Demecia Villareal Gútierrez

Expediente 1391/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1391/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Demecia Villareal Gútierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Suspensión de labores. Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las Circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó suspender en su totalidad las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en suma, del diecinueve de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichas circulares; por lo que, en dicho período no corrieron los plazos ni se realizaron actuaciones judiciales. Reanudación de los asuntos jurisdiccionales. Ahora, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, para dar continuación al trámite del presente juicio de amparo bajo las condiciones y reglas establecidas en los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020, 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó en el asunto en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIO´N, DEPURACIO´N, DESTRUCCIO´N, DIGITALIZACIO´N, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS O´RGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo; consecuentemente, es susceptible de destruirse, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenara´ el archivo del asunto, deberá´ realizarse su destrucción, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la caratula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1391/2020... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por *, contra el acto que reclamó al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Procédase en los términos indicados en la última de las consideraciones. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a once de diciembre de dos mil veinte. Confirma sentencia. Visto el oficio y anexos, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 797/2019, un cuaderno de pruebas y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada en la revisión principal 126/2019, del índice de la Superioridad oficiante, de la que se advierte que dentro del aludido recurso de revisión, se resolvió: "PRIMERO. Es infundado el incidente de falsedad de firma promovido por *. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el juicio de amparo indirecto 797/2019 en que se concedió el amparo. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva." Anotaciones. Hágase saber tal circunstancia a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste y acúsese recibo. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 1613/2011-H de su índice, desde el emplazamiento practicado al quejoso *, el veinticinco de mayo de dos mil doce y, sus consecuencias." Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento a la autoridad responsable. En razón de lo anterior, y en estricto acatamiento a lo expuesto por el tribunal de alzada, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo improrrogable de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 258 de dicha legislación, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 mencionado, se invita a las partes transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se invita a las partes proporcionen formas de contacto, como correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea, tanto de la parte promovente como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuáles se puedan establecer comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; en el entendido que dicho tipo de comunicación, no es equivalente al de una notificación personal, sino solo un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    En Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con dieciocho minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 478/2020, José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario da lectura a la demanda de amparo y procede a relacionar las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "Octava Época Registro: 206494 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 185 PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Amparo en revisión 1545/89. Celia Terrazas Quintana. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García." A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. A continuación, se abre el periodo probatorio; el secretario da cuenta al Juez con las documentales que obran en autos; al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas antes descritas en razón de su propia naturaleza; y al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Luego, se abre el periodo de alegatos; el secretario da cuenta que ninguna de las partes los hizo valer. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes para formularlos; por lo que, se da por cerrado el presente periodo. Con lo anterior se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, por lo que el Juez de Distrito procede a dictar la sentencia que corresponde. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 478/2019, promovido por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, contra el acto de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, a través de sus apoderados especiales ..., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la autoridad siguiente: Autoridad responsable: Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Acto reclamado: La resolución de treinta de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 294/2013/11-D-A. