Demetria Ramos Santiago o Demetria Ramos de Pacheco

Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
908/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Demetria Ramos Santiago o Demetria Ramos de Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 908/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que este juzgado le remitió a) el expediente electrónico de este juicio de amparo, b) el expediente original del juicio ordinario civil ******************** del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y dos tomos de pruebas y el expediente original del toca civil ******************** de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como c) el escrito original en el que se interpuso el recurso y expresó agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veinticinco de septiembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo. Además, informa que dicho tribunal admitió a trámite el medio de impugnación citado y lo radicó con el recurso de queja ********************; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 908/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Remisión al Tribunal de Alzada. Visto el estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa quedó notificada el diez de octubre del año en curso del acuerdo de seis de octubre de este año, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja contra la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En esas condiciones, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de seis de octubre de este año, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación de ese medio de impugnación: a) el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación de ese medio de impugnación, b) el expediente electrónico de este asunto, c) el expediente original del juicio ordinario civil ********** del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y dos tomos de pruebas y el expediente original del toca civil ********* de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como d) el escrito original en el que la parte quejosa interpuso el citado recurso y expresó agravios; sin que se estime necesario enviar el expediente físico. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este asunto a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 908/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Interpone queja. Agréguese el escrito firmado por *************, mediante el cual exhibe escrito en el que interpone recurso de queja y expresa agravios; en esas condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de veinticinco de septiembre de esta anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley antes invocada, una vez notificada la parte quejosa de este proveído, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al cual se adjuntará: a) el escrito original en el que la parte quejosa interpuso el citado recurso y expresó agravios, así como b) el expediente electrónico del asunto en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación de ese medio de impugnación. Sin que sea necesario dar vista por el plazo de tres días a la parte quejosa para que señale las constancias necesarias que deberán remitirse al Tribunal de Alzada; en razón de que se enviará el expediente electrónico del asunto en que se actúa; ello, a efecto de no retardar la tramitación del recurso de queja. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 908/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recibido el veintiuno de septiembre de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado el veintidós de septiembre siguiente, al que acompaña: 1) el expediente de amparo directo 433/2023, de su estadística, promovida por ***** o ******, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que reclama actos que vulneran derechos fundamentales como es el de igualdad ante la ley; 2) el expediente original del juicio ordinario civil ***** del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y dos tomos de pruebas; y 3) el expediente original del toca civil **** de la Segunda Sala Civil; acúsese recibo al Tribunal de Alzada. Ahora, del contenido de la determinación dictada el diecinueve de septiembre de este año, en el amparo directo 433/2023, que remite el tribunal de alzada, se advierte que el referido tribunal determinó carecer de competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ***** o *****, toda vez que concluyó que la resolución reclamada de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 26/2023, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, no es una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio y, por ende, no satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo; razón por la cual declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, para el conocimiento de la demanda en la vía indirecta. Por las razones expuestas por el Tribunal de Alzada, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, se asume la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, fórmese el expediente 908/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario); numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . .. . . (.)". En ese sentido, conforme al primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De acuerdo al segundo de los citados numerales, el juicio de amparo indirecto, procede contra actos dictados dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación, por los cuales debe entenderse aquellos que de manera inmediata lesionen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe considerarse a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales. En ese sentido, los actos procesales que no afectan derechos sustantivos no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este último caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 26/2023, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la cual confirmó la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 104/2021 por el juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. En la sentencia de primera instancia el juez determinó que en el juicio natural 1) se actualizaba la figura de litisconsorcio pasivo necesario, por ello no entró al estudio de fondo del asunto y ordenó 2) requerir a la parte actora para que en el plazo de nueve días ampliara la demanda contra el albacea de la sucesión de Reynaldo Pacheco Ramos, debiendo señalar domicilio para emplazarlo a juicio. Determinación que, se considera, no es un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros; por tanto, si la resolución impugnada tiene como efecto el llamamiento al juicio de un interesado y con ello, la continuación del proceso de origen sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa. De ahí que el hecho de que se haya resuelto que se actualizó la figura de litisconsorcio pasivo necesario, y se ordenó requerir a la parte actora para que en el plazo de nueve días ampliara la demanda contra el albacea de la sucesión de Reynaldo Pacheco Ramos, a fin de que sea llamado como parte, aun y cuando implique que se siga el juicio por las diversas etapas para dictar sentencia definitiva, no vulnera derecho fundamental alguno a la parte quejosa, pues basta recordar que la tramitación de un juicio no es considerada de imposible reparación, ya que es la manera en que las partes pueden dirimir sus controversias a la luz del artículo 17 constitucional; en consecuencia, sólo tiene relevancia, en la expectativa procesal (que no en un derecho adquirido), de la parte quejosa, de obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo que, inclusive, puede obtener, dada las amplias posibilidades que, conforme a la ley aplicable al juicio de origen, pueden llegarse a demostrar los elementos de una acción o de una excepción. Aunado a que la sentencia que emitió la Sala responsable, no contiene condena alguna contra la quejosa, por lo que, en este aspecto, tampoco se le genera una afectación a un derecho sustantivo, lo que revela que, se insiste, los aspectos en que incide la decisión que constituye el acto reclamado son única y exclusivamente de índole procesal o formal. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En la inteligencia que no se le afecta un derecho fundamental en relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas por las diversas partes, dado que ello se traduce en una afectación procesal que no incide el algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues será, en su caso, hasta que se dicte la sentencia conducente cuando se pudiera advertir alguna afectación a sus derechos que trascendió al sentido del fallo. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Asimismo, cabe precisar que no se inobservó el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia precitada resulta inaplicable, ya que para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y, no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecía dicha jurisprudencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, Materia Común, registro 2006338, del rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". Así como la jurisprudencia 1a./J. 47/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 125, Materia Civil, registro 174230, de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme a los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento está obligado a mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en términos del último numeral, los efectos son reponer el procedimiento a fin de que el Juez de primer grado prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional." De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por improcedente la demanda de amparo. 3.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda. 5. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios de ese numeral, a los licenciados: Jessie Anthony Ramírez López (cédula profesional 6872009), Maetzi Cruz Aguilar (cédula profesional 12851702) y Jorge Iván Díaz Villanueva (cédula profesional 11899234), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas. Asimismo, por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que cita, por así solicitarlo expresamente. 6. Autorización para la consulta de expediente electónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de "ABOGADO-JESSIE", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 7. Uso de medios electrónicos. Por lo que hace a la petición que formula la parte quejosa sobre autorizarle usar aparatos electrónicos; hágase de su conocimiento que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente; por ello, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes y, así, a través del usuario autorizado para ello, la parte promovente estará en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requiera; como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que dispone: "Artículo 36. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. (.)" 8. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que, en su momento, integre la resolución que se llegue a dictar, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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