Demetrio Soriano Carreño
Expediente 418/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Demetrio Soriano Carreño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados del Agente Municipal de San Guillermo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca, son: 1..La ejecución de la orden de DETENCIÓN emitida por los órganos del Comisariado Ejidal de Santa Ana, Miahuatlán, Oaxaca; y 2. La ejecución del cobro de una MULTA impuesta por dicho Comisariado Ejidal. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de la orden de DETENCIÓN. Al rendir su informe justificado, el Agente Municipal de San Guillermo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca, negó los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Es así porque las documentales que allegó el quejoso, consistentes en: (1) "ACTA DE ACUERDOS" de catorce de junio de dos mil veinte, ante los órganos ejidales, con la intervención del quejoso y el Agente Municipal responsable, en la que se acordó una MULTA al quejoso de $15,000.00 (quince mil pesos) que "SE LLEVARÁ A CABO EN DOS PAGOS EL PRIMERO SE DARA EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2020 Y EL SEGUNDO PAGO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2020, CADA PAGO SE LLEVARA A CABO A TRAVEZ DE 1 PAGARE A LA TESORERÍA EJIDAL.- CADA PAGO DE $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)"; documental que al ser otorgada por las partes, sin objeción, hace prueba plena en el juicio de amparo; (2) Un pagaré suscrito por el quejoso a la orden de "Comisaria Ejidal Sta Ana", el catorce de junio de dos mil veinte con fecha de pago al veintiocho de junio de dos mil veinte, por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos); el cual merece el valor de prueba plena, al ser exhibo por el quejoso, sin objeción de la autoridad responsable; y (3) Copia simple de un "RECORDATORIO" fechado el diecinueve de julio de dos mil veinte, suscrito por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de Santa Ana, Miahuatlán, Oaxaca, y dirigido a la autoridad municipal responsable; que por sí, carece de valor probatorio por no constituir un documento público, conforme a los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, susceptible de valorarse en forma indiciaria con otros elementos de convicción. Documentales de las cuales se infiere, que el catorce de junio de dos mil veinte, los órganos ejidales impusieron al quejoso una MULTA por quince mil pesos, que se consignaría mediante la suscripción de dos pagarés por siete mil quinientos pesos cada uno, a cubrirse, el primer pago el veintiocho de junio de dos mil veinte y, el segundo pago el doce de julio de dos mil veinte; sin embargo, no evidencia ni acredita la existencia de la ORDEN DE DETENCIÓN que refiere el quejoso. En consecuencia, si no existe la orden de DETENCIÓN, no es dable estimar existente que la autoridad responsable ejecute el acto reclamado; por ende, ante la inexistencia de la ejecución reclamada, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del cobro de MULTA. No obstante que la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, de las documentales aportadas por el quejoso, se desvirtúa esa negativa respecto de la ejecución del cobro de la MULTA impuesta al quejoso. Es así porque de las referidas documentales: (1) "ACTA DE ACUERDOS" de catorce de junio de dos mil veinte, (2) un pagaré suscrito por el quejoso a la orden de "Comisaria Ejidal Sta Ana", y (3) copia simple de un "RECORDATORIO" fechado el diecinueve de julio de dos mil veinte, suscrito por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de Santa Ana, Miahuatlán, Oaxaca, y dirigido a la autoridad municipal responsable, Agente Municipal de San Guillermo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca; valoradas con anterioridad, se advierte que el catorce de junio de dos mil veinte, los órganos ejidales impusieron al quejoso una MULTA por quince mil pesos, que se consignaría mediante la suscripción de dos pagarés por siete mil quinientos pesos cada uno, a cubrirse, el primer pago el veintiocho de junio de dos mil veinte y, el segundo pago el doce de julio de dos mil veinte. Además, los órganos ejidales, el diecinueve de junio de dos mil veinte, dirigieron un "recordatorio" al Agente Municipal de San Guillermo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, para que "comunicara" al quejoso que se presentara el domingo veintiséis de julio de dos mil veinte en la oficina ejidal para cubrir el segundo pago de su correctivo. De ahí que contrario a la negativa del acto reclamado, sí existe evidencia de convicción en cuanto que la autoridad municipal responsable, interviene en la ejecución o cobro de la MULTA impuesta por el ente agrario, para citar al quejoso a comparecer ante los órganos ejidales. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Que se transgreden los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, de Santa Ana, Miahuatlán, Oaxaca, carecen de facultades para hacer un juzgamiento en el acta de catorce de junio de dos mil veinte, e imponerle una sanción económica de quince mil pesos, sin darle la oportunidad de alegar y probar circunstancia diversa al hecho por el que se le sanciona. Que la multa impuesta por los órganos ejidales, no está fundada y motivada, por lo que debe concedérsele el amparo de la Justicia de la Unión para que se le devuelva la cantidad exhibida el veintiocho de junio de dos mil veinte. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que aduce el quejoso, suficiente para otorgar la protección constitucional. Es así, porque los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. .". "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. .". De los dispositivos insertos, se advierten las condicionantes o requisitos constitucionales de los ACTOS PRIVATIVOS y los ACTOS DE MOLESTIA. En efecto, por cuanto a los ACTOS PRIVATIVOS, el primer preceptivo establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En tanto que respecto de los ACTOS DE MOLESTIA, el segundo numeral señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, registro digital 200080, del rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora, en ambos casos, ya sea un acto PRIVATIVO o de MOLESTIA, está condicionado a que la autoridad cuente con las FACULTADES para su actuar, pues inherente a las formalidades del procedimiento exigible para los acto de privación de algún derecho, es lo concerniente a su competencia o facultades legales, conforme se precisa en la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el mismo órgano oficial de difusión, Séptima Época, Materia Común, Volumen 157-162, Tercera Parte, página 59, registro digital 237610, del contenido: ... Acorde con esas premisas constitucionales, el acto reclamado del Agente Municipal de San Guillermo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca, consistente en la ejecución del cobro de la MULTA impuesta al quejoso por los órganos ejidales de Santa Ana, Miahuatlán, Oaxaca, es inconstitucional, ya que dicha autoridad, con funciones auxiliares de la administración municipal, carece de facultades o atribuciones para llevar a cabo el cobro de la multa decretada por el ente agrario, como se pretende en el "RECORDATORIO" de diecinueve de julio de dos mil veinte, para cubrir el segundo pago de su "correctivo". En esa tesitura, el acto de autoridad reclamado es inconstitucional por sí mismo, ya que contraviene de manera directa una exigencia constitucional de su actuar; por consecuencia, debe otorgarse la protección constitucional solicitada por el quejoso. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto de que la autoridad responsable, Agente Municipal de San Guillermo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el acto de ejecución reclamado; y, b) Se abstenga de llevar a cabo la ejecución de la multa impuesta al quejoso, por los órganos ejidales el catorce de junio de dos mil veinte. Por lo antes expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por .... contra el acto de autoridad precisado en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra el acto de autoridad precisado en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA "... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con once minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 418/2020, promovido por DEMETRIO SORIANO CARREÑO, por tal motivo en audiencia pública RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de Román Fierros Zárate, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto continuo, el secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, se hace relación de las constancias de autos, en lo que obra la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que hace el secretario y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la resolución que se pronuncie en este juicio. PERIODO DE PRUEBAS. Abiertos el periodo de pruebas, se hace constar las documentales que ofreció el quejoso en su escrito inicial de demanda: Copia simple de "RECORDATORIO" de diecinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Presidente del Comisariado Ejidal de San Ana, Miahuatlán, Oaxaca. Acta de acuerdos del Comisariado Ejidal de Santa Ana, Miahuatlán, Oaxaca, de fecha catorce de junio de dos mil veinte; y Un pagaré en mal estado y adherido, suscrito por Demetrio Soriano Carreño el catorce de junio de dos mil veinte, por la cantidad de siete mil quinientos pesos. Por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas; y, no habiendo más pruebas que ofrecer, el Juez ordena cerrar dicho periodo. PERIODO DE ALEGATOS El Secretario hace constar no se formularon alegatos, a lo que el Juez acuerda: en virtud que ninguna de las partes hizo valer tales derechos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN ESTA LOCALIDAD. RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA. EL SECRETARIO DE JUZGADO ROMÁN FIERROS ZÁRATE
- Principal
MESA II "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con terminación 992/2023 del Jefe del CAP Centro, que en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de mayo del presente año, remite copia certificada del acuse de recibo correspondiente al comunicado 5144/2023 dirigido al Agente Municipal de San Guillermo Miahuatlán, Oaxaca, del que se advierte que fue notificado el dieciocho de abril del presente año. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.
- Principal
MESA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto que la pieza postal relativa al oficio 5144/2023, en el que se reenviaron a la autoridad responsable foránea Agente Municipal de San Guillermo Miahuatlán, Oaxaca, las constancias relacionadas con el acto reclamado para rendir su informe justificado, contiene el sello oficial sin fecha de recepción, por la citada autoridad. Por tanto, en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, REQUIÉRASE al Jefe de la Administración del Servicio Postal Mexicano en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita el acuse de recibo que ampare la entrega del referido oficio 5144/2023, e informe la fecha de recepción de la citada misiva. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS del día DOCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Demetrio Delfino Santos Gonzalez12/2022
- Demetrio Javier García Matías744/2021
- DEMETRIO MANUEL GOMEZ MARTINEZ y Otros.691/2018
- Demetrio Manuel Gomez Martinez1087/2018
- Demetrio Martinez Zarate1105/2018
- Demetrio Reyes Soriano340/2022
- Denisse Lupita Serbulo Calderon1261/2021
- Dennise Guadalupe Azamar Ayala698/2020
- Dennise Guadalupe Azamar Ayala896/2019
- Deyanira Altamirano Gomez1083/2022
- Deysi Karina Salinas Guevara710/2022
- Diana Garcia Tomas629/2023