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de doce de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda propuesta, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción y emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: A. Resolución de treinta de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 294/2013/11-D-A, a través de la cual se resolvió la planilla de liquidación de las cantidades laudadas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las copias certificadas aportadas por dicha responsable en apoyo a su informe con justificación, así como las allegadas por dicha autoridad en atención al requerimiento formulado en autos, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. I. Oportunidad de la demanda. La resolución reclamada se notificó a la parte quejosa, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, sin que exista prueba en contrario, por lo que, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinte de febrero al once de marzo de dos mil veinte, pues se descontaron por ser inhábiles los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno, siete y ocho de marzo, todos de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 19 de la ley de la materia. Por tanto, la presentación de la demanda es oportuna, ya que ocurrió el diez de marzo de la anualidad que transcurre. II. No se actualiza causa de sobreseimiento. En virtud de que las partes no manifestaron la actualización de alguna causa de sobreseimiento ni este juzgador la advierte de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del presente asunto. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente procedimiento se centra en determinar si la resolución destacada de treinta de enero de dos mil veinte, es congruente o no y por ende, transgrede derechos fundamentales de la parte quejosa. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del procedimiento natural, allegadas por la autoridad responsable, en los términos siguientes: El doce de mayo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 310/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del tercer Circuito, se dictó laudo en el juicio 294/2013/11-D, a través del cual, en lo que interesa, condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, mismo que fue aprobado el dieciocho de mayo siguiente. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de laudo, el treinta de enero de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 1562/2019, de la estadística de este órgano de control constitucional, se resolvió la planilla de liquidación de las cantidades laudadas (resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia). III. Conceptos de violación. La parte quejosa alude, de forma medular, que se violó, en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: La resolución es incongruente en virtud que cuantifica a partir de un lado que no se encuentra vigente (veinte de enero de dos mil dieciséis), pues de actuaciones se desprende que fue impugnado mediante amparo directo 310/2016, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, el cual quedó sin efectos y en su lugar, se emitió el diverso de doce de mayo de dos mil diecisiete, el cual se debe tomar en cuenta para cuantificar las cantidades laudadas. La responsable en los resultandos "I" y "II" y su proposición primera señala que se trata de la Décimo Onceava Junta, la cual se trata de una junta inexistente y ajena a la responsable. En el considerando "III", se precisó que quien promueve es el apoderado especial del actor Filemón Ortega Pinales, no obstante, quien planteó el incidente de liquidación fue el trabajador actor Carlos Ary Legaspi López. En la proposición tercera se señala que a quien se debe pagar el monto de cuantificación es al trabajador actor Filemón Ortega Pinales. La responsable determinó que por conceptos de salarios vencidos se debe de pagar el monto equivalente a doce meses, esto es, $393,382.80 (trescientos noventa y tres mil trescientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), no obstante, el monto correcto es por la cantidad de $337,643.52 (trescientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 52/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar doce meses por el salario quincenal de $14,068.48 (catorce mil sesenta y ocho pesos 48/100 moneda nacional), que quedó acreditado en autos. La Ley Federal del Trabajo respecto del pago de los salarios, no señala que se deban de calcular con los incrementos que deba sufrir el salario, por lo que con base al principio de derecho que establece que donde la legislación no distingue el juzgador tampoco lo debe hacerlo. V. Decisión sobre la litis constitucional. Los conceptos de violación, son insuficientes, como se verá enseguida. El estudio de los conceptos de violación, por cuestión de técnica, se hará, por un lado, de manera conjunta; y, por otro, de manera individual; sin que tal circunstancia irrogue perjuicio a la impetrante, ya que el artículo 76 de la Ley de Amparo establece como condición que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Es de invocarse en este sentido, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 167961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/304 Página: 1677 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En el primer concepto de violación la parte quejosa aduce, en síntesis, que la resolución es incongruente en virtud que cuantifica a partir de un lado que no se encuentra vigente (veinte de enero de dos mil dieciséis), pues de actuaciones se desprende que fue impugnado mediante amparo directo 310/2016, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, el cual quedó sin efectos y en su lugar, se emitió el diverso de doce de mayo de dos mil diecisiete, el cual se debe tomar en cuenta para cuantificar las cantidades laudadas. Asimismo, en el segundo concepto de violación la parte quejosa refiere, en concreto, que la responsable en los resultandos "I" y "II" y su proposición primera