Deneb Esparza Mendoza

Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
385/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Deneb Esparza Mendoza
  • Jueza Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje sin efectos el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que admitió la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 2697 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, exhibió copia certificada del acuerdo de catorce de noviembre del citado año, donde dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018, lo anterior, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar mediante acuerdo de catorce de noviembre del citado año, haber dejado insubsistente el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018, lo anterior, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje sin efectos el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que admitió la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que por acuerdo de catorce de noviembre del citado año, dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018, lo anterior, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; en ese sentido se tiene que la responsable acato la ejecutoria protectora. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Valeria Valencia Vega Altamirano, Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de ejecutoria, remitiendo documentales para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó concederla. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa; mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos; al respecto, dígase a la promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 385/2022, promovido por Deneb Esparza Mendoza contra actos de la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Deneb Esparza Mendoza solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos "El auto de fecha 22 de febrero de 2022, que admite la prueba Pericial en Materia de Contabilidad y auto de 16 de marzo de 2022, que ordena requerir a la suscrita para que exhiba los documentos relacionados con los gastos erogados a favor de la menor MIRIAM DENEB LÓPEZ ESPARZA, prueba que fue ofrecida por ALFREDO RAFAEL LÓPEZ JIMÉNEZ, actor incidentista, dentro del incidente sobre Rendición de Cuentas, radicado bajo el expediente número 366/2012, ante el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos". SEGUNDO. El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 385/2022 y requirió a la parte quejosa para que acreditara su personería. TERCERO. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, este juzgador tuvo por recibido el escrito mediante el cual, la parte quejosa dio cumplimiento al requerimiento de veintinueve de marzo del mismo año. Sin embargo, consideró que en el presente asunto, se surtía la competencia por antecedente directo en favor del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Morelos, por lo que se ordenaron remitir los autos de este expediente, a efecto de que ese órgano jurisdiccional se pronunciara por cuanto a la competencia declinada en su favor. CUARTO. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Jueza Primero de Distrito en el estado de Morelos radicó este asunto bajo el número 612/2022-2, y no aceptó la competencia para conocer de este expediente, por lo que devolvió los autos a este juzgado. QUINTO. Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, este juzgador tuvo por recibido el expediente en que se actúa y, en atención a lo decidió por la Jueza Primero de Distrito en el estado de Morelos, se admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, lo siguiente: El auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que admitió la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018; y El auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual requiere a la quejosa, para que en el plazo de cinco días exhiba los documentos relacionados con los gastos erogados en favor de la menor de iniciales M.D.L.E. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 1. Es inoperante la causal de improcedencia consistente en que los actos reclamados son derivados de otros consentidos El tercero interesado aduce que los actos reclamados por la quejosa en este juicio son derivados de otros consentidos debido a que en el expediente 1461/2021, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del estado de Querétaro ya se admitieron las pruebas de informes respecto de los ingresos de la quejosa; y la de trabajo social. Sin embargo, dicha circunstancia no puede ser analizada como causal de improcedencia que tenga como consecuencia el sobreseimiento de este juicio de amparo por no estar prevista en la actual Ley de Amparo. Por tanto, la manifestación que expone el tercero interesado podrá ser tomada en consideración al momento de resolver sobre el fondo de este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.C. J/8 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La causa de improcedencia del juicio constitucional, generalmente referida como "actos derivados de otros consentidos", no está prevista en la actual Ley de Amparo, sino que tiene su origen en un criterio jurisprudencial emitido con base en la ley abrogada, siendo éste consultable como la tesis 17, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", que aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con el número de registro electrónico: 393973. Sin embargo, una revisión de los precedentes que integran tal criterio, revela que ésta no reunía las características que daban lugar a considerarlo como criterio obligatorio. En efecto, los artículos 217, 222 y 225 de la actual Ley de Amparo disponen que son jurisprudencia obligatoria para los órganos jurisdiccionales locales y federales del país, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes supuestos: a) cuando se sustenten en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en distintas sesiones y que hayan sido aprobadas por una mayoría de cuando menos cuatro votos; y, b) cuando se diluciden los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas del Máximo Tribunal, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados en los asuntos de su competencia. Estos elementos de conformación de la jurisprudencia, son sustancialmente similares a los exigidos en la Ley de Amparo de 1919, vigente al momento de la publicación de ese criterio, pues el artículo 148 de aquel ordenamiento preveía que las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, votadas por mayoría de siete o más de sus miembros, constituirían jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. Ahora bien, en la revisión del Apéndice al Tomo XXXVI de la Quinta Época del Semanario Judicial de octubre de mil novecientos treinta y cinco, donde está la publicación original de la tesis no menciona la palabra "improcedente", sino que dice "El amparo es, el que se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos", fue hasta la publicación del Apéndice L, de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, cuando se agregó la expresión "El amparo es improcedente". Luego, en los precedentes compilados para integrar esa tesis, no se advierte que se haya expresado el sentido de ese criterio, dado que en todas esas ejecutorias no se trató como punto fundamental lo atinente a la improcedencia del juicio de amparo. Incluso, en todos los fallos se pronunciaron decisiones de fondo y en ninguno se expresó que el juicio de amparo fuera improcedente respecto de actos derivados de otros consentidos. Por tanto, no hay base alguna para afirmar en forma contundente que de las referidas ejecutorias eran aptas para constituir jurisprudencialmente una causa de improcedencia del juicio de amparo. Cuando el acto reclamado deriva de otro consentido, y al tratarse de una excepción a la procedencia del juicio de amparo, no debe invocarse en forma extensiva. Dicho juicio es la defensa idónea para combatir las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales que cometan las autoridades, no obstante se han regulado excepciones al ejercicio de un derecho las cuales deben ser de interpretación estricta, de tal manera que no se deben realizar interpretaciones extensivas para restringir la procedencia del juicio constitucional. De ahí que tal circunstancia de causalidad sea, más bien, parte del análisis de fondo sobre la pretendida ilegalidad que se aduzca respecto del acto reclamado, cuando se le atribuyan vicios propios o, incluso, cuando éstos se adviertan al suplir la queja deficiente de los planteamientos expresados en la demanda de amparo". Dilucidado lo anterior, al no existir una diversa causal de improcedencia propuesta por las partes, o advertida por este juzgador, se procede a analizar los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De la revisión a las constancias remitidas por la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito ingresado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes del juzgado responsable, Alfredo Rafael López Jiménez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales M.D.L.E., promovió el incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia en contra de la parte quejosa en el cual reclamó las siguientes pretensiones: Que la demandada rinda cuentas sobre el destino de las cantidades que por pensión mensual por concepto de alimentos de la menor M.D.L.E., recibe mediante depósito realizado por la fuente de trabajo del actor, durante el periodo comprendido del treinta de noviembre de dos mil veinte al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Que compruebe que las erogaciones que ha realizado en los alimentos de la menor M.D.L.E., y en su caso, el lugar y forma en la que conserva las cantidades que no ha gastado. Que, en caso de que resulte excesiva la cantidad que otorga a la menor M.D.L.E., se proceda al ajuste correspondiente. Que la demandada incidentista compruebe los gastos que eroga directamente de su peculio para cubrir las necesidades de la menor M.D.L.E. Asimismo ofreció distintas pruebas, entre ellas, la prueba pericial en materia de contabilidad. 2. Mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable ordenó dar trámite al incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia y ordenó dar vista a la parte demandada con dicho escrito a fin de que me manifestara lo que a sus intereses conviniera. 3. Por escrito ingresado el ocho de febrero de dos mil veintidós, la ahora quejosa desahogó la vista otorgada y ofreció pruebas. 4. Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, la jueza responsable tuvo por desahogada la vista concedida a la parte quejosa, señaló fecha y hora para que tenga verificativo el desahogo de pruebas y alegatos y se pronunció por cuanto a las pruebas ofrecidas por las partes. Respecto de la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por la parte actora incidentista -aquí tercero interesado-, la jueza responsable ordenó su desahogo, y para tal efecto, requirió a la ahora parte quejosa para que designara perito y en su caso, propusiera nuevos puntos sobre los cuales deberá versar la prueba pericial. 5. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la jueza responsable requirió a la parte quejosa para que exhibiera los documentos relacionados con los gastos erogados a favor de la menor M.D.L.E. Estos últimos acuerdos consisten los actos reclamados en este juicio. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis del concepto de violación expuesto en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. 1. Síntesis del concepto de violación Considera que con la admisión de la prueba pericial en contabilidad, afecta directa e inmediata sus derechos sustantivos, en virtud de que la secrecía y confidencialidad de su contabilidad queda expuesta con la intervención del perito de su contraparte. Esto, debido a que con el desahogo de la prueba se revisarán sus ingresos económicos personales, cuando el motivo de la prueba es sobre el monto de la pensión alimenticia y los gastos en los que se aplica. Refiere que el desahogo de la prueba contable obliga a la justificación de unas cuentas que están en tela de juicio. Es decir, refiere que primero se requiere que la acción en su contra se declare procedente, y como consecuencia, la condena en contra de la parte quejosa, para que en la ejecución de la sentencia relativa, se le requiera la rendición de las cuentas. 2. Estudio del concepto de violación Con base en el concepto de violación expuesto por la quejosa, el problema jurídico a resolver en este juicio es si la admisión de una prueba pericial en materia de contabilidad en un incidente de rendición de cuentas, en el que el tercero interesado pretende que la parte quejosa rinda cuentas sobre el destino y aplicación de las cantidades que la ahora parte quejosa recibe por concepto de alimentos, en favor de la menor M.D.L.E. es violatorio al derecho a la vida privada, particularmente a la secrecía y confidencialidad de sus cuentas bancarias e ingresos y por consecuencia, si contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución general. Precisado lo anterior, es fundado y suficiente el concepto de violación en estudio, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de especial tutela, conforme a lo previsto en ese ordenamiento, así como a los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro -al interpretar el alcance del artículo 76 Bis de la anterior Ley de Amparo en el que se recogía la suplencia de la queja- que esta puede ser total, ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Así pues, el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; de tal fracción se puede extraer que procede la suplencia de la queja en tres supuestos diferentes, a saber: i. A favor de menores. ii. A favor de incapaces. iii. En aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Con base en lo anterior, válidamente podemos concluir que es procedente la suplencia de la queja en el presente juicio pues si bien, quien promovió el presente juicio de amparo es Deneb Esparza Mendoza, los efectos del acto reclamado repercuten en su menor hija de iniciales M.D.L.E. Asimismo, estamos en presencia de un asunto que afecta el orden y desarrollo de la familia, ya que la resolución reclamada trastoca las relaciones entre los miembros de la familia. Esto es acorde a la tesis 2a. LXXV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte". Lo fundado del concepto de violación hecho valer radica en que la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad atribuye a la quejosa una carga probatoria que no está legalmente prevista para quien ejerce la guarda y custodia; circunstancia que es perjudicial en contra de la parte quejosa y para su menor hija. En efecto, la persona que ejerce la guarda y custodia, no se encuentra obligada a rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciba por parte del deudor o deudora alimentaria para satisfacer las necesidades del menor. La obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos, surge como consecuencia de la patria potestad, que debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no lo tengan bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Sin embargo, no existe disposición legal alguna en la legislación familiar del estado de Morelos que imponga la obligación de rendir cuentas a quien tenga bajo su guarda y custodia a un menor de edad de la pensión alimenticia que este reciba, ni tampoco existe sustento legal que lo justifique, al tomar en cuenta la naturaleza jurídica y la finalidad de los alimentos. Como puede colegirse a partir de las figuras analizadas anteriormente, la pensión alimenticia es una institución de orden público que se fija con base en el principio de proporcionalidad y que constituye una serie de satisfactores indispensables que deben ser otorgados al acreedor de éstos para cubrir sus necesidades de subsistencia y manutención, pues debe comprender, entre otros rubros, la educación, vestido, habitación, atención médica, y demás necesidades