Denis Cordova Martínez
Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Denis Cordova Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA 5 Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio que firma el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del expediente principal *** , e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que no existe acuerdo pendiente que dictar y que la autoridad oficiante informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo que derivó este cuadernillo, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad ... al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente... se hace la indicación de que este expediente sí es susceptible de destrucción; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese...
- Principal
MESA "5" Vista la demanda de amparo, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2020-5 y fórmese el expediente correspondiente. Incompetencia Ahora, del análisis del contenido de la demanda de amparo, se desprende que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo por razón de materia, de conformidad con las siguientes consideraciones En primer término, el acto reclamado en el presente asunto es el siguiente: ? El cobro indebido del servicio de suministro de electricidad y su ejecución. Bajo esa óptica, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que, en virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tanto, la competencia obedece a razones de distribución de esa tarea del juzgamiento entre los diversos organismos judiciales, por lo que la misma se delimita no sólo por los aspectos de grado y territorio, sino también por la materia del asunto. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. De la anterior, se destaca que la competencia de un juzgado de amparo en materia penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se surte para conocer de los asuntos que se promuevan en los siguientes casos: A) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y la autoridad, en específico, judicial. B) Contra actos que vulneren la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. C) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos; o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Por su parte, el numeral 52, fracción IV, de la ley invocada, dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa sean competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial. "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (.) II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; También es oportuno señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos competenciales por razón de la materia, ha sostenido criterio respecto que debe atenderse a la naturaleza intrínseca de los actos combatidos, para así delimitar aquéllos casos en que se suscite conflicto entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización.... Además, este criterio fue complementado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país que, después de reiterar que tratándose de la competencia por razón de la materia debía tomarse en consideración la naturaleza del acto reclamado, añadió que también debía ponderarse la naturaleza de la autoridad responsable. Así, el cobro indebido del servicio de suministro de electricidad y su ejecución atribuido al -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución de la demanda de amparo promovida por el quejoso, dado que no se encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atento a las consideraciones siguientes: a) El cobro indebido del servicio de suministro de electricidad y su ejecución se reclama a autoridades meramente administrativas como lo son el Director General de la Comisión Federal de Electricidad y el representante legal de la Subsecretaría de Electricidad. b) No se relaciona de ninguna manera con la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, o con su revisión; c) No implica ni afecta la libertad personal del gobernado; d) Tampoco es de aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna; e) No es una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito) y, f) No se equiparan a una ley o disposición de observancia general en materia penal. Por tanto, se insiste, el acto reclamado tiene naturaleza eminentemente administrativa, pues se dirige a una autoridad en esa materia y no se relaciona de ninguna manera con un asunto del orden penal. Consecuentemente, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde al Juzgador de Amparo en Materia Administrativa en esta Ciudad.... Por tanto, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa en esta Ciudad conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra el cobro indebido del servicio de suministro de electricidad y su ejecución atribuidos al -------------------------------------------------------------------------------------------------, pues se reitera, su fundamento es el cobro indebido de una autoridad administrativa, el cual no guarda relación con un procedimiento del orden penal. En relatadas circunstancias, con fundamento en lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano federal se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo; motivo por el que deberá remitirse el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que por su conducto se turne al juzgado que corresponda, a cuyo titular se solicita atentamente acuse recibo del mismo y comunique si acepta o no la competencia declinada. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado a -----------------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa...."
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