sean los mismos, aunque se trate de diversas las violaciones constitucionales; y que dicho juicio se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. A la actualización conjunta de tales hipótesis se conoce como litispendencia, y alude al estado del litigio que se encuentra pendiente de resolución ante un tribunal o, lo que es igual, del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. De lo que se sigue, que tal causa de improcedencia se basa en el principio de economía procesal, que exige se eviten dos procesos sobre el mismo litigio, en la necesidad de evitar sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema. Cobra relevancia mencionar que, para la configuración de la improcedencia aludida, resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Por lo que se concluye, que el objeto de la figura jurídica en comento, es evitar el riesgo de que existan dos resoluciones de naturaleza diversa y/o contradictorias, circunstancias que, de concurrir, imprimen un grado de afectación que obliga a considerar que debe ser sujeta, de inmediato, al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento o bien se dicte sentencia definitiva, sobre todo porque afecta notablemente la naturaleza final del juicio. Tiene aplicación, la tesis VII.P. 83 K3, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que a la dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo , el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En el caso que nos ocupa, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la tramitación del juicio de amparo 426/2022 el cual fue amulado al diverso 422/2022, entre otros, para lo cual se ordena allegar copia certificada de la demanda, esto al corresponder a un sumario del índice de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia XXII. J/12, cuyo epígrafe y contenido refieren: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia numero 265 visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". El citado juicio de amparo, se admitió a trámite nueve de marzo del presente año, y a la presente fecha, aún se encuentra en trámite, lo que hace evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada. Al respecto, es pertinente hacer una comparación entre los actos que esencialmente fueron reclamados en la demanda que dio génesis al juicio 1978/2022 que nos ocupa y los correspondientes al amparo 426/2022 lo que se sintetiza en el siguiente cuadro a efecto de mayor ilustración: JUICIO DE AMPARO 426/2022 JUICIO DE AMPARO 1978/2022 "ACTO RECLAMADO: El dejar de dictar las medidas necesarias a fin de que se certifique que no existen pruebas por diligenciar, el dejar de declarar cerrada la instrucción, y el dejar de dictar laudo o en su caso el dejar de certificar cuales medios de prueba se encuentran pendientes de diligenciar y la omisión al proveer su desahogo en tiempo y forma, lo anterior dentro de los siguientes expedientes 92/08/2017, 58/E08/201 7, 49/08/2017, 50/08/201 7, 51/08/201 7, 52/208/2017,53/08/2017, 55/08/2017, 59/08/2017, 69/08/2017, 79/08/2017, 71/08/2017, 72/08/2017, 74/08/2017, 75/08/2017, 76/08/2017, 77/08/2017, 81/08/2017, 44/08/2017, 83/08/2017, 49/08/2017, 86/08/2017, 87/08/2017, 91/08/2017, 97/08/2017, 135/08/2017, 137/08/2017, 138/08/2017 y 154/08/2017 acumulados. ACTO RECLAMADO: 1.- De la Junta responsable se reclama el dejar de certificar que pruebas se encuentran pendientes por diligenciar, y el dejar de dictar las medidas necesarias a fin de integrar el sumario y desahogar dichas pruebas, tanto en el sumario natural y demás acumulados detallados en la resolución de acumulación. El dejar de dictar acuerdo motivado sobre la promoción de fecha 3 de noviembre de 2021. El dejar de aplicar el principio de celeridad procesal a fin de desahogar las pruebas ofrecidas en el expediente acumulado (antes citados) al natural atendiendo a los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo y acorde al orden público que reviste dicho desahogo. 2.- Del C. Actuario responsable se reclama el dejar de notificar en tiempo y forma las determinaciones emitidas por la Junta responsable tendientes al desahogo del sumario natural. Lo anterior derivado del juicio laboral 92/E08/2017. La omisión atribuida a la Junta responsable es la omisión de certificar que pruebas se encuentran pendientes por diligenciar, dentro del juicio laboral 9********************y sus acumulados. Como se puede observar, los actos reclamados son sustancialmente los mismos, y en ambos a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, es señalado como autoridad responsable. Aunado a lo anterior, ambos sumarios fueron promovidos por la parte quejosa Denisee Díaz Durán, es decir reclama en esencia, los mismos actos - es la omisión de certificar que pruebas se encuentran pendientes por diligenciar, dentro del juicio laboral 9********************y sus acumulados-, en contra de idéntica potestad responsable. Entonces, es inconcuso que de manera clara, manifiesta e indudable se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y por consiguiente, lo correspondiente es DESECHAR DE PLANO la demanda interpuesta. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente al promovente.
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