básicas. Si bien el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia del acreedor alimentario, la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. Conforme a las disposiciones aplicables en materia familiar en el estado de Morelos y a la dinámica social actual, cuando las personas que mantienen la patria potestad sobre un menor de edad no viven juntas o no convienen ejercer la guarda y custodia compartida, la obligación alimentaria se materializa cuando uno de ellos lo integra a su domicilio, manteniendo la guarda y custodia única, debiendo velar por su integridad. Lo que implica que el progenitor que tenga la custodia legal será quien goce de la total autoridad para decidir en los asuntos concernientes al menor que se presenten en la vida diaria. Mientras que el otro progenitor deberá acatar un régimen de visitas y convivencias, y además, le asistirá la obligación de proporcionar una pensión alimenticia, la cual debe atender al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla. Sin embargo, los alimentos no se reducen a una cantidad de dinero, sino que dicha obligación también se conforma por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista, lo que se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable considerar que quien ejerce la guarda y custodia deba rendir cuentas de la pensión alimenticia que se le entregue para satisfacer las necesidades del menor, puesto que la actividad del progenitor que tiene la custodia no se limita a administrar una determinada cantidad de dinero, sino que debe realizar cualquier acto encaminado a satisfacer los fines de los alimentos, como lo es salvaguardar la educación, vestido, habitación, atención médica, y demás necesidades básicas del menor, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se logra administrando únicamente el numerario que integra dicha pensión, pues este es sólo una parte de los alimentos. Si el derecho del menor de recibir alimentos tiene como finalidad satisfacer los rubros apuntados atendiendo a su naturaleza personal, es lógico afirmar que ello no se logrará solo a partir de utilizar la cantidad de dinero de la pensión otorgada por el progenitor que no tiene la custodia, puesto que se dejaría de tomar en cuenta tanto los recursos económicos, como los materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar del progenitor que, al ejercer la custodia del menor por tenerlo integrado a su habitación, destina para la satisfacción de los rubros que abarcan los alimentos. La persona que tiene bajo su cuidado a un menor de edad, no se limita a ejercer simples actividades de administración de la pensión alimenticia que este goce, pues debe velar, además, porque se satisfagan todas sus necesidades, lo cual no siempre se alcanza con el simple pago de determinados e identificables bienes y servicios de los que pueda dar cuenta de su erogación, como por ejemplo, comprar alimentos, ropa, materiales escolares, medicinas, etcétera. Para cumplir de forma completa con el objeto de los alimentos, además, se requiere que, quien ejerce la guarda y custodia, satisfaga las necesidades básicas del menor a través de diferentes actividades o aspectos que no son objeto de cuantificación ni están contemplados en la pensión alimenticia que debe prestar el deudor, pero que son inherentes a los alimentos, como por ejemplo, salir a conseguir la comida y la ropa, preparar los alimentos, procurar la higiene personal, trasladar al menor a un centro educativo, recreativo o médico, atender las actividades escolares y extraescolares, aplicar medicamentos, invertir el tiempo que ello conlleva, así como otros de naturaleza análoga; de igual modo, el empleo de los servicios domésticos que el menor comparte con el progenitor con el que cohabita y cuyo uso no puede ser identificado exclusivamente en torno al hijo, como lo son el agua, la luz, el gas, la telefonía, la renta, entre otros. Concebir el pago de una pensión alimenticia como la mera entrega de dinero del deudor alimentista a quien ejerce la custodia del menor, desnaturaliza el concepto de los alimentos que emana de las disposiciones legales y de los criterios que han sido citados, pero además, no sería acorde con dicho concepto al grado de desconocer que su finalidad es personal y consiste en satisfacer las necesidades del menor, y no solo económicas, pues no se trata únicamente de adquirir bienes y contratar servicios para ello. Además, debe tomarse en consideración que en ocasiones sería difícil, sino imposible, determinar si se adquirieron con dinero del progenitor que ejerce la guarda y custodia o de quien otorga la pensión, atendiendo a las circunstancias en que ocurra o al tipo de bien o servicio de que se trate. Sobre todo, cuando los bienes o servicios que se adquieran en favor del menor no se entregan recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción. En ambos casos se atribuiría al progenitor custodio la obligación de demostrar cuáles fueron los bienes y servicios que adquirió en favor del menor, lo que como se ha señalado, no está expresamente previsto en disposición legal y no tiene sustento jurídico alguno, puesto que no es un mero administrador del dinero que le entrega el deudor alimentario, sino que su deber es de carácter personal en la medida que debe satisfacer todas las necesidades del menor y no