Demetrio Felipe Lucio

Expediente 1107/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1107/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Demetrio Felipe Lucio

Actuaciones

  1. Principal

    ... Causa Estado. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo (artículo 21, fracción d) del acuerdo en cita). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, y una vez que transcurra dicho término contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. ...

  2. Principal

    ...Notifíquese.

  3. Principal

    IV) CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. (...) RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Demetrio Felipe Lucio, en su carácter de apoderado legal de Francisca Estrada Estrada, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1107/2021-IV. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el arábigo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. ??????????????? En el caso, el quejoso reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, la abierta dilación en que ha incurrido en la etapa de ejecución del convenio celebrado en el juicio laboral 1223/2005, al no vigilar o requerir el cumplimiento e imponer medidas de apremio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por no cumplimentar en sus términos el oficio TECA400E- 437/2021, el cual fue recepcionado el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Y, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la omisión de proporcionar información en cumplimiento al oficio TECA 400E-437/2021. Ahora bien, respecto al acto reclamado atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se dice que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se tratan de violaciones de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Criterio anterior que dio origen a la diversa 2a./J. 33/2019 (10a.), donde la citada Sala del máximo Tribunal estimó que resultaría difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecer de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que debía complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determinara que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procedía cuando transcurrieran más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, lo anterior, si se tomaba en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. (...) Cabe precisar que si bien es cierto dicho criterio analiza el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que la ley burocrática aplicable al caso concreto, no establece un plazo para que se dicten las resoluciones cuando se reciban promociones por escrito, es por ello, que se tiene que acudir a la supletoriedad de la ley, en términos del artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, por ende, que se estime aplicable al presente asunto. Por otra parte, es de destacarse que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, estable que los Tribunales gozarán de cuarenta y ocho horas para acordar las promociones que reciban por escrito. "Artículo 838.-El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De ahí que, si en el expediente de origen, el quejoso presentó por escrito una promoción ante el Tribunal responsable, el cual fue acordado y derivado de éste giró el oficio TECA400E-437/2021, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misiva que fue recibida por ésta el ocho de octubre del año en curso. Luego, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que se menciona en el criterio jurisprudencial ya reproducido, transcurrirá del nueve de octubre al veintidós de noviembre de los actuales, por lo que a la fecha está corriendo el plazo de mérito. Lo anterior, pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintinueve de octubre de dos mil veintiuno -, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Entonces, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio biinstancial procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; por ende, es evidente, que la omisión reclamada, no trae como consecuencia se haya inobservado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el debido proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza (actos omisivos), es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; máxime que en el caso este Juzgador no advierte del contenido de la demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo. Y, respecto al acto atribuido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en la omisión de proporcionar información en cumplimiento al oficio TECA 400E-437/2021, se estima que en el caso se actualiza la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 1 y 5, fracción II. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario precisar que las autoridades son todos aquellos órganos o dependencias dotados de imperatividad y coercitividad, cuyo propósito es establecer, regular y limitar, las relaciones sociales a través de la creación de exigencias y obligaciones mutuas y necesarias como elemento indispensable para mantener el estado de derecho a través de un poder superior a la voluntad de cada individuo, cuya fuerza obligatoria debe estar garantizado a través de entes oficiales que adquieren la calidad de autoridades. A su vez, la actividad de las autoridades debe también delimitarse con el objeto de evitar los abusos de poder en perjuicio de los derechos de los gobernados y para ello nuestro sistema legal cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios determinados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester destacar e insistir en que los actos de autoridad, tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, lo primero, porque no necesitan de la aprobación del gobernado, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y, lo segundo, porque su inobservancia da lugar a la imposición de alguna sanción prevista en la ley; entonces la relación que en la especie se surte es de supra a subordinación, es decir, surge entre dos personas ubicadas en posiciones distintas. Al respecto cabe señalar que cuando la relación que se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aunque uno sea ente oficial (autoridad), jurídicamente se están en presencia de una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada y, por ende, sujeta al derecho privado. En efecto, en el supuesto que antecede, los Órganos del Estado adquieren también la calidad de particulares, dado que no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado, por tanto, cuando celebran con el particular algún contrato determinado, con condiciones y beneficios mutuos, es decir, que concurre un acuerdo de voluntades entre estos, desde luego que está sujeta a observar las disposiciones de ley aplicables en dicho convenio y al ser así, tienen iguales cargas y prerrogativas como particular, lo cual hace que la autoridad en esta situación pierda su calidad y adquiera la de un gobernado. ?????????????? Ahora bien, si la autoridad no despliega en sus relaciones con el gobernado actos imperativos y coercitivos, para efectos del juicio de amparo tampoco puede estimarse que actúe en carácter de autoridad en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en todo caso su conducta es a consecuencia de una relación de coordinación o de supraordinación. (...) De lo anterior, se evidencia que el acto del cual se duele la parte promovente del amparo, no es de aquellos a que se refiere la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, pues la autoridad señalada como responsable en su escrito de demanda, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio biinstancial, porque de conformidad con lo preceptuado en la fracción II del numeral 5º de la citada ley, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, esto es, cuando sus actos se encuentran revestidos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo que en el caso no acontece. Lo anterior es así, atendiendo a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actúa en auxilio del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y éste tiene sus propios mecanismos para hacer valer sus determinaciones. Se afirma que la omisión que se reclama no se encuentra matizada de las características que distinguen a los actos de autoridad que la doctrina ha definido, es decir, unilateralidad, imperatividad y coercitividad, tomando en consideración que en el procedimiento de ejecución como se dijo la Comisión aludida actúa en auxilio del Tribunal responsable. En esas condiciones, el juicio de amparo es improcedente, pues de conformidad con lo previsto por el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, en el caso, según se precisó, la responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. (...) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve Demetrio Felipe Lucio, en su carácter de apoderado legal de Francisca Estrada Estrada. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así manifestarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE FÍSICO CON EL ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese la presente determinación por medio de lista que se realiza mediante la publicación en Internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese.

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