señala que se trata de la Décimo Onceava Junta, la cual se trata de una junta inexistente y ajena a la responsable. Lo anterior, es fundado pero se torna inoperante, por las consideraciones siguientes. Se estima que son fundados los motivos de inconformidad reseñados, porque la autoridad responsable, en la resolución reclamada, en específico, en el resultando único, precisó que se condenó a la parte demandada, aquí quejosa, con base en el laudo aprobado el veinte de enero de dos mil dieciséis, además, señaló en los considerandos uno y dos, así como en la proposición primera, que la Junta competente en la Décima Onceava; sin embargo, esas circunstancias son inoperantes para conceder el amparo solicitado, porque dichas infracciones formales no pueden conducir a un cambio en el acto reclamado. Esto es así, porque aun cuando la autoridad responsable tomara en consideración lo alegado por la quejosa ello no sería suficiente para cambiar el criterio adoptado en la interlocutoria impugnada. En efecto, a pesar de que haya precisado un laudo el cual quedó sin efectos con motivo de la ejecutoria de amparo directo 310/2016, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, emitiéndose otro en su lugar, esto es, de data de doce de mayo de dos mil diecisiete, aprobado el dieciocho siguiente de ese mes, ello, por sí mismo, no tiene el efecto de desvirtuar las cuantificaciones realizadas por la responsable, pues las mismas, como se observa de la resolución reclamada, se ajustaron a la base del laudo condenatorio de doce de mayo de dos mil diecisiete, aprobado el dieciocho siguiente, como por ejemplo, que el salario base para el pago de las prestaciones a que fue condenada la demandada corresponde a $14,068.48 (catorce mil sesenta y ocho pesos 48/100 moneda nacional) quincenales, con los incrementos salariales correspondientes. Asimismo, el hecho de que se haya indicado en los considerandos uno y dos, así como en la proposición primera, la junta Décima Onceava, ello, por sí mismo, no tiene el efecto de desvirtuar la competencia de la autoridad emisora de la resolución reclamada, pues como se observa de la propia resolución, se señaló que quien resolvió fue la Junta Especial número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, autoridad que es la competente para conocer y resolver el incidente de liquidación propuesto, por ser quien conoció y substanció el juicio laboral de origen. Lo dicho pone de relieve lo inatendible de los argumentos en estudio, porque si se concediera el amparo para que se reparara las violaciones formales aducidas, al hacerlo la responsable tendría que percatarse de las consideraciones que se han expuesto, para desestimar las pretensiones de la parte quejosa, manteniendo así la parte considerativa en los términos que ahora se encuentra, sin que la concesión de la protección federal tuviera los efectos restitutorios inherentes a su naturaleza, por lo que en aras de la economía procesal debe, desde luego, considerarse inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: "Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Página: 114 Tesis: 170 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Por otra parte, en los conceptos de violación tercero y cuarto, la parte quejosa refiere, en esencia, que en el considerando "III", se precisó que quien promueve es el apoderado especial del actor Filemón Ortega Pinales, y en la proposición tercera se señala que a quien se debe pagar el monto de cuantificación es al trabajador actor Filemón Ortega Pinales, no obstante, quien planteó el incidente de liquidación fue el trabajador actor Carlos Ary Legaspi López. Lo anterior, es infundado, por lo siguiente. Ello es así, toda vez que la responsable en proveído veintiséis de febrero de dos mil veinte, resolvió la aclaración de la planilla de liquidación propuesta por la parte actora, aquí tercera interesada, determinado que en lo que importa lo siguiente: ".se asentó el nombre del C. Filemón Ortega Pinales como trabajador actor, debiendo ser lo correcto el nombre del trabajador actos de este juicio Carlos Ary Legaspi López, lo que se corrige, para todos los efectos legales correspondientes.". Así, como se ve, es inconcuso que tal aclaración de la resolución relativa a la planilla de liquidación, la cual forma parte de aquella, subsanó el nombre del trabajador, circunstancia que de ningún modo afecta derechos de la contraparte del solicitante, ahora quejosa, toda vez que no se estableció una condena o monto nuevo por cada concepto. Apoya lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 174244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Laboral Tesis: III.2o.T.185 L Página: 1488 INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE PUEDE CORREGIRSE MEDIANTE SU ACLARACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO RESPECTO DE ERRORES ARITMÉTICOS, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PRESCRITO EL DERECHO PARA EJECUTARLO. El error contenido en la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de laudo, derivado de la omisión de la responsable al sumar la totalidad de las cantidades respecto de las cuales ya había cuantificado la condena, es meramente aritmético y al no variar el sentido de la resolución puede corregirse en cualquier tiempo mediante la aclaración, siempre y cuando no prescriba el derecho para ejecutarlo, ya que no genera cosa juzgada al no existir controversia entre las partes. Lo anterior no afecta los derechos de la contraparte del solicitante, toda vez que no se establecería una condena o monto nuevo por cada concepto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 347/2005. José Bueno Torres. 