sólo llevar la contabilidad de los gastos que ello genere. Así, acreditar dichas erogaciones sería una carga difícil o imposible de cumplir ante lo que implica la complejidad de llevar las cuentas de los pagos hechos por el progenitor que ejerce la custodia con cargo a su patrimonio a la pensión alimentaria, o ante la falta de documentos que los comprueben, lo cual tampoco es un deber legal de quien lo realiza. Asimismo, si quien otorgue el bien o servicio adquirido no da comprobante de su realización, ello sería en detrimento exclusivamente del progenitor que tiene al menor bajo su cuidado, pues no podría acreditar su origen y no estaría en condiciones de demostrar que hubiera sido a cuenta del dinero de la pensión, lo que pudiere ocasionarle una sanción sustantiva o procesal, lo cual, se reitera, carece de sustento legal. No pasa desapercibido el contenido de los artículos 232 y 243, del Código Familiar para el estado de Morelos que dicen: "ARTÍCULO 232.- REPRESENTACION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen". "ARTÍCULO 243.- RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN. Las personas que ejercen la patria potestad tienen obligación de dar cuenta de la administración de los bienes de los sujetos a patria potestad". Los artículos anteriores establecen que las personas que ejercen la patria potestad son los legítimos representantes de quienes estén bajo ella y, tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen. Asimismo, se establece que quienes ejercen la patria potestad tienen la obligación de dar cuenta de la administración de los bienes sujetos a patria potestad. Sin embargo, dichos preceptos no pueden ser aplicables para exigir que el progenitor que ejerce la guarda y custodia deba rendir cuentas de la pensión alimenticia, puesto que la pensión alimenticia tiene un contenido diferente al concepto de "bienes" a que se refieren dichos preceptos. Lo anterior es así, pues la pensión alimenticia no se reduce a una cantidad de dinero, entendida como un bien fungible, sino que tiene por objeto cubrir las necesidades de subsistencia y manutención del menor y comprende, entre otros rubros, la educación, vestido, habitación, atención médica, y demás necesidades básicas; su finalidad es personal y se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad, y se conforma tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. Considerar lo contrario, es decir, reducir la pensión alimenticia a una simple entrega de dinero, desaparta de dicha institución los recursos económicos, materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar del progenitor que ejerce la custodia del menor y que destina para la satisfacción de sus necesidades básicas, que no son objeto de cuantificación ni están contemplados en la pensión alimenticia que presta el deudor, pero que participan de la finalidad misma de los alimentos. Por otra parte, debe tenerse en consideración que si el menor se encuentra bajo la guarda y custodia de un determinado progenitor, ello obedece a que esa decisión se sustentó en una solución estable, justa y equitativa y que resultó lo más benéfica para el menor, puesto que se valoraron las circunstancias especiales que concurrieron en cada progenitor y se determinó cuál era el ambiente más propicio y benéfico para el desarrollo integral de la personalidad del menor. Sin perjuicio de que si ocurre lo contrario, dicha situación deba cesar en beneficio del interés superior del menor. Lo anterior es relevante, pues genera la presunción de que el progenitor custodio realizará todos aquellos actos indispensables para satisfacer las necesidades básicas del menor, como lo es emplear el numerario de la pensión alimenticia que otorgue el deudor de forma responsable y diligente, de manera que cubra todos los rubros que integran los alimentos y que se abstendrá de generar algún perjuicio en torno al menor derivado del mal empleo de esos recursos. De este modo, imponer una obligación que no está prevista en ley y que carece de sustento jurídico a quien ejerce la guarda y custodia, como lo es rendir cuentas del dinero que se le entrega por concepto de pensión alimenticia del menor, complicaría la dinámica familiar en perjuicio del interés superior de este, pues sus actividades se verían acotadas, ya que se harían depender de lo que el progenitor pudiera acreditar o no, restringiendo la posibilidad de acceder de forma rápida y eficaz a los satisfactores que requiere el menor, lo que no puede estar por encima del beneficio que pueda generarle a éste el acceso a bienes o servicios que no puedan ser comprobados. De igual modo, dicha carga afectaría la autonomía del progenitor que ejerce la custodia del menor, respecto a la toma de decisiones y en el ejercicio de acciones inherentes a satisfacer sus necesidades, quien lo tiene bajo su protección durante más tiempo, pues ello implica que goza de la total autoridad para decidir en los asuntos concernientes al menor que se presenten en la vida diaria. Si bien quien otorga la pensión es la persona que pudiere tener interés en que se rindan las cuentas, ello no es trascendente ni tampoco implica que le asista ese derecho, porque no está previsto en la legislación sustantiva civil, ni la patria potestad es un derecho de los progenitores, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos, la