Denisse Adriana Uribe Higuera
Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Denisse Adriana Uribe Higuera
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Incorporación de razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta que no le fue posible realizar la notificación a ******************** del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós dictado en el sumario, por los motivos que expone. Notificación por estrados. Ahora, ante la imposibilidad del actuario judicial adscrito para notificar a la quejosa de referencia el contenido del proveído de veintiuno de diciembre de la presente anualidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar la citada determinación, por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese por lista de estrados a ********************. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte la actualización de dos causales de improcedencia y una de sobreseimiento, en consecuencia, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: A la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para el desahogo de diversas pruebas testimoniales y una pericial dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 2074/2018. Testimoniales a cargo de: Manuel Adrián Medina Contreras; Guadalupe Uribe Moroyoqui; y, Adriana Lourdes Jaramillo Figueroa. Pericial caligráfica y grafoscópica. Realizar las gestiones necesarias para lograr el desahogo de una prueba confesional a cargo de Manuel Beltrán Pérez, la cual se ordenó diligenciar vía exhorto. Subsecuentes acuerdos que llegaren a dictarse en el transcurso del juicio, que inobserven los plazos o términos legales. Al actuario judicial adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora Omisión de tomar las medidas necesarias para notificar a los atestes precisados en el inciso a). Omisión de notificar a los expertos propuestos por las partes para diligenciar la pericial caligráfica y grafoscópica citada con anterioridad. Perito propuesto por la parte actora: Martín Alfredo Arvizu Llanes. Peritos propuestos por la parte demandada: ******************** y Ramón Gabriel del Ángel Alcaraz. II. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del estado de autos, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por sustitución; y, b) Por revocación. El primer supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El segundo supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados se actualizan ambas hipótesis antes reseñadas, a saber, sustitución por lo que refiere al apartado A; así como revocación en cuanto al apartado D -en relación con los incisos a) y b)- y el apartado E, cuestiones que se exponen a continuación: En relación con el apartado A se provee lo siguiente: Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, aceptaron la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe. No obstante lo anterior, estas exhibieron copia certificada del acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, del que se denota que, señaló nueva fecha para el desahogo de los medios de prueba precisados en el apartado que aquí interesa, con lo que reemplazó dicha irregularidad; para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por la Junta responsable: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós Testimonial Manuel Adrián Medina Contreras; Guadalupe Uribe Moroyoqui; y, Adriana Lourdes Jaramillo Figueroa (se desistieron). Doce horas del diecisiete de agosto de dos mil veintidós Pericial caligráfica y grafoscópica. Martín Alfredo Arvizu Llanes (ofrecido por la parte actora) ********************y/o ******************** (ofrecidos por la parte demandada) Nueve horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de junio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejaron insubsistentes las datas fijadas para las aludidas probanzas, en el auto reclamado de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el cual, según las manifestaciones de la parte quejosa, fijó para su desahogo los días trece de octubre para la testimonial y veintiséis de septiembre para la pericial, ambas datas del presente año. Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan al informe de cuenta. Sentado lo anterior, se concluye que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que las fechas determinadas en el auto reclamado de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, fueron sustituidas por el acuerdo de cuatro de julio del mismo año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de las multireferidas probanzas , sin prejuzgar sobre el acatamiento a lo dispuesto en dicho numeral, en relación con los plazos establecidos en la ley obrera, y que debe atender la Junta responsable. Con respecto al apartado D -en relación con los incisos a) y b)- y el apartado E, se acuerda lo siguiente: Por lo que respecta al acto reclamado que aquí se analiza, este debe tenerse por cierto, toda vez que en relación con los ciudadanos Manuel Adrián Medina Contreras y Guadalupe Uribe Moroyoqui, si bien, las autoridades no remitieron las constancias que acrediten su notificación, estas allegaron una actuación de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dimanada del juicio laboral 2074/2018, de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, consistente en el desahogo de las testimoniales que corresponden a los aludidos atestes, lo que dilucida que estos fueron notificados con posterioridad a la presentación de la demanda (siete de junio de dos mil veintidós). También, por lo que refiere a la notificación del perito propuesto por la parte actora, Martín Alfredo Arvizu Llanes, el fedatario público responsable, realizó la notificación correspondiente de la última data fijada para el desahogo de la pericial a su cargo, la cual se fijó en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio obrero génesis, a saber, las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de ese año, para que este estuviera en posibilidades de estar