19 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Abel Ascencio López.". En otro contexto, el quinto concepto de violación, en el cual, la parte quejosa aduce, en resumen, que la responsable determinó que por conceptos de salarios vencidos se debe de pagar el monto equivalente a doce meses, esto es, $393,382.80 (trescientos noventa y tres mil trescientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), no obstante, el monto correcto es por la cantidad de $337,643.52 (trescientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 52/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar doce meses por el salario quincenal de $14,068.48 (catorce mil sesenta y ocho pesos 48/100 moneda nacional), que quedó acreditado en autos. Lo anterior, es infundado, por lo siguiente. En efecto, la responsable al cuantificar los salarios vencidos, consideró el salario base que se fijó en el laudo de doce de mayo de dos mil diecisiete y aprobado el dieciocho siguiente, emitido en el juicio natural, como los incrementos salariales correspondientes, al efecto señaló lo siguiente: "(.) IV.- Con los elementos que del laudo se desprenden y con las manifestaciones vertidas por las partes, aún con sus omisiones, esta autoridad procede a resolver la cuantificación de laudo tomando al pie de la letra los términos del laudo aprobado por la Décima (sic) Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el (sic) Estado de Jalisco, dentro de los autos que integran el juicio laboral ordinario número 294/2013/11-D-A del índice de esta Junta Especial, deberá tomarse como base para el pago de las prestaciones a las que se ha condenado a la parte demandada la cantidad $16,390.95 pesos (dieciséis mil trescientos noventa pesos 95/100 M. N.) quincenales (cantidad que dio como resultado de los incrementos salariales de las anualidades 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017), mismos que al ser divididos entre quince días que tiene la quincena resulta la cantidad de $1,092.73 (mil noventa y dos pesos 73/100 M. N.) diarios. Por lo que esta autoridad procede a cuantificar el presente proyecto de laudo para quedar como a continuación. (.)". De ahí que, se considera que la resolución reclamada se ajustó a derecho, ya que tomó en cuenta un salario, más sus incrementos, a la luz del laudo condenatorio. Máxime, la parte quejosa no controvirtió la forma y monto del incremento del salario base para el cálculo de las prestaciones laudadas. Apoya lo anterior, por las razones que la contienen, la jurisprudencia siguiente: "Octava Época Registro: 207662 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 84, Diciembre de 1994 Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 50/94 Página: 26 SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION. La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el período que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción." (Lo resaltado y subrayado es de este juzgador). Finalmente, el sexto concepto de violación, en el que la parte quejosa señala, en específico, que la Ley Federal del Trabajo respecto del pago de los salarios, no señala que se deban de calcular con los incrementos que deba sufrir el salario, por lo que con base al principio de derecho que establece que donde la legislación no distingue el juzgador tampoco lo debe hacerlo. Lo anterior, es infundado, por lo siguiente. Ello es así, pues en el caso se está ante la actualización de la institución jurídica de la cosa juzgada se configura como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias (laudos) firmes, esto es, se trata de una institución en la que descansan los principios de certeza y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, al haberse negado el amparo y protección de la justifica federal en el amparo directo 593/2017, del índice de Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, promovido por la demandada, ahora quejosa, contra el laudo de doce de mayo de dos mil diecisiete, aprobado el dieciocho siguiente, emitido en el juicio de origen, quedó firme, en el que, entre otras cosas, se determinó, en lo que importa, en el considerando cuarto, lo siguiente: "(.) Siendo así procedente CONDENAR y se CONDENA a la demandada OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO a REINSTALAR al trabajador actor CARLOS ARY LEGASPI LÓPEZ en los mismo términos y condiciones en que venía laborando, esto es como JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), con un horario de labores de las 08:00 a las 16:00 de lunes a viernes, un salario de $14,068.48 quincenales, debiéndose respetar la antigüedad generada a partir del 01 de agosto de 2001, considerándose la misma ininterrumpida al ser procedente la reinstalación, así como a pagarle lo correspondiente a SALARIOS VENCIDOS, con los INCREMENTOS SALARIALES que se den durante el juicio, de conformidad a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.". De ahí que, la resolución reclamada atendió a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se basó en un laudo firme. Lo que permite concluir, que obró correctamente la responsable al cuantificar los incrementos que sufrió el salario base, el cual sirvió para cuantificar las cantidades laudadas. Corolario de lo anterior, la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, combatida en esta instancia constitucional, no acusa transgresión a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en la parte analizada. En consecuencia, al haber resultado insuficientes los conceptos de violación, y no advertir causa para suplir la queja, lo que se impone es negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra el acto de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

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