cual se dirige a su protección, educación y formación integral, por ello, la concepción actual de la patria potestad parte de la protección del menor y su plena subjetividad jurídica. Por lo anterior es que resulta fundado el concepto de violación analizado, suplido en su deficiencia, y por tanto, debe concederse el amparo y protección solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.I.C. J/14 C (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, puesto que uno estableció que el progenitor que ejerce la guarda y custodia de un menor de edad está obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia otorgada en favor de dicho menor de edad, mientras que los otros tribunales sustentaron lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el progenitor que ejerce la guarda y custodia, no se encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciba por parte del deudor alimentario para satisfacer las necesidades del menor de edad. Justificación: La obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia. En estos casos, quien tiene a su cargo la guarda y custodia del menor de edad, no tiene la obligación de rendir cuentas de dicha pensión, pues no existe disposición legal que así lo disponga. Además, si bien el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la integración a la familia, su finalidad es personal, pues se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. El objeto de la obligación alimentaria no se reduce sólo a la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, pues también se conforma por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del menor de edad, de ahí que la función del progenitor que ejerce la guarda y custodia no se limita a la de un administrador de bienes, ya que debe realizar cualquier acto encaminado a salvaguardar su educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se consigue únicamente adquiriendo bienes y servicios; estimar lo contrario desvincularía de la obligación alimentaria los recursos económicos, materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar que se destinan para ello, motivos por los cuales la rendición de cuentas de la pensión alimenticia no puede exigirse con base en los artículos 425, 439 y 2569 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Aunado a ello, la decisión de otorgar la guarda y custodia a uno de los progenitores debió considerarse la más benéfica para el menor de edad, atendiendo a las circunstancias del caso, por lo que quien la ejerce, goza de la presunción de que empleará la pensión alimenticia de forma responsable y diligente. Más aún, exigir la rendición de cuentas implicaría demostrar si los bienes y servicios se adquirieron con dinero del progenitor que tiene a su cargo al menor de edad o con el de la pensión, lo que se tornaría complejo o imposible, y no se podrían justificar aquellos gastos en los que no se entreguen recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción, atribuyéndose una carga probatoria que no está legalmente prevista para quien ejerce la guarda y custodia, lo que sería perjudicial exclusivamente en su contra, puesto que podría derivar en una sanción sustantiva o procesal; asimismo, tal exigencia podría atentar contra el interés superior del menor de edad, pues sus actividades se verían acotadas al depender de lo que se pudiera acreditar o no, restringiendo la posibilidad de acceder de forma rápida y eficaz a los satisfactores que requiera, al margen de afectar la autonomía del progenitor que ejerce la custodia respecto a la toma de decisiones para satisfacer las necesidades del menor de edad. Sin que resulte trascendente que el deudor tenga interés en que se rindan cuentas de la pensión, puesto que no es un derecho que se le reconozca en la legislación sustantiva civil, ni la patria potestad es un derecho de los progenitores, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos para su protección. En la inteligencia de que quien afirme que el progenitor que tiene la guarda y custodia no se encuentra proporcionando debidamente los alimentos, tendrá la carga de acreditarlo y, en caso de que se demuestre, el juzgador, con las facultades de investigación con las que cuenta para recabar pruebas, deberá conocer la situación real del menor de edad, y establecer las medidas necesarias, reforzadas o agravadas, en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente para mejorar las condiciones de su entorno o hacer cesar el estado de necesidad en que se ubique". SÉPTIMO. Efectos del amparo. En virtud de lo anterior, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Deneb Esparza Mendoza para efecto de que la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que se declaró que esta resolución causó ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que admitió la prueba pericial en materia de contabilidad, ofrecida por el actor, dentro del incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia 396/2018. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Deneb Esparza Mendoza contra los actos de la Jueza Cuarta Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución, y para los efectos establecidos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy diez de agosto de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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