Demetrio Juaristi Mendoza
Expediente 179/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2018
Partes del expediente
- Demetrio Juaristi Mendoza
Actuaciones
- Principal
DESAHOGA PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso ***** a través del cual desahoga la prevención que le fue realizada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. De igual manera, intégrese al sumario el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en el referido proveído. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar cuando del contexto de la demanda se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del análisis en su contexto de la demanda, así como de los documentos que se acompañen a ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres, sostenida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, en Materia Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, que cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Al respecto, conviene señalar lo estipulado en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir en "La omisión de determinar el cierre de instrucción y en consecuencia, el dictado de Laudo dentro de los autos de los procedimientos laborales identificados con los números 774/2014/1 y acumulados 782/2014/1 y 783/2014/1 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje". ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los hechos o abstenciones que refiere la quejosa en el capítulo correspondiente de su demanda de amparo. Que el hoy quejoso demandó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, diversas prestaciones de naturaleza laboral, juicio que se radicó bajo el número 774/2014/1 y acumulados 782/2014/1 y 783/2014/1. Seguido por su cauce legal dicho procedimiento, se llevó a cabo la audiencia trifásica, ratificándose la demanda y siendo contestada la misma, e inclusive, se ofrecieron las pruebas relativas. Una vez que los medios de prueba ofertados por las partes fueron admitidos por la responsable, se llevó a cabo el desahogo de dichos medios de prueba, y se paso a la fase de alegatos. Que a pesar de lo anterior y que el cierre de pruebas debe decretarse de oficio, al término de los alegatos, la responsable ha omitido decretar el cierre de instrucción y por ende, dilatara injustificadamente el dictado del laudo. Siendo dicha situación lo que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo. Así, como ya se dijo, el máximo Tribunal aclaró lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, al establecer que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De modo tal que, lo sustentado por el Alto Tribunal, se aprecia en dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando la parte quejosa (como en el caso) se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1o., 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular. En efecto, el hecho de que a la fecha, no se haya decretado el cierre de instrucción dentro del juicio laboral de origen, no ocasiona una dilación como lo dice la parte impetrante, esto es, que el asunto no se encuentra paralizado en su totalidad. Se estima así, porque del oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que el diecinueve de febrero en curso, en el juicio de origen, se dictó un acuerdo respecto al escrito presentado en oficialía de partes de fecha quince del citado mes y año, suscrito por la apoderada legal del instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante el cual, exhibió como pruebas supervenientes: copias certificadas de las sentencias recaídas en los expedientes TEEQ-JLE-9/2017 y TEEQ-JLE-10/2017 seguidos por Gabriela Benites Doncel y Jesús Uribe Cabrera, respectivamente, ambos en contra del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de los cuales se ordenó dar vista a la parte actora, aquí quejoso DEMETRIO JUARISTI MENDOZA y otros, para que en el término de tres días se manifiesten respecto al contenido de las documentales que exhibe la parte demandada como supervenientes, ello con fundamento en el artículo 881 de la Ley Federal del Trabajo y hecho que así sea, se dijo que se acordaría lo conducente en relación al cierre de instrucción y el respectivo laudo, por lo que se evidencia que el asunto no está detenido, e inclusive, se puede observar que el procedimiento no está en etapa de cerrar instrucción debido a las pruebas supervenientes referidas. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción número 2ª. J 48/2016, con registro 2011580, que sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." A mayor abundamiento, no pronunciarse respecto del cierre de instrucción a virtud de las pruebas supervenientes ofrecidas no redunda en una dilación abierta, ni ocasiona perjuicio de imposible reparación a la aquí quejosa, sino solamente afecta derechos adjetivos o procesales, de ahí entonces que por el momento, el acto aquí reclamado no invada su esfera jurídica en modo alguno. Así, al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.....iv np
- Principal
. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por ********************por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80 y 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, comuníquese a las partes el presente proveído para los efectos legales consiguientes, acompañándoles copia del escrito de agravios y en su oportunidad, remítanse los presentes autos a la autoridad competente para la substanciación del recurso interpuesto, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias....I
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