acudir a la diligencia. Ahora bien, de todo lo anterior se colige que aquellos autos en los que se había señalado fechas lejanas para el desahogo de diversas probanzas, que irrogaban perjuicio al quejoso, fueron sustituidas procesalmente por diverso acuerdo, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado. En tanto que la notificación de los atestes, el actuario responsable acató la orden de la Junta de trabajo notificó a estos, pues estos acudieron a desahogar la diligencia que les correspondía, así como se acreditó, la notificación concerniente al perito que se refirió anteriormente. De ahí, que con tales actuaciones efectuadas por las responsables, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos de los reclamos constitucionales precisados como apartado A, (en el supuesto de sustitución); apartado D -en relación con los incisos a) y b)- y el apartado E -con respecto al inciso a)- (estos últimos, en el supuesto de revocación). Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. III. Subsiste acto reclamado. Del análisis de las constancias que integran el presente asunto, se hace patente la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado hay una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados precisado como apartado D -en relación con el inciso c)-, se actualiza la referida causal, situación que se explica a continuación: Así las cosas, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de junio de dos mil veintidós) y hasta la data en que se emite la presente determinación el acto reclamado subsiste, pues la Junta responsable no ha hecho los actos tendentes para lograr la notificación de Adriana Lourdes Jaramillo Figueroa para que esté en posibilidades de desahogar la prueba testimonial a su cargo. No obstante, como se aprecia en la actuación de diecisiete de agosto de la presente anualidad citada con anterioridad (consistente en el desahogo de la prueba testimonial indicada en el apartado A de la precisión de los actos reclamados) la parte actora se desistió de la testimonial correspondiente a la ateste Adriana Lourdes Jaramillo Figueroa. Por tanto, el acto reclamado precisado en este apartado no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal en que actualmente se encuentra el asunto de la Junta laboral de origen. Afirmación que se corrobora con motivo del desistimiento de la parte actora, aquí quejosa, de dicha probanza. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la legislación en cita, por lo que hace al acto omisivo aquí examinado. IV. Inexistencia del acto reclamado. También, observando el estado de los autos, con respecto a los actos reclamados precisado en los apartados B, C y E -en relación con el inciso b)-; su existencia debe observarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, es decir, el siete de junio de dos mil veintidós. Por lo que, para finalizar, se tiene que, de las constancias remitidas por las autoridades responsables que en este apartado interesa, como apoyo de su informe justificado, se advierte que el exhorto ordenado por Junta de esta localidad, para lograr el desahogo de una prueba confesional a cargo de Manuel Beltrán Pérez, en virtud de que dicho ciudadano se encuentra fuera de su jurisdicción, no se encuentra en posibilidades de ser remitido. Lo anterior se corrobora con lo determinado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen, dado que, en razón al cambio de naturaleza de la prueba confesional en comento, a prueba testimonial, se ordenó dar vista a la parte demandada para que exhibieran, de ser el caso, el pliego de repreguntas y poder remitir el exhorto al lugar que corresponde. De lo anterior se observa que, la Junta en cuestión, se encuentra imposibilitada para remitir el exhorto respectivo dada la vista otorgada a la parte demandada. Después, lo concerniente al acto reclamado precisado como aquellos acuerdos que llegaren a dictarse en el transcurso del juicio, que inobserven los plazos o términos legales, es menester aclarar que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a ejecutar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse alguna omisión por parte de las autoridades, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Así mismo, lo concerniente a la omisión de notificar al expertos propuestos por la parte demandada, para diligenciar la multicitada pericial caligráfica y grafoscópica citada con anterioridad, como se aprecia en las citadas actuaciones cuatro de julio y veintiuno de octubre ambas de dos mil veintidós, citadas en párrafos precedentes (consistentes en diferimientos de la prueba pericial en comento) se dilucida que la Junta responsable le impuso la carga a la parte pasiva, de presentar a los peritos ******************** y ********************al desahogo de la diligencia pericial a su cargo. En esas condiciones, resulta patente la inexistencia de lo reclamado por el quejoso. Cabe mencionar que, el actuario judicial en cuestión, notificó a la parte demandada la actuación citada en segundo término, para que se encuentre en posibilidades de presentar al experto que propuso. De lo anterior, se observa que es inconcuso que las consabidas omisiones no existían a la fecha de interposición de la demanda de derechos. Por ende, es evidente que los reclamos constitucionales que en esta sección se estudiaron, resultaron inexistentes y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por todo lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos por la actualización de dos causales de improcedencia por unos actos, y una de sobreseimiento por otros. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Órgano Jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la Litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada el día de hoy para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de dos de diciembre del año en curso. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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