Demetrio Romero Barrera
Expediente 1139/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Demetrio Romero Barrera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Demetrio Romero Barrera, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por Demetrio Romero Barrera, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1139/2016-II y fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, es factible para esta potestad determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, de la Novena Época, con registro 192097, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis de dicho escrito se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual esta potestad considera procedente desechar la demanda de amparo presentada en base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo Vigente, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Por su parte, el peticionario del amparo reclama la resolución interlocutoria de veinticinco de agosto de dos dieciséis, en la que el Tribunal Laboral responsable, se declaró incompetente para conocer del juicio laboral de origen 311/2014, y ordenó remitir los autos originales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta ciudad capital. Así, la que suscribe advierte que aún en el supuesto de que la demanda de amparo se encontrara presentada dentro del término legal, en el caso justiciable, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, si bien el juicio de amparo es procedente cuando se reclaman actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, previamente deben ser agotados los recursos que en su caso procedan. Para mayor comprensión se transcriben los numerales en cita, mismos que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los siguientes casos: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ;" (.) Ahora bien, en el caso la resolución de resolución interlocutoria de veinticinco de agosto de dos dieciséis, en la que el Tribunal Laboral responsable, se declaró incompetente para conocer del juicio laboral de origen 311/2014, y ordenó remitir los autos originales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta ciudad capital, no puede considerarse como definitivo, pues los actos de autoridad impugnables en el juicio de amparo en términos de la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en los que la autoridad a favor de quien se declina la competencia la acepta. Lo anterior, porque es hasta ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la persona interesada en términos del artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ese modo, se obtiene que la determinación reclamada en el presente juicio de amparo, hasta esta etapa procesal no constituye un acto definitivo que afecte la defensa de la parte quejosa, pues de la resolución impugnada que declaró la incompetencia y que a su vez ordenó remitir los autos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se advierte que no adquiere firmeza, toda vez que, aún no se tiene la certeza que dicho Tribunal vaya a aceptar la competencia que le fue planteada, y de hacerlo, sería en su caso, esta resolución la que pudiera causarle perjuicio al impetrante, al continuar con el trámite hasta su resolución, lo que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las que corresponde; circunstancia que en todo caso, podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable, resolución que en todo caso sería la susceptible de impugnarse mediante esta vía constitucional. Ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tal resolución algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Lo que pone en evidencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, Inciso b), aplicado en sentido contrario, de nuestra Constitución. Es aplicable la jurisprudencia P./J.29/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2009912, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo". (Énfasis añadida). Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicada en sentido contrario, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita.
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