Denisse Cancino Cruz

Expediente 161/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
161/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • Denisse Cancino Cruz
  • Kb R C

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte, la quejosa Denisse Cancino Cruz, quien se ostenta como representante legal de la menor K.B.R.C, no exhibió documento idóneo que acredite la personalidad de representante legal de la menor antes citada dentro del plazo que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de febrero del actual, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Denisse Cancino Cruz, quien se ostentó como representante de la menor referida, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Desechamiento. Por otra parte, visto el estado de los autos y de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por DENISSE CANCINO CRUZ, por su propio derecho, de manera destacada, se desprende la quejosa reclama en esta instancia constitucional el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pago de pensión alimenticia 378/2012, por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el que decretó "la caducidad del recurso de revocación" que interpuso en contra del auto de tres de julio de dos mil quince, dictado en ese propio juicio. Precisado lo anterior, se advierte que contra ese acto se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Sobre la interpretación de esta causa de improcedencia, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se precisa que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo se define el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, los que para ser considerados irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que las consecuencias de esos actos irreparables deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió que la ley prevé dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. Estos "derechos" afectados materialmente deben referirse a la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto dice: "Registro 2006589 Época: Décima Época Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Establecido lo anterior, del análisis de la demanda se obtiene que la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del proveído de tres de julio de dos mil quince, dictado en el en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pago de pensión alimenticia 378/2012, donde la autoridad responsable se negó a girar oficio de descuento solicitando el pago de pensión alimenticia en salarios mínimos. En ese contexto, el acuerdo combatido no constituye un acto de imposible reparación ni deja en estado de indefensión a la agraviada, puesto que la declaratoria de "caducidad del recurso de revocación", que reclama en esta instancia, únicamente trae como efecto que quede subsistente el proveído de tres de julio de dos mil quince. Actuación que no afecta ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, puesto que está en aptitud de solicitar al juez responsable dicte las providencias correspondientes para obtener el cobro de la pensión decretada a favor de la promovente y su menor hija. De ahí que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu; lo que encuentra justificación en la necesidad de limitar la procedencia del juicio constitucional, sobre la base de que las infracciones que se cometen en las etapas procedimentales pueden resarcirse al momento que se emite la resolución definitiva o como lo precisó la Suprema Corte, con los efectos del amparo directo que en su caso se promueva. En ese contexto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio invocada, se impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte, la quejosa Denisse Cancino Cruz, quien se ostenta como representante legal de la menor K.B.R.C, no exhibió documento idóneo que acredite la personalidad de representante legal de la menor antes citada dentro del plazo que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de febrero del actual, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Denisse Cancino Cruz, quien se ostentó como representante de la menor referida, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Desechamiento. Por otra parte, visto el estado de los autos y de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por DENISSE CANCINO CRUZ, por su propio derecho, de manera destacada, se desprende la quejosa reclama en esta instancia constitucional el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pago de pensión alimenticia 378/2012, por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el que decretó "la caducidad del recurso de revocación" que interpuso en contra del auto de tres de julio de dos mil quince, dictado en ese propio juicio. Precisado lo anterior, se advierte que contra ese acto se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Sobre la interpretación de esta causa de improcedencia, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se precisa que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo se define el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, los que para ser considerados irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que las consecuencias de esos actos irreparables deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió que la ley prevé dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. Estos "derechos" afectados materialmente deben referirse a la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto dice: "Registro 2006589 Época: Décima Época Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Establecido lo anterior, del análisis de la demanda se obtiene que la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del proveído de tres de julio de dos mil quince, dictado en el en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pago de pensión alimenticia 378/2012, donde la autoridad responsable se negó a girar oficio de descuento solicitando el pago de pensión alimenticia en salarios mínimos. En ese contexto, el acuerdo combatido no constituye un acto de imposible reparación ni deja en estado de indefensión a la agraviada, puesto que la declaratoria de "caducidad del recurso de revocación", que reclama en esta instancia, únicamente trae como efecto que quede subsistente el proveído de tres de julio de dos mil quince. Actuación que no afecta ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, puesto que está en aptitud de solicitar al juez responsable dicte las providencias correspondientes para obtener el cobro de la pensión decretada a favor de la promovente y su menor hija. De ahí que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu; lo que encuentra justificación en la necesidad de limitar la procedencia del juicio constitucional, sobre la base de que las infracciones que se cometen en las etapas procedimentales pueden resarcirse al momento que se emite la resolución definitiva o como lo precisó la Suprema Corte, con los efectos del amparo directo que en su caso se promueva. En ese contexto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio invocada, se impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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