Demetrio Hernández García

Expediente 151/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
151/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2017

Partes del expediente

  • Demetrio Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y certificación secretarial, se desprende que feneció el plazo de diez días, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional; consecuentemente,se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo del expediente. Archívese el presente juicio como definitivamente concluido, el cual es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la intervención ministerial número 92/2017, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Agréguese a sus autos la intervención ministerial de mérito, sin que haya lugar a tomarla en consideración, toda vez que en auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya lugar a remitirle las copias de la resolución que indica, porque mediante el oficio 3610/2017, se le notificó dicha determinación; lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos los oficios de la Presidenta de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y el Actuario adscrito, la primera de los mencionados lo hace por sí y en representación del órgano colegiado que preside. Téngase por rendidos los informes justificados de las autoridades de referencia y por recibida la copia certificada que se anexa al segundo ocurso en mención. Ahora bien, del contenido de los oficios remitidos por las responsables, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto, por las siguientes consideraciones. Una vez analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, se advierte que se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su Presidenta y Actuario adscrito, consistentes en: La omisión de emitir resolución incidental de personalidad en el expediente laboral 452/2015. La omisión de notificar a las partes la resolución que recayera al incidente de personalidad. Ello es así, pues de un análisis integral efectuado al escrito de demanda, se advierte que la parte promovente se duele de que las autoridades adscritas a la Junta responsable no han cumplido con los términos que establecen los artículos 771, 837 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, para tramitar el procedimiento laboral, pues no se había emitido la resolución correspondiente al incidente de personalidad. La Presidenta de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación del órgano colegiado que preside, remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente de falta de personalidad de uno de febrero de dos mil diecisiete, tramitado en el juicio laboral de origen, documental a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es patente que respecto del acto reclamado, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto materia del reclamo constitucional, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Esto es, la cesación de los efectos del acto reclamado se produce cuando la propia autoridad responsable, mediante un acto posterior, lo revoca, deroga o nulifica dentro de una sucesión de etapas procesales, constituyendo una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese efectuado. Por ende, resulta indudable que si en el presente juicio de amparo uno de los actos reclamados consistió en la omisión de emitir resolución incidental de personalidad en el juicio laboral de origen y el uno de febrero de dos mil diecisiete, la junta responsable dictó la misma, se concluye que la referida autoridad restituyó las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada. Por tanto, debe considerarse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho humano violado, puesto que las cosas han retornado al estado que guardaban antes de la alegada violación de derechos, al cesar los efectos del acto reclamado, consiguiéndose con ello la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo. Por lo cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto en comento, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, no se soslaya que la parte quejosa reclame del Actuario adscrito a la Junta responsable la falta de notificación de la resolución dictada en el incidente de falta de personalidad, por lo que en primera instancia conviene precisar que para estar en aptitud de analizar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén las facultades de la autoridad responsable, para verificar si en realidad está obligada a realizar la conducta que se pretende, es decir, es necesario identificar si existe obligación jurídica de la autoridad de actuar en la forma que el quejoso indica, al momento de la presentación de la demanda, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En el caso, resulta evidente que el Actuario adscrito a la Junta responsable está obligado a realizar las notificaciones de las resoluciones dictadas en los procedimientos laborales; sin embargo, tal obligación surge en el momento en que se dicte la determinación respectiva y se ordena al fedatario darla a conocer a los interesados, pues ante la inexistencia de esa determinación es patente que no hay obligación alguna de obrar en ese sentido. En ese sentido, de la revisión de la copia certificada que remitió la Presidenta responsable, se advierte que la mencionada responsable ordenó notificar a las partes bajo las consideraciones expuestas en dicha resolución, el uno de febrero de dos mil diecisiete, en que emitió la resolución relativa al incidente de personalidad planteado en el juicio laboral de origen. Por tal motivo, es inexistente la omisión de notificar a las partes la resolución recaída en el incidente de personalidad tramitado en el juicio laboral de origen. Lo anterior, porque al momento de la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México (veintisiete de enero de dos mil diecisiete), dicha resolución no existía; luego, tomando en consideración que la existencia de los actos se fija en relación con la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es claro que a esa data, la notificación reclamada era existente, y por tanto, aún no nacía la obligación de la responsable enjuiciada de efectuar dicho acto procesal de notificación. Ahora, si bien la fedataria aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe con justificación, lo cierto es que tal aceptación queda desvirtuada con las anteriores consideraciones; pues no puede ser cierto algo que no existía al momento de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de dicho acto; en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden, es patente que a nada practico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la inexistencia de la omisión de notificar la resolución incidental de personalidad referida, toda vez que la misma no existía a la fecha de presentación de la demanda; por lo que, en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime, que el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en la que se apoya esta determinación, establece que procede el sobreseimiento cuando "De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional", lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aun antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, de las constancias aportadas por la autoridad claramente se prueba que la omisión apuntada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra del acto de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su Presidente y Actuario de su adscripción. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 151/2017-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se admite a trámite contra actos de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su Presidente y Actuario de su adscripción. Sin integrar el incidente de suspensión por no existir solicitud expresa. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el local de este Juzgado. Se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban los oficios en que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Atento al contexto en que se encuentra inmersa la litis constitucional -en razón de que la parte quejosa se duele de una omisión-, para priorizar la pronta integración y resolución del presente asunto, así como para facilitar la eficacia de una eventual sentencia protectora, no se designará como tercero interesado a la contraparte del quejoso en el juicio primario, porque se considera que no tiene interés opuesto a éste (elemento que caracteriza la designación del tercero interesado), es decir, en que subsista dicha omisión y que por ello fuera necesario emplazarla a juicio para aportar pruebas respecto de la constitucionalidad de la omisión aquí reclamada; por el contrario, tiene el mismo interés de la parte quejosa en que concluya el procedimiento del juicio a la brevedad, debido a que el derecho a un juicio natural rápido atañe a ambas partes, pues como ya se precisó, se privilegia la impartición de justicia pronta y el respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 Constitucional. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que le corresponde. Se tiene por anunciadas las pruebas que propone la parte quejosa en los numerales I y II, consistentes en la instrumental de actuaciones la cual vincula con el expediente laboral de origen y la presuncional en su doble aspecto; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional, donde se proveerá sobre su admisión y desahogo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas que refiere, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.

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