Demetrio Tomas Cruz Cruz
Expediente 629/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Demetrio Tomas Cruz Cruz
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo IV-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil dieciocho. Se declara que el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto ha causado estado. Archívese el expediente principal como asunto concluido. Como en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes , el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito y anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la certificación secretarial se advierte que en auto de veintiuno de junio del año en curso, se requirió a Demetrio Tomás Cruz Cruz, quien se ostentó como apoderado de los quejosos Heliodora Martínez, Israel Reyes Reyes, Ángela Jiménez Gómez, Elena Ramírez San Miguel, Alberta Mendoza Jiménez, Lilia Gloria Hernández Castro y Rocío de Lourdes Cerero Viveros, para que dentro del plazo de cinco días siguientes a su legal notificación, acreditara dicha personalidad, de lo cual fue notificado el veinticinco de junio del año en curso, por lo que la citada notificación surtió efectos el veintiséis siguiente; por tanto, dicho plazo transcurrió del veintisiete de junio al tres de julio del presente año, sin que cumpliera con tal requerimiento. No obstante, Gabriel Fuentes Cruz exhibe copia con firmas autógrafas del laudo dictado el veinticinco de abril de dos mil catorce, en el expediente laboral 726/2013 (1), del que se desprende que se le reconoce el carácter de apoderado legal de los quejosos Heliodora Martínez, Israel Reyes Reyes, Ángela Jiménez Gómez, Elena Ramírez San Miguel, Alberta Mendoza Jiménez, Lilia Gloria Hernández Castro y Rocío de Lourdes Cerero Viveros. En tales condiciones, téngase a Gabriel Fuentes Cruz, promoviendo este juicio de amparo como apoderado de los quejosos Heliodora Martínez, Israel Reyes Reyes, Ángela Jiménez Gómez, Elena Ramírez San Miguel, Alberta Mendoza Jiménez, Lilia Gloria Hernández Castro y Rocío de Lourdes Cerero Viveros, no así a Demetrio Tomás Cruz Cruz, quien no se aprecia que tenga reconocido carácter alguno en el expediente laboral 726/2013 (1), del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con la documental que se anexa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número PC.IV.L. J/11 L (10a.), Décimo Época, Plenos de Circuito, consultable en la página 1862, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente. Por tanto, se procede a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda promovida por Gabriel Fuentes Cruz, promoviendo este juicio de amparo como apoderado de los quejosos Heliodora Martínez, Israel Reyes Reyes, Ángela Jiménez Gómez, Elena Ramírez San Miguel, Alberta Mendoza Jiménez, Lilia Gloria Hernández Castro y Rocío de Lourdes Cerero Viveros, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Incidente de suspensión. Tramítese este expediente sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Solicitud de informes. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirvan remitir copia autorizada, legible y completa de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, deberá informar si la quejosa ha tramitado otros juicios de amparo en contra del acto aquí reclamado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del siete de agosto de dos mil dieciocho, para la audiencia constitucional. Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Emplazamiento a la parte tercera interesada. En razón que la parte quejosa señala que el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, es su contraparte en el juicio natural, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene como tercero interesado. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se envíe con copia simple de la demanda de amparo, se ordena emplazar a la tercera interesada citada en párrafo que antecede, para que comparezca al presente juicio si a sus intereses conviene, haciéndole saber la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. Así lo determinó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, quien autoriza y da fe. jcmj
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