Denia Torres Rivera
Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Denia Torres Rivera
Actuaciones
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 1117/2022 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Denia Torres Rivera, por propio derecho, contra el acto que reclama del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionales Autónomos (Fiscalía General del Estado) del Estado de Morelos, representado por los Integrantes del Comité Ejecutivo y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1117/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Precisión de los actos reclamados Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión; y, d) Tratándose de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general, para determinar el precepto o preceptos que se combaten, debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la moral quejosa reclama: I. Del Sindicato Único de Trabajadores y Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores, ambos, del Poder Ejecutivo Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionales Autónomos (Fiscalía General del Estado) del Estado de Morelos, representado por los Integrantes del Comité Ejecutivo, lo siguiente: El oficio *****, de once de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se notificó a la parte quejosa la suspensión de sus derechos sindicales. II. De la Dirección General de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, lo siguiente: La retención y entrega de las prestaciones de la trabajadora sindicalizada quejosa. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción III, de ese ordenamiento legal, toda vez que lo imputado no se consideran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. A fin de determinar si en el presente caso se actualiza dicha hipótesis, resulta necesario transcribir los dispositivos legales antes citados, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo antes citado se estatuye, lo que doctrinariamente se conoce como la causa de improcedencia legal y que consiste en que el juicio de amparo no resulta procedente cuando tal situación resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos antes transcritos, se advierte que, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violenten los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal. Además, que para efectos del juicio constitucional, son autoridades responsables los órganos del Estado que dicten, promulguen, publiquen, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar la ley o el acto reclamado; así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Por ello, se debe precisar que el juicio constitucional es procedente únicamente en contra de actos de autoridades, en relación con los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tienen las siguientes características: a) Es un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página mil ochenta y nueve, Tomo XXXIV, publicada en Septiembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese sentido, se considera como autoridad para efectos del amparo, a todo ente del Estado o particular, que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En el presente caso, es importante destacar que el acto reclamado consistente en el oficio SUTPEEPOCAEMOR/680/2022 de once de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se notificó a la parte quejosa la suspensión de sus derechos sindicales; no constituye un acto de autoridad, ya que las violaciones que reclama la promovente de amparo al Sindicato Único de Trabajadores y Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores, ambos, del Poder Ejecutivo Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionales Autónomos (Fiscalía General del Estado) del Estado de Morelos, representado por los Integrantes del Comité Ejecutivo, se llevó a cabo con base en las disposiciones relativas contenidas en los estatutos de dicho organismo sindical que rige su vida interna y proviene de la voluntad de los integrantes de dicho sindicato y no basada en una norma de carácter general; por tanto no tienen las características de un acto de autoridad ya que no extinguen derechos y obligaciones de un gobernado, incorporados a su esfera jurídica. Consecuentemente al no estarse en presencia de una relación de supra a subordinación los actos que se reclaman no son susceptibles de ser impugnados en la vía de amparo indirecto. Al respecto tiene aplicación la Jurisprudencia identificada como Tesis: XXVI.2 A (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 3049, Tomo IV Libro 2, Enero de 2014, de la Décima Época, Tesis Aislada Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: Tomo XXXI, Marzo de 2010. "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente". Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, en términos de lo que prevé la fracción XXIII del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción III, de ese ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Desechamiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la Dirección General de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, consistente en la retención y entrega de las prestaciones de la trabajadora sindicalizada quejosa; ello al no ser impugnado por vicios propios, sino como consecuencia directa del oficio reclamado. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que designa ya que no acreditaron tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. De igual manera, se tiene por señalado el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, los cuales se toman en consideración en caso de que se estime necesario establecer contacto con dicha parte procesal. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a las partes. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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