Delta Lemus Alarcón
Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Delta Lemus Alarcón
Actuaciones
- Principal
...se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo...se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO...archívese este expediente como concluido...
- Principal
... se advierte que mediante proveído de... se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no se proveyó respecto de los autorizados de la parte quejosa... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como sus autorizados... a *** debido a que cuentan con cédula profesional registrada...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del ***, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 177/2018. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece a la autoridad como parte en el juicio de amparo, la cual dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se advierte de lo anterior, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la Encargada de Recursos Humanos del ***, de dar contestación al escrito de diez de octubre de dos mil diecisiete signado por la parte quejosa mediante el cual solicitó una hoja única de servicios en relación con el periodo en el que laboró para el ***, con sede en esta ciudad. Asimismo, se advierte que la parte quejosa manifestó en el apartado relativo a los Antecedentes manifestó lo siguiente: La suscrita estuve trabajando para el ***. CONCLUSIÓN En ese sentido, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que en el caso, el acto que la promovente reclama no corresponde con un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que éste no deriva de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad y coordinación, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y el gobernado, lo cual se considera así, ya que la contestación al escrito de diez de octubre de dos mil diecisiete que la promovente reclama, se generó con motivo de la relación contractual que existía entre la parte quejosa con el ***; en ese sentido la problemática que existe relativa a la contestación del escrito referido puede ser resuelta, en su caso, a través de una solución en la vía administrativa, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia. No es óbice a lo anterior que el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir el acto que la quejosa reclama, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad competente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y el 5, fracción II, de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes
- Delfino Gallardo Solano351/2018
- Delfino Hernández García29/2018
- Delfred Lara Bejarano1015/2022
- Delia Aurora González Vargas y Otros.234/2017
- Delia Díaz Rebolledo565/2021
- Delia Vázquez Castillo1337/2016
- Demesio García Mendoza y Otros.512/2016
- Demetrio Castillo Trujillo1075/2021
- Demetrio García Martínez427/2017
- DEMETRIO HERNÁNDEZ PÉREZ y Otros.1315/2015
- Demetrio Raúl Martínez Ángeles1397/2015
- Demetrio Rodríguez Molina322/2019