Demetrio Alberto Zamora Peña

Expediente 101/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
101/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
07/04/2016

Partes del expediente

  • Demetrio Alberto Zamora Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, siete de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de catorce de marzo del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ¬DEMETRIO ALBERTO ZAMORA PEÑA, respecto de los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintidós de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, aún no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la sentencia que se le comunicó; Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintidós de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la copia del oficio 400-53-00-01-00-2016-0521, firmado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "2", con sede en esta ciudad, mediante el cual remite al Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2", los oficios 69089/2015, y 72682/2015, dirigidos al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la ciudad de México, toda vez que el domicilio fiscal de dicho deudor se encuentra dentro de la circunscripción territorial de esa Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "2". Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se celebró a las once horas con veintiocho minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, lo cual puso fin a la secuela procesal del juicio de amparo; motivo por el cual, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para hacer pronunciamiento alguno respecto al contenido del escrito de cuenta; en consecuencia, este órgano jurisdiccional reserva proveer en relación al mismo hasta en tanto se dicte la sentencia respectiva en este juicio de derechos humanos. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis IV.2o C.48 K, visible a página 1678, Tomo XXVI, Diciembre 2007, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." NOTIFÍQUESE.

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