Demetrio Sánchez López
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Demetrio Sánchez López
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de octubre de dos mil veintidós. Efectivo apercibimiento al quejoso Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso Demetrio Sánchez López, para que designara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado, por lo que las notificaciones que de carácter personal para él deriven, deberán realizarse a través de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Firmeza Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte que el proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Demetrio Sánchez López, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Archivo En razón de lo anterior, atendiendo a la certificación de cuenta se advierte que no existen diligencias pendientes dentro del juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el juicio como asunto totalmente concluido. Relevancia El asunto NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no está en algún supuesto previsto por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita, este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, conforme a lo que ordena el Acuerdo General en comento. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-, así como en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 962/2022 (orden 962/2022), enviado a efecto de notificar a Demetrio Sánchez López, el proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós. Anotaciones Dese de baja la comunicación oficial, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra el acto que reclama al Agente del Ministerio Público del Fuero Común en materia de Delitos Sexuales, adscrito a la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, fracciones III, IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 612/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Del análisis de la demanda presentada en el buzón judicial, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, toda vez que el acto que reclama consistente en que la autoridad responsable ha sido omisa en darle intervención en la investigación, o bien, de llamarlo a la misma y darle la oportunidad de designar un defensor, con lo que indica se niega el derecho a una defensa técnica adecuada. En efecto, el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". En términos de los numerales en comento, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio real, actual, directo o indirecto en la esfera de derechos del particular y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de la vigencia. Dicho principio, también se encuentra consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional, pues fue incorporado al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarse, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. En ese sentido, respecto al concepto de "agravio personal y directo" para la procedencia del juicio de amparo, se ha establecido que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. De ahí que, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, que aduzca ser titular de un derecho o contar con un interés legítimo individual o colectivo y que éste se acredite. Por tanto, debe precisarse que, en el juicio de amparo, son aceptables dos tipos de interés: a) el jurídico; y, b) el legítimo. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos fundamentales de que es titular; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad en forma directa. De manera que, para acreditarlo en el juicio, la parte promovente debe, indefectiblemente, probar los siguientes extremos: La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por ello, se ha determinado que para acreditarse en juicio, se debe probar lo siguiente: Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, El promovente pertenezca a esa colectividad. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 60, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés del quejoso: Que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos del quejoso de forma directa o indirecta, ya sea por ser el destinatario del acto o por su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, ambas figuras (interés jurídico e interés legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, ya que en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas esta Juzgadora Federal tiene la obligación, en función del caso concreto, de determinar si se está en presencia de un supuesto donde se deba analizar el interés jurídico o el legítimo; para ello, se debe atender a la condición legal de la parte quejosa frente al acto calificado de transgresor de derechos, para precisar cuál es la pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda de manera integral, dado que determina cuál interés se busca proteger. Sirve de sustento la tesis III.4o.(III Región) 17 K (10a.), emitida por Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 3074, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." Así, la parte quejosa reclama que la autoridad responsable ha sido omisa en darle intervención en la investigación, o bien, de llamarlo a la misma y darle la oportunidad de designar un defensor, con lo que señala se vulnera el derecho a una defensa técnica adecuada; sin embargo, debe atenderse a la regla de acreditación del interés jurídico. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el reconocimiento de las personas imputadas el derecho de poder acceder a la carpeta de investigación, esto con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. Derecho que tiene sustento en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII y el 117, fracción IV de Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, la importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial debe prevalecer, por lo que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. Bajo esas circunstancias, precisó que con el fin de hacer funcional al sistema, la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta en tanto el Ministerio Público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) La detención; b) La citación a comparecer en carácter de imputado; c) Cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener los registros de la carpeta de investigación. Por lo que, en la especie, el quejoso concurre al amparo a reclamar la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero de lo narrado en su escrito, se advierte que no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado, entonces, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo indirecto, ello se reitera de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. Razones que se sustentan en la Contradicción de Criterios 2/2022, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión uno de junio de dos mil veintidós, por mayoría de cuatro votos; precedente que el términos del artículo 223 de la Ley de Amparo resulta obligatorio. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, ...se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Demetrio Sánchez López... Precisión ...
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