Demetrio Marcelino Isabel
Expediente 1195/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2023
Partes del expediente
- Demetrio Marcelino Isabel
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el citado proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en el archivo de trámite. En términos del artículo 14, fracción III, y 20, fracción IV del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, el quejoso Demetrio Marcelino Isabel, desahoga la prevención realizada en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la parte quejosa y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte de las autoridades responsables de rendir completo el informe justificado en el juicio de amparo 1133/2022 del índice de este Juzgado de Distrito. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 1. El juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado de Mexicano sea parte (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II..La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones determinadas por una norma general. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal; asimismo, tiene el carácter de acto de autoridad aquél que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, Registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sentado lo anterior, se precisa que la naturaleza del acto reclamado no constituye uno de aquéllos que se consideran de autoridad, pues carece de los elementos necesarios para que así se le considere, en tanto, no trae aparejada ejecución alguna, y por sí mismo no crea, extingue ni modifica situaciones de hecho o derecho de manera unilateral, dado que, asumiendo la certeza de éste, por sí misma la omisión de rendir en forma completa el informe justificado dirigido al juicio de amparo 1133/2022, del índice de este Juzgado, no genera efecto jurídico alguno, ni es un acto investido del imperio del Estado para crear, extinguir o modificar circunstancias de hecho o derecho; particularidades que indefectiblemente conducen a determinar que no se trata de un acto unilateral a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica que afecta la esfera legal de aquél, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Razones por las que, no puede considerarse como un acto emanado de una relación de supra a subordinación, emitido por una autoridad en uso de las facultades Estatales provisto de imperio. Situación por la cual, es evidente que el acto reclamado no es materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser un acto de autoridad, por estar desprovisto del imperio del estado y no constituir, de suyo, uno de aquéllos que crean, extinguen o modifican situaciones de hecho o derecho de manera unilateral por parte de una autoridad. De esta manera, dado que se está frente a una causa manifiesta e indudable de improcedencia y al definirse la naturaleza del acto reclamado de las supuestas autoridades responsables, y por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación, procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ** por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1195/2023-IV. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el juzgado de Distrito debe examinar la misma y si de ese análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracciones IV, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda, entre otros, precisar el acto que se reclama, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y sabedor de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, realice lo siguiente: 1.- Establezca de manera clara y precisa el acto reclamado, toda vez que en el proemio de la demanda de amparo indica "(.) VENGO A SOLICITAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de las autoridades ordenadoras y responsables y en contra de la ejecución de la orden de aprehensión en contra del quejoso.", mientras que en al apartado correspondiente al acto que reclama, señala como éste el siguiente: "(.) señaló como acto reclamado LA OMISIÓN EN LA QUE INCURREN AL DAR SU INFORME JUSTIFICADO INCOMPLETO. De las autoridades señaladas como ejecutoras señalo como acto reclamado la EJECUCION DE LA ORDEN DE APREHENSION, que se ejecutó en mi contra, en fecha tres de agosto del año en curso."; y en el capítulo de suspensión refiere lo siguiente: "(.) Es procedente y así lo solicito se me conceda al SUSCRITO la SUSPENSIÓN PROVISIONAL y en su caso la DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO en los términos de los artículos 125, 126, 127, 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo y por lo tanto no surta sus efectos la ORDEN DE APREHENSIÓN." 1. Es decir, especifique si el acto que reclama lo es el informe justificado rendido en los autos del juicio de amparo 1133/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, o bien, la orden de aprehensión ejecutada en su contra el tres de agosto de dos mil veintitrés. 2. En caso de señalar como acto reclamado la orden de aprehensión citada, deberá precisar si es su deseo señalar como responsable al Juez de Control y Juicio del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, pues de las constancia electrónica que allega, se aprecia que fue dicha autoridad la emisora. 3. Haga una narración de los antecedentes, en específico lo relativo si ya ha sido puesto a disposición de autoridad jurisdiccional para resolver su situación jurisdicción, y en caso de ser así, el número de la causa, la autoridad ante la que se desahoga y el estado procesal. Lo anterior, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Es de citarse por su aplicación, la tesis XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda" Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En diversa guisa, toda vez que los estrados no están contemplados como un medio de comunicación procesal entre las partes por la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista que se publica en el local de este Juzgado de Distrito. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado y se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las diversas personas que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a la parte quejosa que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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