Denia Silva Sánchez, apoderada
Expediente 241/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Denia Silva Sánchez, apoderada
- Eloisa Juana Rodríguez Escalona
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, causó estado el diverso de dos de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por Eloísa Juana Rodríguez Escalona por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez; en ese sentido, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena devolver los respectivos tomos de prueba que se formaron en el presente juicio de amparo a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento y se ordena archivo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Eloísa Juana Rodríguez Escalona por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dos de marzo de dos mil veintidós. Se acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo dictado el veintiuno de febrero del año en curso, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Eloísa Juana Rodríguez Escalona por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez, en los autos del juicio de amparo directo 110/2022 de su índice, por las razones expuestas. Radicación demanda de amparo En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 241/2022-6. Acúsese el recibo de estilo. Se desecha demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Eloísa Juana Rodríguez Escalona por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez, contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala de quien reclama: La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el toca civil 351/2021, que a su vez modificó el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Juez Civil y Familiar del distrito judicial de Ocampo en el expediente 154/2020). Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós dictada por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el toca 351/2021, por la que modificó el auto dictado el trece de mayo de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 154/2020, por la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en el que se desecharon las pruebas testimonial, pericial en agrimensura e inspección judicial ofrecidas por la parte promovente. Así, dicho acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Lo anterior, es así, pues el acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós dictada por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el toca 351/2021, por la que modificó el auto dictado el trece de mayo de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 154/2020, por la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en el que se desecharon las pruebas testimonial, pericial en agrimensura e inspección judicial ofrecidas por la parte promovente. Determinación que sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno señalar los antecedentes respectivos, siendo los siguientes: Eloísa Juana Rodríguez, por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez Escalona y Javier Rodríguez Domínguez, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, promovió en la vía ordinaria civil juicio plenario de posesión, en contra de María Patricia Gertrudis Flores Valencia (fojas 2 a 4 de la copia certificada del expediente 154/2020). El diecinueve de febrero de dos mil veinte el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, a quien correspondió conocer del asunto, lo registró con el número 154/2020, lo admitió a trámite y ordenó correr traslado a parte demandada (foja 29 de la copia certificada del expediente 154/2020). Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno se ordenó abrir el juicio a prueba por el término de treinta días (foja 37 vuelta de la copia certificada del expediente 154/2020). Posteriormente, Eloísa Juana Rodríguez Escalona, por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez, mediante ocurso presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno, ofreció sus pruebas respectivas (fojas 2 a 9 del cuaderno de pruebas derivado del expediente 154/2020). Al respecto la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, proveyó lo siguiente: "Calpulalpan, Tlaxcala, a trece de mayo de dos mil veintiuno. A sus autos un escrito de Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez, recibido el doce de mayo del año en curso, atento a su contenido se acuerda: Fórmese regístrese y numérese el mismo número del principal el cuaderno de pruebas de la parte actora y con fundamento en los artículos 235, 236, 242, 143, 246 251, 252, 287, 315, y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le tiene por presente en tiempo y forma legal ofreciendo y teniéndosele por admitidas de su parte con citación de la contraria las siguientes pruebas: 1.- La testimonial, no se tiene por ofertada ni admitida toda vez que la misma fue ofrecida de manera extemporánea para su preparación y desahogo; 2.- La confesional a cargo de María Patricia Gertrudis Valencia Flores y/o María Patricia Gertrudis Valencia Flores, quien deberá absolver las posiciones que se les formulen en el momento de la diligencia, y que sean calificadas de legales señalándose para su desahogo las once horas, del día veintiocho de junio del año en curso, esto debido a la carga de trabajo de este juzgado y al orden cronológico de la agenda; por lo que se requiere a la articulante que de no comparecer al desahogo de dicha prueba, la misma se tendrá por desierta y a los absolventes de no comparecer se les tendrá por confesos de las posiciones que resulten calificadas de legales; 3.- La declaración departes: a cargo de María Patricia Gertrudis Valencia Flores y/o María Patricia Gertrudis Valencia Flores, quien declarará al tenor del interrogatorio que se le formule en el momento de la diligencia, señalándose para su desahogo las once horas con treinta minutos del día veintiocho de junio del año en curso, por lo que se apercibe a la oferente que de no comparecer al desahogo de dicha diligencia, será declarada desierta y de no comparecer el declarante o compareciendo se niegue a declarar categóricamente, se le tendrán por contestadas las preguntas que sean calificadas de legales, en sentido afirmativo y por existente una fundada razón de su dicho; 4.- la pericial en agrimensura, no se tiene por ofertada ni admitida, toda vez que la misma fue ofrecida de manera extemporánea para su preparación y desahogo; 5.- La inspección judicial, no se admite toda vez que la ofrece adminiculada con la prueba pericial por las mismas razones; 5.- (sic) Las documentales públicas y privadas, consistente en todos y cada uno de los documentos que menciona es su escrito que se provee; la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana en los términos que se ofrecen-. Notifíquese." (fojas 22 y 23 del cuaderno de pruebas derivado del expediente 154/2020). Inconforme con lo anterior, Eloísa Juana Rodríguez Rodríguez Escalona, por conducto de su apoderado Javier Rodríguez Domínguez, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, interpuso recurso de queja (fojas 4 a 22 del toca 351/2021), el cual, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno fue radicado con el número 351/2021 por el Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 34 vuelta); y el catorce de diciembre siguiente, los magistrados integrantes de la referida sala dictaron la determinación correspondiente, cuyos puntos resolutivos son: Primero.- Fue tramitado legalmente el recurso de queja interpuesto por Javier Rodríguez Domínguez, en su carácter de apoderado legal de Eloísa Juana Rodríguez Escalona.- Segundo.- Por las consideraciones expresadas en la presente resolución, se modifica el auto de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, dentro del Cuaderno de Pruebas de la parte Actora, derivado del expediente número 154/2020 relativo al juicio plenario de posesión, promovido por Javier Rodríguez Domínguez en su carácter de apoderado legal de Eloísa Juana Rodríguez Escalona, para quedar en los términos que se precisan en la parte final del último considerando del presente fallo. La parte considerativa de dicha determinación es la siguiente: "En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar el auto de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, dentro del Cuaderno de Pruebas de la parte Actora, derivado del expediente número 154/2020, relativo al juicio plenario de posesión, promovido por Javier Rodríguez Domínguez en su carácter de apoderado legal de Eloísa Juana Rodríguez Escalona, en contra de María Patricia Gertrudis Flores Valencia (sic), para fundarlo y motivarlo, debiendo quedar en los términos siguientes: [...] Por lo que hace a la prueba testimonial, inspección judicial y pericial en agrimensura, no ha lugar a tenerlas por admitidas, al haber sido ofertadas el día doce de mayo de dos mil veintiuno, cuatro días antes para que feneciera el término probatorio, es decir sin la oportunidad debida para su preparación y desahogo, pues si bien es cierto, que no existe dispositivo legal que, expresamente obligue a todos los contendientes a ofrecer pruebas en determinado día del término probatorio; sin embargo, los artículos 241 y 248 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado establecen expresamente que las diligencias de pruebas se practicarán dentro del término probatorio y con citación de la parte contraria, de ahí, que era imprescindible, que el oferente ofreciera sus pruebas con la oportunidad debida, en tal virtud, ante la inobservancia del oferente, de los artículos 73, fracción III, 90, 91, 113, 124, 235, 241, 248, 249, del ordenamiento legal invocado, se desechan las pruebas testimonial, inspección judicial y pericial en agrimensura ofrecidas [...]" (fojas 42 a 48 del toca 351/2021). En contra de la anterior determinación, Eloísa Juana Rodríguez Escalona, por conducto de sus apoderados Denia Silva Sánchez y Javier Rodríguez Domínguez, promueve el presente juicio de amparo. De lo anterior se desprende que, la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que si bien, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, al resolver el recurso de queja modificó el auto recurrido de trece de mayo de dos mil veintiuno dictado en el juicio ordinario civil 154/2020, por la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en el que se desecharon las pruebas testimonial, pericial en agrimensura e inspección judicial ofrecidas por la parte promovente; lo cierto es que dicha resolución no puede ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni constituye una violación procesal relevante. Ello, toda vez que de las actuaciones que integran el expediente de origen, no se advierte que se haya dictado sentencia definitiva, por lo que; de ser el caso, podría impugnar dicha actuación al momento de recurrir la resolución definitiva que se dictare. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Tomos Por otra parte, se ordena integrar las constancias que remitió la autoridad oficiante, en tres tomos por separado respecto de los cuales deberán elaborarse las carátulas respectivas. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Por otra parte, por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se advierte que el mismo, se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado; en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal, sin perjuicio de que con posterioridad señale nuevo domicilio dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a Miguel Ángel Gutiérrez Morales, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Gonzalo Camargo Rivas ni Yasset Agustín Huerta Rodríguez, por tal motivo, se les faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal, así como a Jorge Alberto Hernández Morales e Isaac Rodríguez Silva. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
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