Demetrio Perez Barrios

Expediente 353/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
353/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Demetrio Perez Barrios
  • Juez Mixto de Primera Instancia. Ozuluama, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito... pretende apersonarse al juicio como tercera interesada, señalando domicilio, autorizados y manifestando alegatos... el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, Hidalgo, aceptó la competencia planteada por este órgano de control, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo formulada por Demetrio Pérez Barrios, quedando registrado bajo el progresivo 1040/2023-I-A de su índice... gírese oficio al Homologo Federal, anexando el ocurso de cuenta, para los efectos a que haya lugar.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, Hidalgo, mediante el cual informa que dicho juzgado federal aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo formulada por Demetrio Pérez Barrios, quedando registrado bajo el progresivo 1040/2023-I-A de su índice. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. En tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: Destruir el cuaderno auxiliar de incompetencia, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 19, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se declaró la incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el párrafo primero del citado artículo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno auxiliar, algún documento que prevé el numeral 19, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Demetrio Pérez Barrios, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ozuluama, Veracruz. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 353/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Incompetencia. Ahora bien, una vez analizado la demanda de cuenta, es pertinente destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo que este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. La competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas, a saber: [1] Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; [2] Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, [3] Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A] el acto aún no ha sido ejecutado y B] en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: A] Actos de Tracto Sucesivo. que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B] Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 4. En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se acredita que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veintinueve de mayo del presente año, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ozuluama, Veracruz, en el que decreta la improcedencia del recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 158/2022, de su índice, que se ejecuta en Tula de Allende, Hidalgo, pues fue ordenada su materialización mediante exhorto. Por ello, este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para analizar el acto reclamado en el presente juicio, pues la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que denegó la reclamación promovida en contra de la pensión alimenticia decretada respecto del salario y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso Demetrio Pérez Barrios, como trabajador de la Refinería de Tula de Allende, de la Empresa Petróleos Mexicanos, tiene ejecución en Tula de Allende, Hidalgo, esto es, fuera del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Lo anteriormente expuesto se robustece con la información derivada del juicio de amparo 419/2022-II del índice de este órgano jurisdiccional, en donde se acredita que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del indicado juicio y por considerar que la competencia correspondía conocer al Juzgado de Distrito en Turno de Pachuca de Soto, Hidalgo, por estimar que la ejecución de acto que ahí se reclamaba, consistente en la resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del recurso de reclamación promovido en el juicio ordinario civil 158/2022, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ozuluama, Veracruz, tiene verificativo en Tula de Allende, Hidalgo. Siendo el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, quien aceptó la competencia, la radico bajo el número 1860/2022-I-A, donde seguido el trámite correspondiente el trece de abril de dos mil veintitrés, dictó sentencia en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: Deje insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil 158/2022 de su índice. 2) En su lugar, dicte una nueva en la que, en acatamiento al principio de congruencia externa, esto es, sin introducir cuestiones ajenas a la litis, y con libertad de jurisdicción, funde y motive la misma observando lo expuesto en la presente sentencia. En ese orden de ideas, se desprende que el antecedente del acto aquí reclamado deriva precisamente del cumplimiento realizado a la ejecutoria de amparo, en la que resuelve el recurso de reclamación promovido por el demandado, aquí quejoso, contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional en favor de la aquí tercera interesada, del treinta y cinco por ciento (35%) del salario y prestaciones ordinaria, extraordinaria y demás que perciba el quejoso como trabajador de planta de Petróleos Mexicanos, Refinería de Tula de Allende, Hidalgo, cuya ejecución se ordenó realizar mediante exhorto; por lo que es inconcuso, que la ejecución del acto aquí reclamado se continuará ejecutando al igual que en el diverso juicio de amparo indirecto 419/2022 en Tula de Allende, Hidalgo, lugar en donde reside la autoridad jurisdiccional que continuará realizando las gestiones necesarias a efecto de cumplimentar la pensión alimenticia decretada en el juicio natural. Por tanto, es evidente que los efectos de la pensión alimenticia decretada en el juicio natural tienen ejecución en Tula de Allende, Hidalgo, pues es en dicha ciudad en donde con motivo de la improcedencia del recurso de reclamación continuara ejecutándose el descuento de la pensión alimenticia respecto del respecto del (35%) del salario y prestaciones ordinaria, extraordinaria y demás que perciba el quejoso como trabajador de planta de Petróleos Mexicanos, Refinería de Tula de Allende, Hidalgo, cuya ejecución se ordenó realizar mediante exhorto. Entonces es evidente que el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en ese lugar es competente para conocer de este asunto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo. Así como la jurisprudencia PC.I.P. J/45 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. A mayor abundamiento, es oportuno destacar que tratándose de la competencia para conocer de la demanda de amparo que se interponga en contra de una resolución en que se ordena efectuar el descuento de una pensión alimenticia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 -10a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Pág. 145- de rubro siguiente: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL De la aludida jurisprudencia se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2010, estableció que en tratándose de la competencia para conocer de un juicio en el que se impugne la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, existen tres hipótesis a tomar en cuenta para efectos de determinar a quién corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto promovido en contra de la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, cuando la autoridad jurisdiccional se prevalga de un medio para comunicar a la fuente de trabajo del deudor alimentario, que debe efectuarse el descuento correspondiente de alimentos, a saber: (i) Uno de los medios de comunicación judiciales reconocidos por el derecho, como los exhortos o despachos; (ii) De una práctica común que consiste en que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) O bien, si la legislación procesal así lo autoriza, puede remitirse el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Respecto del primer supuesto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país consideró que cuando la autoridad judicial requiera la diligenciación del acto reclamado a otro juez, por medio de exhorto, el juez competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, debido a que si bien es cierto, el papel de la autoridad ordenadora es destacado, también lo es que la autoridad exhortada desempeña una actividad fundamental y jurídicamente relevante, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución de la orden dictada por la primera, lo que tiene como consecuencia que enfrente directamente al particular afectado, ya que aun cuando el juez exhortante ordene la remisión del exhorto, esto no implica que con dicha actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, porque la ejecución material corresponde al juez exhortado, en virtud de que el envío del exhorto solo constituye una solicitud de apoyo dictada en una fase previa a los actos propiamente de ejecución. Situación que aconteció para obtener la ejecución de la pensión alimenticia provisional decretada, que continuara subsistiendo con motivo de la improcedencia del recurso de reclamación planteado. Así las cosas y no existiendo acto de ejecución material en esta jurisdicción, que daría competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer de la controversia constitucional que se le plantea, se estima que es competente el juez en cuya jurisdicción se continua materializando el acto reclamado. En mérito de lo expuesto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto y; con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo en turno, con residencia en Pachuca de Soto. En tal virtud, se ordena remitir el expediente creado al Juzgado de Distrito en Turno de Pachuca de Soto, Hidalgo, a quien se estima competente, y desde luego, se encuentra en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Cuaderno de Antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al homólogo federal de la aludida ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, por medio de la oficina de correspondencia común, para que determine lo conducente, solicitando el acuse de recibo. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Donato Hernández Hernández por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Jorge Martínez Gutiérrez, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 23/06/2023, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O SENTENCIA DICTADO (A) EN EL JUICIO DE AMPARO INDICADO EN EL REFERIDO CITATORIO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto y; con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo en turno, con residencia en Pachuca de Soto... se ordena remitir el expediente creado al Juzgado de Distrito en Turno de Pachuca de Soto, Hidalgo, a quien se estima competente, y desde luego, se encuentra en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Cuaderno de Antecedentes..., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ; SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE LA ACTUARÍA COPIA SIMPLE DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano